ESCUCHARAlrededor de 3.500 personas se reunieron el viernes pasado frente a la municipalidad de Córdoba en apoyo a la implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por el Congreso en octubre de 2009. Mientras tanto, otras multitudinarias manifestaciones también se sucedieron en distintas ciudades del país: Rosario, Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Bariloche.
En todos los casos, autoconvocados a través de la red social Facebook, los concurrentes protestaron contra una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones mendocina del pasado 25 de marzo, la cual ratificó una medida anterior de la jueza Olga Pura de Arrabal que suspendió la aplicación y reglamentación de la ley 26552. Ambas resoluciones hacen lugar a un amparo presentado por el diputado nacional Enrique Thomas, quien objetó el procedimiento llevado adelante durante el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un proyecto largamente discutido en el país por medio de foros y audiencias públicas, cuya iniciativa pertenece principalmente a la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD). La normativa supone un importante reordenamiento para la radiodifusión argentina y deja sin efecto una ley anterior, sancionada durante la última dictadura militar.
La medida es polémica en tanto pone sobre la mesa un debate siempre presente en las sociedades democráticas sobre el derecho a la información y la libre expresión de los pueblos. La justicia ya ha recibido varios amparos en su contra.
Comercio y Justicia consultó a especialistas en la temática y a sectores involucrados.
Miguel J. RodrÍguez Villafañe, Abogado
El especialista en Derecho a la Información cuestiona la suspensión: “Esta ley es producto de la sociedad y ha tenido una fuerte militancia social. Me parece una falta de respeto que diputados nacionales pongan trabas a una de la leyes generadas en el marco del consenso social por cuestiones vinculadas a la formalidad, pretendiendo retrotraernos a una ley que fue sancionada en la época de la dictadura militar», señaló. La estrategia que propone Villafañe es la presentación de un recurso, por parte del estado nacional, ante la Corte Suprema de Justicia: “Es urgente el avocamiento por per saltum de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de crear un criterio único y definitivo en la temática”.
Luis Lázzaro, Gerente del AUFER
El Coordinador del ex Comité Federal de Radiodifusión participó de la manifestación en la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con este medio afirmó: «En realidad, la ley está vigente, es legítima y fue sancionada con amplia mayoría».
