El ejemplo de las cooperativas que están diseminadas en todo el país.
“Aún nos debemos el debate sobre el rol de las empresas en el siglo XXI”, señala un experto
Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info
Durante años, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil subrayaron la falta de responsabilidad social de ejecutivos de empresas privadas que se desentendieron de las gravísimas consecuencias de las deficiencias en la gestión de servicios públicos en Argentina, hoy con carencias importantes que cuando arrecia el frío (e igualmente el calor) no pueden asegurar el suministro de energía eléctrica o gas, en particular a las unidades productivas que dependen centralmente de esos insumos.
En el mundo, ha tenido una evolución importante la temática de la responsabilización social de las empresas, pero en los últimos años, y aún más desde la divulgación del Pacto Global de la Naciones Unidas, se ha desarrollado más rápidamente. En principio, fueron las industrias y demás organizaciones lucrativas las que exponían sus acciones en reportes llamados de sostenibilidad o de sustentabilidad, pero básicamente se referían a algunas cuestiones específicas como filantropía, participación en capacitación y ayudas específicas pero en realidad no trataban íntegramente el comportamiento con la sociedad y el ambiente.
Estos reportes también comenzaron a ser preparados por las organizaciones no gubernamentales y, en ciertos lugares del mundo, por los organismos gubernamentales y con mayor razón, por las empresas de servicios. El pacto Global de las Naciones Unidas requiere que las organizaciones expresen su comportamiento respecto de cuestiones relativas a los derechos humanos, el ambiente, la sociedad.
En Argentina, el lazo que obligará a las prestatarias de servicios a cumplir su cometido es un fuerte régimen de balance social y responsabilidad pública que no hace falta inventar, porque ya está creado, y que ni siquiera requiere formato de ley, porque ya lo tiene. Un proyecto en ese sentido “duerme” aún el sueño de los justos en los insondables pasillos del Congreso Nacional desde hace más de diez años, cuando el ex jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, lo presentó siendo senador junto a su compañera de bancada, María Laura Leguizamón.
Postergación de un debate nodal para el futuro del país que ya dejó de ser incomprensible para pasar a ser inaceptable. Un preciso estudio de antecedentes internacionales en la cuestión, un amplio consenso social y el acompañamiento de entidades profesionales nacionales tienen que tener más fuerza que las vagas excusas empresariales de que el régimen “sumará costos” a los “ya débiles” presupuestos de las grandes firmas, como alguna vez lo señalaron directivos de Edesur.
¿Cómo explicar entonces que cerca de 700 pequeñas cooperativas diseminadas por todo el interior del país cumplan exigencias básicas de responsabilidad social sin quejarse por los costos que ocasiona brindar servicios públicos, mayores incluso en su caso por la baja densidad poblacional de las zonas que atienden?
“Es necesario alinear las empresas a una visión del país que estamos construyendo”, señalaba Alessandra Minicelli, titular de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social (Fonres) en la apertura del primer Congreso Internacional de la temática realizado en Ezeiza hace un par de años, afirmación que volvió a ser reafirmada en cuanto encuentro nacional de responsabilidad social se haya realizado.
“Es necesario poner en discusión el nuevo rol de la empresa del Siglo XXI”, subrayó en el mismo ámbito el argentino experto en desarrollo humano de Naciones Unidas, Bernardo Kliksberg.
La responsabilidad social que se está planteando “no se limita a unos ajustes técnicos menores o algunas prácticas para que en realidad nada cambie, sino repensar el rol de la empresa en la sociedad”. Un rol en el que organizaciones de la sociedad civil, usuarios y consumidores, organizaciones sindicales, universidades y también las cooperativas tienen también algo que decir.
Hoy, “la pelota está” en el Estado. Para ser más precisos, en el Poder Legislativo. Tiene a su disposición la sanción de una norma “pionera en América Latina”, según sus autores, que exige a las empresas estatales y a las privadas en las cuales el Estado tiene parte la presentación de un balance social anual, informes sobre calidad y eficiencia en el gobierno corporativo, cuidado del ambiente, “tolerancia cero” a la discriminación, respeto al personal, salarios dignos y posibilidades de desarrollo sostenible.
Sólo hace falta cerrar el lazo, pasar de la protesta a la propuesta, de la crítica a la sanción.
