La población campesina debe cuadruplicarse, considera la Nación

Actualmente, las unidades productivas familiares llegan a 250 mil pero deberían alcanzar un millón “para asegurar la soberanía alimentaria del país y no depender del extranjero en la materia”.

La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación acaba de publicar el primer informe sobre los problemas de tierra de los agricultores familiares del país, un amplio trabajo de relevamiento y sistematización de 857 situaciones-problema registradas en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 10 millones de hectáreas que afectan a casi 65 mil familias de agricultores (disponible hoy en la página web del organismo).

Tras el informe, Emilio Pérsico, titular de la subsecretaría, planteó que el objetivo de ésta es cuadruplicar el número de familias ocupadas en el sector, para que pase de 250 mil unidades productivas a un millón, como requisito esencial para asegurar la soberanía alimentaria del país y la no dependencia de alimentos extranjeros en el futuro.

La generación de políticas de Estado acordes al sector de la agricultura familiar no puede llevarse adelante sin un conocimiento concreto del entramado socioproductivo real de nuestro campo. Entre otros elementos relevantes, pese a que la tierra ha sido eje de discusión desde inicios del siglo XIX, el desconocimiento de las situaciones dominial y catastral no es un hecho fortuito, señaló la subsecretaría en el informe. Es producto de una acción deliberada y consciente que permite el acaparamiento de tierras en pocas manos. No es menor que recién el 22 de diciembre del 2011 se haya sancionado la ley 26737, llamada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. “A más de 200 años de la Revolución, recién hoy estamos realizando un relevamiento de la propiedad de la tierra que busca poner un freno a las especulaciones financieras internacionales sobre las tierras nacionales”, dijo Pérsico al respecto.

Actualmente, se estiman en 250 mil las unidades productivas en Argentina, con una población rural campesina reducida a un porcentaje de tan sólo 5% del total nacional. Comparada con otras regiones de Latinoamérica, Argentina se encuentra fuertemente rezagada del resto –como por ejemplo respecto a Brasil, Ecuador, Bolivia, entre otros-.

En parte, las causas del despoblamiento rural y la baja presencia de productores familiares responden a una raigambre histórica y a la expresión de una dinámica poblacional característica de los actuales territorios argentinos. De por sí, el poblamiento del territorio nacional era reducido si se lo comparaba con las zonas del Alto Perú.

Pero a ello se le suman dos procesos a tener en cuenta: por un lado, el acaparamiento de tierras producto de la expansión lanar; y por el otro, el exterminio de las comunidades indígenas así como también de las montoneras campesinas que resistían los desalojos. Las tierras nacionales fueron repartidas entre militares y hacendados, negando cualquier tipo de reforma agraria y sentenciando a las poblaciones rurales.

Desde la década del 70, de la mano de la dictadura militar, el avance del agronegocio y la siembra directa funcionó como un golpe de gracia para los campesinos, al no ser acompañado de un proyecto de complementariedad y convivencia con el modelo de la agricultura familiar.

Los objetivos de la subsecretaría han sido claramente definidos desde el inicio de la actual gestión nacional: “Una nación justa, libre y soberana sólo puede construirse en la medida en que desarrolle la soberanía alimentaria local y regional”, advierte el funcionario. Ello implica el reemplazo de las importaciones alimentarias como también la reducción de costos de logística y, en consecuencia, un incremento en la producción nacional. Todas ellas, políticas que van en sintonía con un “modelo” que “no pretende competir con el agronegocio sino convivir con él”, según Pérsico.

Ofensiva para poblar el campo
Ahora bien, la soberanía alimentaria no es posible de ser lograda “si no tenemos una política ofensiva de la tierra y del agua”, lanza. La recuperación del territorio rural y su consecuente poblamiento efectivo “son condiciones necesarias para dicha meta”. Afirma Pérsico:

“Desgraciadamente, es habitual que nos enteremos diariamente de nuevos conflictos violentos que muchas veces terminan con la muerte de compañeros productores. Los desalojos y el desarraigo de las familias productoras tienen como resultado una urbanización no planificada que resulta indigna para nuestros conciudadanos. Es decir, no se trata sólo de resolver el problema de los 250 mil campesinos que habitan hoy en el campo, ni alcanza con titular la tierra que reclaman sino que se trata de pensar en una fuerte política de colonización y vuelta al campo. Ningún país que defiende su soberanía puede abandonar su territorio. Hoy contamos con 250.000 y el desafío es llegar al millón de campesinos”, dice.

El estudio identifica a casi 65 mil familias con complicaciones de dominio sobre las tierras que trabajan. Por esto, resulta un aporte significativo en el camino de conocer en profundidad todos los aspectos del problema: identificar familias afectadas, superficies involucradas, tipos, localizaciones, características y urgencias de las dificultades de tierra existentes en el país para, desde allí, pensar las soluciones adecuadas. Un relevamiento que tiene una cobertura geográfica amplia pero que será tomada por las organizaciones campesinas en cada provincia y localidad “para armar un mapa que permita identificar los conflictos” y avanzar en soluciones.

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