Pese a la Corte, habrá probation en un caso de violencia de género

El tribunal entendió que su decisión respetaba la Convención de Belém do Pará y enfatizó que en la causa, con voluntad plena, la damnificada participó y manifestó su opinión sobre un aspecto de su existencia. [privado] El Tribunal Oral en lo Criminal Número 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se apartó del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativo a denegar la suspensión del juicio a prueba a imputados por delitos relacionados con violencia de género. Para resolver tuvo en cuenta la opinión de la víctima, quien aceptó el ofrecimiento del encartado, y concluyó que gozó de “una tutela judicial efectiva”. En su momento, en autos “Góngora” la Corte instó a que se rechazaran las solicitudes de probation en supuestos en los que hubiera mediado violencia de género, a fin de garantizarle a la víctima una tutela judicial efectiva, traducida en la idea de que hechos de aquella naturaleza deben debatirse en el juicio oral; ello así, con base en los postulados de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Belém do Pará). Amenazas Sin embargo, el tribunal, integrado por los jueces Eduardo Fernández, Patricia Llerena y Marta Yungano, dejó de lado esa doctrina y le concedió el beneficio a F.T., imputado por el delito de amenazas coactivas. En el fallo se reseñó que en la audiencia la presunta damnificada manifestó que no tenía inconveniente alguno en que se le concediera a F.T. la suspensión del juicio a prueba y que expresó que lo único que pretendía era que no se acercara ni a ella ni a sus hijos. Al tener presentes esas manifestaciones y el hecho de que el peticionante no tiene antecedentes, el fiscal no se opuso a la concesión de la probation. Tesis amplia Para resolver, el tribunal remitió a otro precedente de la Corte, “Acosta”, en el cual sostuvo la aplicación de la tesis amplia con relación al instituto analizado. Además, resaltó que el supuesto llevado a su coocimiento por el representante del Ministerio Público Fiscal le “dio el poder”’ (“empoderó”) a la presunta damnificada y “la puso en igualdad de condiciones” con el hombre involucrado para decidir por sí misma “la forma de solucionar el conflicto”. En esa inteligencia, recordó que del Preámbulo de la Convención Interamericana de Belém do Pará surge la preocupación porque “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. Así, estimó que, con su postura, se cumplía con el párrafo quinto de aquél, cuando establece que “la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida”, y enfatizó que en la causa, con voluntad plena, la presunta víctima participó y manifestó su opinión sobre un aspecto de su existencia. Paralelamente, plasmó que, incluso, la damnificada peticionó un tratamiento psicológico para el imputado, y concluyó que su acceso a la Justicia fue tutelado con efectividad en el caso. [/privado]

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