La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de resolver si confirma o no la absolución del ex jefe del Ejército César Milani por el secuestro y tormentos a los hermanos Pedro y Ramón Olivera en la última dictadura militar, luego de que el fiscal ante esa instancia pidió que se lo condene a 18 años de cárcel.
«Resulta errónea la sentencia al concluir que el imputado obró sin dolo o que éste no fue debidamente acreditado por las partes acusadoras»,sostuvo el fiscal ante Casación, Javier De Luca, al pedir que se revoque la absolución y se condene a Milani, según un dictamen presentado ante el máximo tribunal penal del país.
De Luca mantuvo las apelaciones presentadas por la fiscalía y las querellas contra la absolución de Milani en un juicio oral en La Rioja el 9 de septiembre último. «Ninguno de los testigos presenciales dudó en su individualización al brindar declaración testimonial y estas pruebas fueron arbitrariamente valoradas por los jueces», agregó De Luca en su escrito.
Además, destacó que «del cúmulo de los elementos probatorios que los fiscales recurrentes describieron detalladamente en su impugnación, surge de forma manifiesta el conocimiento y participación que el imputado tuvo en la denominada ‘lucha contra la subversión’, que conocía que el allanamiento y detención de Olivera (p) fueron manifiestamente ilegales».
De Luca sostuvo que en el juicio los testigos «también dieron cuenta de la presencia de Milani en los traslados al juzgado y dentro del despacho del secretario y/o juez».
«Se acreditó en autos que Milani era el único militar con ese apellido en toda la Provincia de La Rioja a la fecha de los hechos y que ni siquiera el juez militar actuante en la causa instruida en su contra puso en duda su intervención como autoridad militar en el proceso como lo hicieron los jueces aquí», concluyó. En el mismo dictamen pidió condenar a 20 años de prisión al por entonces juez Roberto Catalán, a quien en el juicio oral se dio una pena de cuatro años.
«Alcanza con relevar la pasividad del magistrado ante las reiteradas denuncias y constancias de lo que estaba ocurriendo con diversas víctimas y de sus actitudes o procedimientos impertinentes para hacerlas cesar o investigarlas y descubrirlas, para tener por acreditado que las fuerzas de seguridad operativas contaban con su colaboración», argumentó el fiscal.
Para De Luca «la actitud posterior pasiva del magistrado Catalán termina siendo parte objetiva-subjetiva del plan inicial y general de represión ilegal con impunidad de los llamados enemigos políticos o subversivos».
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