La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), a cargo del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, presentó su informe estadístico anual sobre menores con causas penales con alguna intervención de la Justicia Nacional de Menores.
Durante el año pasado, 1.472 infantes tuvieron causas judiciales con alguna intervención iniciada en juzgados nacionales de menores y tribunales orales de menores. Ello representa un 26% más que durante 2020, el año de inicio del período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Asimismo, el total de causas fue 1.894, 32% más que en 2020.
En cuanto a las características de la población, nueve de cada 10 fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (60%), en su mayoría de nacionalidad argentina (92%) y con residencia en la ciudad de Buenos Aires (50%) y la provincia de Buenos Aires (50%).
Predominan los delitos contra la propiedad (80%): principalmente, distintos tipos de robos.
En el restante 20% figuran delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública y contra las personas, entre otros.
El documento destaca que de los 57 procesos iniciados por delitos contra las personas, en la mitad se investigó homicidio, registrándose un total de 17 consumados.
El informe de la BGD, resultado del trabajo que realiza la dependencia con la colaboración de los operadores de juzgados y tribunales orales de menores, detalla, además, que 143 NNyA tuvieron alguna medida judicial de privación de libertad, alojamiento en residencias de libertad semirestringida u hospitales.
El total de medidas en el año fue de 182. En tanto, 38% de ellas se inició en un centro de régimen cerrado; 45%, en residencias socioeducativas de libertad restringida; 15%, en hospitales y el restante dos por ciento, en otras dependencias de privación de libertad.
La duración promedio del alojamiento en este tipo de instituciones fue de 46 días, siendo las más prolongadas las que se desarrollaron en centros socioeducativos de régimen cerrado, con un promedio de 88 días.