La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela halló fundamentos para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno” del país caribeño cometieron los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y “otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
En un comunicado, enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los delitos, a saber: la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); la Fuerza de Acciones Especiales (FAES); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio del régimen que comanda Nicolás Maduro, conocidas como “colectivos”, y precisa que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
Sobre el presunto rol de aquellos esos actores, la Fiscalía aclaró que los casos potenciales identificados no estarían limitados a ellos y adelantó que se examinará la presunta responsabilidad “los máximos responsables”.
La persecución política también está incluida en el reporte. Al respecto, Bensouda consignó que los datos disponibles indican que “individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores o gente percibida como tal”.
“La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”, añade el comunicado.
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