ESCUCHAREl abogado Eugenio Luis Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de Iberoamérica, en diálogo con Comercio y Justicia, valoró positivamente la decisión de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) de pagar en efectivo este año juicios a los jubilados por un total de 2.300 millones de pesos. De todas maneras, consideró también que “sólo se trata de un anuncio, que es preciso ver si se concreta y en qué plazos”, además de “ser una medida que no erradica el problema de la alta litigiosidad estructural” que caracteriza al sistema jubilatorio.
La información fue divulgada ayer por el diario Clarín, el que precisó que el Estado nacional tiene previsto pagar en efectivo, sin ningún tipo de bonos, las sentencias a favor de jubilados que aún resta liquidar. Se trataría de unos 30 mil casos, cuyo promedio de cobro rondaría los 70 mil pesos, que serían pagados en su totalidad durante 2009.
– ¿Cómo evalúa esta decisión de la Anses?
– Primero hay que decir que es sólo un anuncio, por supuesto positivo si se concreta. No es la primera vez que se difunde algo similar y es muy difícil corroborar su efectivo cumplimiento, porque se trata de casos individuales, muy atomizados. Por la misma razón, es difícil también saber cuáles son los montos que se manejan. El Gobierno dejó trascender que se trata de 2.300 millones de pesos, pero no hay un registro o padrón que permita afirmarlo certeramente. Lo grave es que se calcula que casi más de 600 millones, el 25% de ese monto, está destinado a honorarios.
– ¿Cómo se distribuyen los beneficiarios de las sentencias en el país?
– No se conoce bien la distribución geográfica porque se habla siempre de cifras globales. Pero lo que es seguro es que se concentran principalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y las ciudades de Rosario y Córdoba, que son los lugares, también, en donde se congregan más jubilados.
– ¿Cómo impacta esta medida sobre la alta litigiosidad que existe en el sistema jubilatorio?
– Allí está justamente el problema, porque este anuncio no modifica en nada el problema estructural de la alta litigiosidad. Es como si atendiéramos la guardia de un hospital y nos llega un herido: le podemos poner una botella completa de sangre, pero si no curamos la herida, siempre estamos ante el mismo problema. Para ello hay que cambiar la legislación vigente, que incluso es contradictoria internamente porque, de hecho, hay leyes que impiden la movilidad que se aprobó el año pasado. No hay que olvidar que se presentan alrededor de 1.500 nuevas causas y se dictan mil sentencias cada mes, lo que determina, al fin de cada año, que estemos siempre volviendo a empezar.
– ¿Cuáles son los motivos principales de litigiosidad que permite el sistema?
– Hay varios flancos. Por un lado, muchos juicios se generan por problemas en el cálculo del haber inicial de la jubilación, para el cual se toma el promedio de los últimos diez años. Esta es una disposición anacrónica por dos razones: porque está internacionalmente probado que las personas tienen los mejores puestos de trabajo en su edad intermedia y porque es evidente que hay mucha gente de entre 45 y 60 años que está fuera del mercado laboral, por lo que sus haberes iniciales terminan si
