El 2009 arranca con un control más duro sobre el ejercicio profesional de los agrónomos y el cumplimiento de su actuación y obligaciones frente a la Ley de Agroquímicos.
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (Cispc) con el apoyo de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción que los contempla, constituyeron su propio cuerpo de inspectores.
La fiscalización hará énfasis en el cumplimiento y aplicación de la mencionada normativa que rige el uso de los agroquímicos, pero al mismo tiempo revisará que los agrónomos estén matriculados y afiliados a la Caja. Respecto de las “buenas prácticas agrícolas”, observarán el tema de las certificaciones para exportadores y para los mercados frutihortícolas.
Al frente del equipo de trabajo, que ya comenzó a inspeccionar la actividad en la provincia, se designó a Norberto Lynch como coordinador. El presidente del Ciapc, Sergio Rang, detalló a Comercio y Justicia cómo será la distribución geográfica del control.
“Del cuerpo de seis inspectores, uno estará en la ciudad de Córdoba y alrededores donde residen cerca de mil agrónomos, otro en la zona de Villa María, un tercero en Río Cuarto y otro en la región de Río Tercero y Alta Gracia. A partir de febrero ingresarán dos inspectores: uno de ellos cubrirá La Carlota, Laboulaye y Marcos Juárez y el otro actuará en Arroyito, San Francisco y Las Varillas”.
Asesores fitosanitarios
Desde la entidad profesional pretenden controlar la situación de los asesores fitosanitarios, únicos habilitados para emitir la receta fitosanitaria, documento de uso obligatorio para la aplicación de agroquímicos de acuerdo con lo determinado en la ley 9164.
Los inspectores revisarán que los agrónomos cumplan con los requisitos obligatorios para ser asesores, es decir, estar matriculados en el Colegio, haber realizado el curso específico cuya vigencia dura dos años y tener la inscripción en el Registro Oficial de Asesores Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
A los incumplidores de la reglamentación se les labrará acta y se pondrá en circulación la debida denuncia ante la cartera respectiva, con la consecuente multa. De encontrar que no están matriculados, el Colegio accionará por ejercicio ilegal de la profesión.
Finalmente, Rang recalcó la necesidad de controlar la actuación de profesionales habilitados para garantizar la preservación del medio ambiente, el cuidado de la salud y las condiciones de producción .