ESCUCHARLa Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) inaugura hoy el año judicial y allí dejará sentada la agenda de actividades relevantes para 2009. En el resto de los estamentos judiciales también ha trazado nuevos objetivos para un año que verá crecer, más de lo habitual, los índices de litigiosidad, como consecuencia de la crisis global.
Desde la Federación Argentina de Magistrados (FAM), su presidente y juez de la provincia de Salta, Abel Fleming, insistió en que frente a la crisis se intensifica la necesidad de expandir la mediación y fue más allá: “Hay que superar las etapas de experiencias pilotos para alcanzar un sistema de mediación obligatoria”. Este enfático pedido del titular de la entidad que nuclea a cerca de 11 mil jueces, fiscales y defensores públicos de las justicias provinciales se suma a otros temas de agenda que Fleming adelantó a Comercio y Justicia, como el presupuestario y la necesidad de que se dicte un procedimiento especial para las más de 400 causas sobre derechos humanos que se encuentran demoradas y que, según consideró, afectan la credibilidad de la justicia.
– ¿De qué manera enfrentan este año judicial, que se anticipa con mayor conflictividad?
– La litigiosidad viene creciendo a un ritmo del 10 por ciento anual. Este problema crónico se agrava en épocas de recesión, con lo cual es de esperar que el incremento sea mayor este año. Ya se está viendo un crecimiento en el fuero laboral y en el civil (en lo que se refiere a causas de cobranzas y ejecución de créditos y obligaciones). Frente a esta situación, es necesario expandir el uso de la mediación. Hay que superar las etapas de experiencias pilotos para alcanzar un sistema de mediación obligatoria y que no quede en pequeñas escalas. Salvo los hábeas corpus y los amparos, todos los asuntos deberían pasar por la mediación, que debe instalarse como un cordón de atención primaria de los conflictos.
– ¿Cómo debería ser esta implementación?
– Hay distintos grados de avance, según las provincias. Pero para que la mediación sea obligatoria y funcione, deberían existir mediadores públicos y centros de mediación en los municipios, al igual que una justicia de las pequeñas causas. Además, esto hay que elevarlo a una escala que impacte sobre los números gruesos de la litigiosidad. Para ello es necesaria una ley acompañada de un plan de política pública con facilitación y estímulo al acceso a la mediación e, incluso, medidas tributarias, como una tasa de justicia diferenciada o la gratuidad. Esto debe adoptarse desde las cabezas de los poderes del Estado.
Desde la gran crisis del 2001 hubo pequeños avances, pero llegó el momento de amplificar la utilización de estas herramientas. Por ahora el objetivo era testearlas; Córdoba tiene experiencia en ello, pero ahora la mediación debe suplantar el modo de gestionar un conflicto.
– ¿Cuáles son los otros temas de la agenda pública judicial para este año que comienza?
– Por un lado insistimos en el manejo autónomo de los presupuestos de los poderes judiciales, ya que sólo así podrán manejarse las políticas judiciales de cambio. Por otra parte, necesitamos que el Congreso legisle un procedimiento especial para las causas de Derechos Humanos (por la dictadura). Si bien esto no compete a las justicias provinciales, las demoras afectan la credibilidad de la justicia. Par
