ESCUCHARDesde diferentes informes viene alertándose el creciente proceso de judicialización de la psiquiatría en el país. El último dato actualizado recogido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante el período 2004/2007 indicó que de las 25 mil personas que se encuentran internadas en instituciones psiquiátricas argentinas, la mayoría estaba por un proceso judicial. El alto nivel de personas derivadas por jueces civiles es, según el CELS, el resultado de una legislación que no cumple con los estándares internacionales
Roxana Amendolaro, coordinadora del Programa de Salud Mental del mencionado centro, habló del tema en las “Jornadas por una ley provincial de Salud Mental”, que tuvieron lugar -el pasado viernes y sábado- con la participación de entes gubernamentales, instituciones psiquiátricas y colegios profesionales de Córdoba.
Allí, la psicóloga hizo hincapié en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, el pasado 21 de mayo, fue ratificada por el Congreso de la Nación y que compromete a los Estados adherentes a adoptar todas las legislaciones necesarias para su cumplimiento.
La convención enfatiza en su espíritu el cambio de paradigma del modelo médico al modelo social y de derechos humanos. Tan es así, que en su artículo 12 propone que para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en pie de igualdad con las demás en todos los aspectos de la vida, el Estado provea a la misma de las formas de apoyo que ésta necesite en cada caso.
“Esta Convención reivindica la necesidad de que las personas con discapacidad (tanto física como mental) estén involucradas directamente en todas las cuestiones que los involucre y ellos lo dicen con un lema muy claro: ‘Nada sobre nosotros sin nosotros”, disparó Amendolaro.
A ello, agregó: “Hoy las personas institucionalizadas no están siendo contempladas como sujetos de derechos; son privadas de su libertad”.
– ¿Qué proponen desde el CELS para revertir esta situación?
– Para que se reconozcan esos derechos hay que remover obstáculos. Con esto me refiero a que el Código Civil requiere una modificación con respecto de las personas con discapacidad mental, que hoy pueden ser internadas por motivos tan vagos como ‘afectar la tranquilidad pública por daños a sí o a terceros’, hasta ‘por adicciones’, entre los causales que señala la norma.
Los pacientes que se transforman en crónicos son, generalmente, los judicializados por adicciones, todo indica que esa causal habilita una puerta de entrada muy grande para llevar a la institucionalización.
Otro punto que hay que considerar es la ausencia de una Ley de Salud Mental. En el caso de Córdoba es bueno que se debata por una ley provincial, pero hay que recalcar que con una ley no llevamos a cabo la reforma, por eso es importante que todos los sectores de una sociedad se involucren.
– ¿Qué instrumentos podrían ayudar a desinstitucionalizar a los judicializados?
– Debería existir una revisión periódica e independiente, que revea la situación de las personas que están internadas. Además, deberían contar con un defensor de las personas con trastornos psiquiátricos detenidas en este tipo de establecimientos, figura que debería establecerse en la órbita del Ministerio Público.
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