El fiscal Raúl Pleé dictaminó en contra del pedido del ex funcionario kirchnerista. Aseguró que no se trata de un enfermo terminal y sus afecciones pueden tratarse en el lugar donde cumple la condena
El fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, dictaminó ayer en contra del pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el sentido de que al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, le concedan la prisión domiciliaria.
En el escrito presentado por Pleé ?se señaló que, más allá de que Jaime integra el listado de presos de riesgo, los informes médicos han mostrado que no se trata de un enfermo terminal y que sus afecciones podrían ser tratadas “adecuadamente” en la prisión.
El fiscal indicó que los informes del Cuerpo Médico Forense constituyen el asesoramiento técnico de auxiliares de justicia cuya imparcialidad está garantizada.
El ex funcionario cumple una pena unificada de diez años de prisión por los delitos de administración fraudulenta en la causa por la denominada “tragedia de Once”, dádivas y enriquecimiento ilícito.
A una morigeración del encierro también se opuso la querella de los familiares de las víctimas de Once.
Cabe recordar que hace poco más de una semana, Casación había declarado la “inadmisibilidad” de un planteo similar de los abogados de Jaime. Luego de ese rechazo, el martes pasado éste inició una huelga de hambre para reclamar que le permitieran cumplir la pena en su domicilio.
Ese mismo día, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un escrito ante la Cámara de Casación bajo la figura de amicus curiae, solicitando que Jaime pudiera continuar cumpliendo su condena con prisión domiciliaria.
A criterio de Pietragalla, correspondía otorgar el arresto domiciliario de Jaime y no hacerlo implicaba que Argentina estaría violando pactos internacionales. Incluso recordó que el Estado argentino ya fue advertido por un caso similar: el de Milagro Sala.
En el escrito se consideraba a Jaime como si estuviera en prisión preventiva y citó fallos contra el país por abuso del tiempo de las personas presas en esta condición.