Indignación globalizada II: nuevos trastornos, viejos problemas

Por José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)

La política trasciende las instituciones hasta conformar espacios de construcción espontánea: una esfera pública extendida. Emplazada en un campo de tensiones, conjuga la deliberación con la decisión, lo que determina las experiencias que nos unen o separan.
En ese marco, se puede vislumbrar en los nuevos intereses sociales -mejor dicho, en su modo de expresión- una fuerza diferente e imprevista que solivianta la generalizada crisis actual. Nos encontramos ante una nueva relación entre Estado y sociedad: locomotoras y vagones que ruedan sin ensamblarse. De esos desajustes (distancias, repentinos acercamientos, choques y nuevos alejamientos) derivan desequilibrios de incierta evolución.

Nuevos desbarajustes, viejos problemas. El Estado liberal reemplazó el modelo absolutista entre los siglos XVI y XIX, por causas y factores harto estudiados. En lo económico, el mercantilismo y la fisiocracia devinieron en el libre mercado, que permitió la acumulación y reproducción del capital, fortaleciendo la burguesía que impuso políticamente su peso en metálico, en desmedro de la aristocracia, el clero y la monarquía. La Ilustración y el liberalismo, que socavaron la legitimidad del régimen, expresado en la Revolución Gloriosa de 1688, la estadounidense de 1776 y la francesa de 1789, acuñaron renovados conceptos jurídico-políticos: soberanía popular, república, división de poderes, legalidad. En el siglo XIX, los efectos de la revolución industrial en la vida de las personas favorecieron la aparición del Estado social. Los cambios tecnológicos y económicos, el desarrollo fabril, la migración masiva sin mayor planificación dispararon finalmente un avance en el campo de los derechos sociales.

ransitando -como en la etapa anterior- ásperas instancias, los trabajadores -finalmente el movimiento obrero- imponen el peso de sus brazos al Estado burgués o gendarme. El individualismo y el laissez faire se reconocieron insuficientes. El Estado organiza sus burocracias y se afirma en la prestación de ciertos bienes públicos. La sociedad encuentra espacios o canales institucionales de representación. Los “clubes” evolucionan a “partidos”. Las antiguas corporaciones de trabajadores, a modernas y poderosas organizaciones gremiales.
Aunque creado para controlar la economía, aquel Estado social, consolidado en la posguerra como un compromiso entre las fuerzas políticas y sociales, hoy se encuentra jaqueado por corrientes muy disímiles: nacionalismos, diversas expresiones neocorporativistas, enjambres de ciudadanos indignados sin mayores compromisos ideológicos.

Distintos factores reunidos bajo una potencia cuyas características no han sido desmenuzadas aún sometieron a los “estadistas” a una inesperada tensión. Lo sufren también las organizaciones internacionales y organismos intergubernamentales nacidos a mitad de siglo XX, hoy arrastrando su pesada burocracia y sin capacidad para proponer concretas soluciones a la agenda internacional (con problemas como inmigración, terrorismo, cambio climático, intentos independentistas regionales, reconocimiento jurídico de comunidades étnicas o religiosas, hambre, rol de la mujer, conflictos de competencias entre los distintos poderes institucionales, etcétera). Lo padecen, incluso, las hasta hace pocos años muy valoradas estructuras comunitarias europeas, alguna vez pensadas para oficiar como eternas columnas y vigas de la paz continental.

Viejas nuevas olas
La singularidad y el impacto de las actuales tendencias sociales no radica en una configuración muy novedosa sino en la todavía indescifrable trazabilidad de ese poder. ¿Desde dónde viene? ¿Hacia dónde va? Repentinos, demoledores, erráticos, ciclotímicos, intransigentes, contradictorios, capaces de desnudar flancos impensados de cualquier autoridad. Pidiendo descompresión, tolerancia, moderación en la exigencia pública. La incapacidad de su absorción por los partidos informa sobre las transformaciones de la sociedad. Los tecnócratas ya no gozan de legitimidad. Los vecinos comunes ganan espacio: ¿se fortalecieron?

El siglo XXI se encamina hacia la fragmentación del poder. ¿Hasta qué punto el asunto es “nuevo”? Pasó en las centurias anteriores. Aun en diferente contexto histórico, las oleadas de fines de los ’60 de un lado y del otro de la Cortina de Hierro se asemejan de algún modo a esta necesidad popular de expresar hartazgos, fastidios, impotencias. Pero en un escenario en el que el “gestor” reemplazó al “gobierno” y en el que las “reglas” han reemplazado los “valores”: ¿de qué modo los ciudadanos podrán construir su identidad y afianzar sus expectativas individuales y colectivas? El reconocimiento de derechos, por sí solo, ya no constituye un proceso de identificación simbólica. Para ello, deberán integrarse al más complejo mundo de experiencias y formas de vida de los actuales sujetos sociales: mujeres y hombres que serán parte de la esfera pública política, que de la periferia de ella avanzan hacia su centro, en un doble contexto crítico: para las formas tradicionales de participación y cuestionamiento de la noción de “mandato representativo” y, con él, de las nociones de un programa de gobierno.

Preguntamos: ¿hasta qué punto las democracias son el mecanismo o el régimen político por el que la población toma las decisiones relevantes mediante sus representantes? Allí radican los desafíos, en cómo institucionalizar la protesta y la desconfianza. Cómo redefinir la política, para integrar la hoy mal llamada “antipolítica” en procesos “virtuosos”.
Hay una mirada crítica sobre el Estado, sobre sus poderes. También esfuerzos por poner en valor algunas iniciativas. Para iniciar un planteo, nos enfocamos en algunas propuestas que se vinculen con el poder legislativo (como disparador de otros cambios estructurales). Por ejemplo: ¿no es hora de que los proyectos puedan nacer fuera de las cámaras legislativas o concejos deliberantes, por vías modernas y superadoras de la anquilosada e ineficiente iniciativa popular?

El uso de vías seguras en la web, el empleo de firmas electrónicas, el canal ya utilizado en la Justicia para los amparos (asociaciones civiles) con una mecánica análoga; conocer “on line” durante el procedimiento de formación y sanción de leyes la procedencia de las modificaciones (aportes de colectivos, expertos, mismos legisladores) introducidas durante el trámite parlamentario; regular los lobbies, para lo cual se debe incluir la creación de un registro de intereses en el Legislativo y el Ejecutivo; modificar tanto el lenguaje estrambótico como la costumbre decimonónica, que actualmente utilizan los poderes Legislativo y Judicial para expedirse; abrir las sesiones y el trabajo en comisión a la máxima participación; publicar las agendas oficiales de miembros del Legislativo y el Ejecutivo; estimular la “rendición de cuentas” respecto a los programas con instancias efectivas, cuya inobservancia no justificada acarree responsabilidades políticas; establecer reflejo presupuestario obligatorio para garantizar la efectivización de ciertos derechos; presupuesto abierto; creación de fueros judiciales especializados en materias que ya lo requieren (salud, ambiente); repensar el alcance vinculante de ciertos procesos, en especial las audiencias públicas (la participación por la participación no genera resultados positivos); auditorías externas de control a los poderes estatales por asociaciones reconocidas en la materia; entre otras.

Se debe apostar por combinar las prácticas de las instituciones y todos los movimientos sociales (no sólo aquellos que forman parte de la cosmética hipócrita que hoy es gran parte de la llamada “sociedad civil organizada”); atendiendo a la necesidad de impulsar genuinas corrientes de cambio.
No será fácil. Pero es indispensable.

(*) Docentes, UNC

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