ESCUCHARAhora los jóvenes cuentan con un nuevo mecanismo para reclamar justicia. En Argentina aún falta que el Congreso ratifique el instrumento.
Un nuevo mecanismo internacional permitirá que niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados puedan presentar sus casos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con la reciente ratificación por parte de Costa Rica el protocolo entró en vigencia. Transcurridos tres meses desde esta confirmación, a partir de abril los niños tendrán la posibilidad de reclamar justicia, en caso de no encontrarla en su propio país, ante un comité de 18 expertos encargados de asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
El tratado no es de carácter retroactivo, por tanto no cubre las violaciones o vulneración de sus derechos en fechas anteriores a su vigencia.
Conocido como el Tercer Protocolo Facultativo de la CDN, permitirá presentar quejas contra los Estados sobre presuntas violaciones de los derechos reconocidos en esa norma internacional y sus protocolos opcionales relativos a la participación de niños en conflictos armados, venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, siempre que el Estado involucrado haya ratificado los tratados.
Hasta ahora, pese a estar casi universalmente reconocida (excepto por Somalia y Estados Unidos), la CDN era la única del sistema internacional que no otorgaba a las víctimas un “mecanismo de comunicación individual” para presentar sus casos.
La CDN será el órgano encargado de evaluar los casos y dar sus recomendaciones al país involucrado (siempre que éste sea parte de la convención).
El papel del Congreso
Argentina fue uno de los primeros países que firmó el protocolo adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2011, pero aún está pendiente que el Congreso nacional lo ratifique. Recién entonces los niños y niñas de nuestro país podrán reportar sus casos ante la ONU.
Hasta ahora, además de Costa Rica, confirmaron su adhesión al protocolo Albania, Bolivia, Gabón, Alemania, Montenegro, Portugal, República Eslovaca, España y Tailandia.
Por cada Estado que ratifique este tratado, una vez que el protocolo entre en vigor habrá un período de espera de tres meses antes de que los expertos puedan comenzar a recibir quejas de ese Estado. Y éstas sólo podrán referirse a violaciones que ocurran después de que el mecanismo entre en vigor en cada Estado.
El comité solamente atenderá a las denuncias si los recursos de protección nacionales han sido agotados, por lo tanto es necesario que se haya llevado el caso a todas las instancias posibles bajo la legislación nacional.
Si los integrantes del mecanismo consideran que la víctima ha sido afectada, entonces podrán recomendar al gobierno en cuestión que le ofrezca al niño, niña o adolescente víctima compensaciones como rehabilitación, reparación, compensación económica o garantías de que el hecho no volverá a repetirse.
Al confirmar la vigencia del mecanismo, la codirectora de la Coalición Internacional que impulsa esta herramienta, Flore-Anne Bourgeois, afirmó que “es momento de que las violaciones a los derechos de los niños sean llevadas ante Naciones Unidas”, porque “todos los días están sufriendo violaciones a sus derechos a través de los conflictos armados, la discriminación, la violencia en sus comunidades, escuelas y hogares, porque carecen de acceso a servicios básicos como educación y salud, y porque sus opiniones son ignoradas”.
El representante de Unicef en Argentina, Ennio Cufino, dijo que la CDN seguirá prestando especial atención al análisis de la situación general de la niñez pero destacó que un mecanismo como éste ayuda a elevar los estándares mínimos. “Es una herramienta en construcción” agregó.
El representante del organismo internacional dijo que son muchos los avances legislativos en materia de protección de derechos en la región y lo importante es garantizar que se pongan en práctica, por ejemplo afianzando la equidad en la ejecución de las políticas de protección y ejercicio de los derechos.
“Son países administrativamente complejos (federales) y con grandes extensiones de territorio; lograr la equidad y que no queden poblaciones discriminadas debe ser prioridad”, concluyó.
