ESCUCHARCada organización que realice un balance social del impacto de sus acciones en la comunidad recibirá una certificación de la organización que las agrupa en el ámbito nacional. Es la primera iniciativa en su tipo
Por Javier De Pascuale – [email protected]
La corrupción empresarial e institucional ya estaba en la agenda política argentina y el estallido de la causa de “los cuadernos de la corrupción” terminó de consolidar la cuestión como “el factor” que posiblemente determinará el futuro político del país para los próximos años, o por lo menos el debate electoral 2019.
Argentina, país integrante del G20 y aspirante a miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupa el puesto 85 en el ranking de transparencia internacional y los sobrecostos que paga la economía por la corrupción gubernamental en los distintos estamentos se ubican entre 5% y 30% de los montos de la licitación de que se trate, especialmente en materia de obra pública.
Al punto el tema es parte de la agenda empresarial e institucional que cada vez son más las grandes firmas transnacionales que deciden no participar en las hoy jugosas licitaciones de obras nacionales y provinciales, para no convalidar un sistema de cosas que les causa cuantiosas multas en sus propios países de origen, cuando sus nombres aparecen vinculados con investigaciones por sobreprecios en Argentina y países de la región.
Las autoridades y los referentes de las principales fuerzas políticas lo saben y es la razón por la cual el Congreso Nacional sancionó a fines del año pasado una ley que establece un nuevo régimen de control y sanción de la corrupción empresarial, cuyos principios podrían regir supletoriamente para otras organizaciones que realizan actividades económicas y que, no siendo empresas privadas, caen sobre el ámbito de aplicación de la ley 27401 que rige desde marzo de este año.
Estamos hablando de mutuales o cooperativas que, aun siendo organizaciones sujetas al derecho privado, son en si entidades atadas al escrutinio de una pluralidad de asociados, además del control público. Más allá de esa característica nodal, actúan en el ámbito público como empresas de carácter social, brindan servicios a diferentes niveles de gobierno y responden ante las leyes como cualquier contratista o proveedor de bienes y servicios al Estado o a privados.
El término que se ha convertido en un trending topic en el mundo legal y empresarial, que agrupa el nuevo conjunto de exigencias de transparencia organizacional, es compliance. Tiene un protagonismo cada vez mayor, que incluso ha dado origen a una nueva profesión cada vez más buscada, el compliance officer, posición que hoy se extiende en el mundo empresarial.
En el lenguaje de los expertos, compliance es cumplimiento de normas, su conocimiento, transparencia y compromiso corporativo. El mundo está cambiando, dicen, hacia una ecuación en la cual más transparencia es más productividad. Las empresas deben cambiar con él, mucho más si se trata de empresas de economía social.
Este principio se aplica con características especiales en éstas -como mutuales y cooperativas- porque, como dijimos, están bajo el escrutinio societario permanente, cuentan con órganos de fiscalización fijos y además deben someter sus balances a auditoría externa, además de ser controladas por el organismo estatal que las regula, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Una de esas características particulares de las empresas de economía social es su orientación precisamente de interés social, promotora del bien social. A diferencia de la empresa privada, que debe probarlo, en el caso de mutuales y cooperativas es parte de su objeto constitutivo.
Con el doble objetivo de escalar en grado de transparencia, certificar niveles de compliance y generar balances sociales que visibilicen los beneficios sociales que da el accionar de las mutuales, la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) lanzó durante este mes y hasta el próximo 14 de septiembre un relevamiento nacional sobre el impacto social de cada una de las mutuales que están bajo su representación.
“Las entidades de base están invitadas a completar un formulario que permitirá a la CAM producir un informe con datos agregados sobre el impacto social que tiene el trabajo del sector”, explica la entidad.
“Más allá de los servicios puntuales, las organizaciones mutuales movilizan y activan nivel a local instancias de recreación, desarrollo cultural y deportivo, participación de mujeres y jóvenes -lo que permite avanzar hacia situaciones de equidad e igualdad-, desarrollo de ciudadanía, inclusión social, generación de ahorros y su reinversión, etcétera. Estas acciones, basadas en principios de solidaridad, suelen quedar relegadas de los datos consignados en memorias y balances, sin embargo son centrales a la hora de evaluar el impacto de estas organizaciones en el desarrollo de las comunidades donde están enclavadas”, abunda la organización.
De la necesidad de hacer visible este trabajo surge la propuesta del Reporte Social Mutual, herramienta que permitirá recolectar información sobre la incidencia en cada territorio del accionar de las mutuales en materia de salud, financiamiento, seguridad social, cultura, turismo y políticas destinadas a la tercera edad, cuestiones de género y la promoción de la participación de jóvenes en el sector.
Finalmente, a las mutuales que se sumen a este proceso se les otorgará un certificado de transparencia, firmado por las entidades de segundo grado, para ser utilizado como un sello junto a los logos de la mutual y fortalecer, de esta manera, su imagen.
