ESCUCHARHugo Muleiro, especialista en periodismo y niñez destaca que es prioritario proteger la intimidad del niño y que su terrible situación no sea expuesta públicamente
Por Carolina Klepp – [email protected]
Tiempo atrás conocí a una familia de acogimiento. Ya sabía que las niñas que allí estaban con su “tía del corazón” no podían seguir viviendo con su familia de origen.
Un juez había intervenido ante una situación de maltrato y había dispuesto que vivieran en un ámbito alternativo al grupo de convivencia. Lo que hasta ahí era información previa se convirtió en certeza cuando una de ellas, que tendría en ese momento alrededor de 12 años, en el medio de una conversación sobre una cuestión cotidiana, dio un giro y me dijo que su papá la quemaba con el “pucho”. Quedé muda, mirándola en silencio. Entonces, ella se dio media vuelta, levantó su remera y me mostró las marcas en su espalda. Varias cicatrices redondas de quemaduras, que no sólo habían dañado su piel sino su niñez.
Esta semana, la viralización de un video con fuertes imágenes, en el que una mujer golpea y sujeta salvajemente de los pelos a su hija, me hizo revivir una vez más aquel relato de la niña de la familia de acogimiento. De los daños profundos que imprime un problema social que no se retrae, que erosiona las vidas y el futuro. Para muestra bastan los últimos datos difundidos por Unicef el año pasado: en Argentina, 54% de los chicos y chicas de entre 2 y 4 años recibe golpes, palmadas en el brazo o la pierna, zamarreos, sacudidas o chirlos de parte de los adultos que los cuidan. En el país, 7 de cada 10 niños reciben castigos físicos y maltrato psicológico. En 63% de los hogares se utiliza la agresión verbal, en 40% el castigo físico y en 10%, castigos físicos severos.
La difusión de la situación -ocurrida en Bahía Blanca-, que se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales y fue repetida múltiples veces en programas de televisión, prende no sólo una luz de alarma sobre la violencia hacia los niños sino sobre los alcances perjudiciales de la invasión de la intimidad, la dignidad y la imagen de ellos. Una lesión a sus derechos.
Este costado del tema también merece un análisis, y sobre esto habló el periodista Hugo Muleiro, especialista en Periodismo y Niñez, presidente de la entidad Comunicadores de la Argentina, colaborador de Unicef en encuentros y seminarios sobre el tratamiento periodístico de los temas de niñez y adolescencia.
– ¿Qué cuestiones deben considerarse a la hora de evaluar la difusión de ese tipo de videos de maltrato como el que se viralizó esta semana? ¿Generan conciencia estas imágenes? ¿Se incrementen las denuncias por ello?
– Está en la historia de la comunicación que las imágenes de altísimo impacto, que le producen una emoción muy fuerte a las audiencias y son conmocionantes, sin dudas, tienen un efecto de producir una reacción, más denuncias, etcétera; pero lo que no se puede perder de vista es la prioridad absoluta que es el derecho de la niña o niño afectado, que tiene derecho a que su vida, su intimidad y esta situación terrible que está sufriendo no sea expuesta públicamente. Su intimidad está protegida férreamente por la ley. Como sociedad no podemos decir que, como necesitamos crear conciencia, le causamos el daño a la niña o al niño y después vemos qué hacemos con ella o él. Eso es una locura, es algo intolerable. Necesitamos algo más inteligente y más sabio para crear conciencia sobre la violencia contra los niños. Además, hay una parte de la audiencia que puede sentirse y puede ser dañada por imágenes tan violentas.
– ¿Quiénes deben actuar y controlar cuando ocurre la viralización de imágenes de este tipo?
– La viralización por redes sociales es un asunto que no está del todo regulado en el país, porque Argentina no tiene todavía una ley de Internet, pero lo que sí dice la ley de protección integral de la niñez es que la dignidad, el honor y la intimidad de ningún niño puede ser expuesta absolutamente por ningún medio. Desde el punto de vista civil, la niña y el niño están protegidos. En ese sentido podrían actuar los defensores de la Niñez, los organismos de los poderes ejecutivos (municipal, provincial y nacional) y pueden actuar desde ya los jueces y los que llamamos defensores de menores -trabajadores sociales o abogados que trabajan en las defensorías de la Niñez-, que deberían actuar de inmediato para ponerle fin a esta difusión, como ha pasado ya. Por ejemplo, en el asesinato de Ángeles Rawson, cuando en los primeros días se difundían imágenes de ella de toda clase (tomadas de Facebook y sus espacios personales), un juez emitió una medida cautelar diciéndoles a los medios que no podían hacer esa difusión indiscriminada de imágenes; acá debería suceder lo mismo.
Eso desde el lado de los derechos de las niñas y niños, y después están los derechos de las audiencias, que también están protegidos por la ley de servicios de comunicación audiovisual que está vigente, y en ese sentido, cualquier persona puede recurrir a la Defensoría del Público para que intervenga siempre que esa difusión esté dándose a través de los medios de comunicación audiovisuales.
– ¿Qué le sugeriría a un periodista cuando recibe un video como este, un material que lo moviliza en su rol de visibilizar la problemática?
-La ley dice que la identidad, la imagen, la dignidad, el honor de esa niña o niño tiene prioridad absoluta, es lo que denominamos un interés superior por encima de cualquier otro interés y por encima de cualquier otro derecho.
Entonces, lo que el periodista debe hacer es no difundir esas imágenes; sí tratar el tema, denunciarlo, explicar a qué servicios puede recurrir una persona en esta clase de situación. Si esos servicios no están o son insuficientes, publicarlos. Pero no se puede tratar el tema a costa de agravar la situación de la niña o el niño, porque además de que haya sufrido este hecho terrible, lo que esperamos para ella o para él es que puedan recuperar su vida lo antes posible, que puedan volver a su escuela, que puedan ir a su club, a su iglesia. Si lo exponemos en todos los medios, eso le va a resultar imposible.
– ¿Y cuál es su opinión respecto al pixelado del rostro de la víctima como medida para proteger la identidad?
– Es un recurso legítimo si protege con efectividad la identidad de la víctima, en ese sentido se puede considerar legal. Lo que la ley de servicios de comunicación audiovisual dice, además de la protección de la niñez, es que las audiencias no pueden ser afectadas por imágenes virulentas o morbosas, o pasadas tantas veces que generan un efecto revulsivo y muy desestabilizador. Además, porque puede haber niños y niñas en el público, entonces el efecto puede ser muy conmocionante, así que están obligados a cuidar las audiencias y avisarles que van a pasar un contenido de alto contenido violento, o muy conmocionante, para que estén lo mejor preparadas posibles, es una obligación.
A fines del año pasado, Unicef divulgó un informe que demuestra un altísimo índice de violencia contra los chicos y las chicas en Argentina. Éste tiene que ser un tema permanente, que tiene que llevar una atención constante, sobre el que se pueden hacer investigaciones, se puede hablar con especialistas, explicar cómo funcionan los servicios de ayuda. No puede ser que toquemos estos temas únicamente cuando hay un caso individual que nos resulta revulsivo, nos angustia y después lo dejamos por otros cuatro meses hasta que aparece otro caso. Si queremos como comunicadores contribuir para que la sociedad afronte este tipo de problemas, debemos tratarlo con persistencia.
Es un problema social, de raigambre muy compleja, que se puede tratar e investigar, pero con constancia.
