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«Esto no se resuelve aumentando penas»

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El proyecto de ley que impulsa una reforma de la Ley Penal Tributaria reavivó la polémica sobre los verdaderos cambios que es necesario implementar cuando de delitos económicos se trata. La discusión es compleja y requiere un debate profundo.

Desde hace más de una década, Argentina cuenta con una legislación que a las claras ha sido insuficiente e incapaz de atrapar a los evasores y a quienes cometen delitos económicos. Los números así lo reflejan. Según un estudio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), el Estado argentino ha perdido entre 1980 y 2007 un total de 13 mil millones de dólares. Ello, contabilizando sólo aquellos delitos que llegaron a la justicia para ser investigados.

En Córdoba, en toda una década, sobre un total de 771 casos de delitos tributarios, hubo en la justicia Federal condenas sólo en cinco causas. Los motivos de esta situación, sin dudas, son muchos . En diálogo con Comercio y Justicia, Cecilia Vásquez, coordinadora del Cipce, hizo su evaluación al respecto.

-¿Cree que este proyecto de ley permitirá reducir la evasión y tener en Argentina a los corruptos presos?

– Esperemos que sí, pero el tema no es tan sencillo. No se resuelve aumentando las penas, modificando un número, eso es lo más fácil. En Argentina siempre se tiende a sancionar leyes cuando estamos en medio de una crisis social o necesitamos recaudar más; sería interesante que se comience por hacer cumplir la legislación. De cualquier manera, si bien desde el Cipce no hemos analizado en profundidad este proyecto, según lo que se ha conocido, entiendo que el aumento de penas será positivo porque permitirá que se extienda la prescripción de las causas. Eso es muy bueno porque hoy estamos investigando hechos que datan de principio de los 90 y nunca llegan a juicio oral porque terminan prescribiendo. Pero además de los años de condena, lo importante es que se devuelva al Estado lo que se le ha robado. Este proyecto lo impulsa la AFIP, que está muy interesada en recuperar dinero, así que por ese lado, puede que funcione.

-¿Tienen una estimación del dinero que ha podido recuperar el Estado argentino por evasión de impuestos y delitos económicos?
En nuestro país sólo tuvimos dos casos de decomiso. Una condena fue contra María Julia Alsogaray, que tuvo que devolver 3,5 millones de pesos; y otro decomiso estuvo relacionado con la causa IBM, en la que se recuperaron 18 millones de pesos. Se trata de montos insignificantes si tenemos en cuenta que desde la vuelta a la democracia el Estado ha perdido 13 mil millones de dólares por delitos contra la administración pública. Este tema de la recuperación de activos es muy complejo y todavía no tenemos una legislación que la contenga. Nosotros presentamos un proyecto en el Congreso y nunca se trató.

– ¿Qué especificaba ese proyecto?
– Analizaba varias cuestiones. Se especificaba, por ejemplo, en qué casos se puede decomisar, qué destino se le puede dar a ese dinero. En el caso de Alsogaray, nosotros pedimos que se destinara lo recuperado al Hospital Garraham y el dinero sigue en la Corte Suprema de la Nación, que sigue discutiendo qué hacer con él.

-Hablaba de la prescripción de las causas ¿Cuánto demoran hoy estos casos en ser investigados y elevados a juicio?

– Según lo que hemos relevado, el tiempo promedio es de 14 años.

-¿A qué lo atribuy

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