ESCUCHAREn pocos días más se tratará en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) un aumento tarifario de 10,56% solicitado por la empresa Aguas Cordobesas y posiblemente también se considere allí la aplicación de un cargo fijo de 18% a 393 mil usuarios residenciales para financiar la colocación de medidores en la ciudad capital, donde sólo 13,3% de los hogares tiene ese artefacto.
Mediante esta última medida se pretende bajar el nivel de consumo de las familias, puesto que durante los últimos meses se puso de manifiesto la dramática crisis hídrica que vive la provincia y que seguramente se mantendrá aún por algunos años, hasta que se realicen las obras y las planificaciones estructurales necesarias.
De acuerdo con la opinión del legislador provincial José Antonio Maiocco (del Bloque Unión Vecinal Federal), la imposición de un cargo fijo para colocar medidores “legitimará el incumplimiento del contrato original” por parte de la empresa prestataria del servicio, pues se trasladará a los usuarios el financiamiento de la colocación de los artefactos. En diálogo con Comercio y Justicia consideró, además, que -de aplicarse el cargo- habría que excluir a quienes ya pagaron y cuentan con su medidor y llamar a una licitación para que la competencia entre empresas permita reducir costos a los vecinos.
– A pocos días de la audiencia pública en que podría tratarse la aplicación de un cargo fijo para financiar medidores, ¿cuál son sus críticas a esta medida?
Todavía no hay una notificación formal de la audiencia pública, ni se sabe si el cargo fijo se va a tratar allí, pero ya se lanzó públicamente el tema. Nuestro bloque presentó un pedido de informe porque tenemos una serie de dudas: ¿qué va a pasar con aquella gente que ya pagó su medidor?; ¿esa gente lo va a abonar de nuevo a través de ese cargo de 18%?; ¿por cuánto tiempo se va a aplicar?
Pero de todas maneras el problema es más de fondo y radica en que, cuando se firmó el contrato en 1997, bajo la gobernación de Mestre, la empresa tenía la obligación de poner todos los medidores en cinco años y no los puso nunca. Más aún: a los seis meses mandó una nota al Gobierno pidiendo no ponerlos porque le parecía que no era necesario y le contestaron que no, que tenía la obligación de colocarlos. Y estamos hablando de la época de la convertibilidad, del uno a uno, es decir que no tenía la excusa de la devaluación. Sólo le podrían haber quedado pendientes de colocar en 2001 entre 30 mil o 40 mil medidores.
– En ese marco, ¿considera que la imposición de un cargo fijo para los medidores estaría dentro de lo contemplado en el contrato?
Lo que actualmente está haciendo la empresa está dentro del último contrato, porque éste señala que tiene la obligación de mantener lo que estaba a diciembre de 2005, pero todo lo nuevo que se haga será con subsidio del Gobierno o con aumento de tarifas. Lo que pasa es que la estafa se produjo cuando se cambió el contrato, con esa famosa adenda que se realizó en 2006. Eso se presentó como una modificación, pero en realidad era un nuevo contrato: cambió el cuadro tarifario, la ecuación económica, la forma de desarrollar el negocio –porque debían pagar dos nuevos cánones, pero se les estiraba el plazo para abonarlos–, se dispuso un canon fijo en pesos. <br /
