ESCUCHAREl presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, Domingo Martín Gandolfo, aseguró a Comercio y Justicia que, en materia antisísmica, en Córdoba, estamos “a la buena de Dios”.
“Los mecanismos de control no están en marcha en Córdoba. En San Juan, por ejemplo, salvando las distancias de que es una provincia con mayor propensión a sufrir situaciones de este tipo, no se pueden llenar columnas con hormigón sin el previo control del ente correspondiente, que se asegura de que el trabajo responde a las normas de seguridad antisísmica vigentes. En Córdoba, mientras tanto, hasta no hace muchos meses, los profesionales debíamos firmar haciéndonos cargo de las consecuencias de las edificaciones que dirigíamos, asegurando que ellas cumplían con las normas de seguridad antisísmica de una ley que hace diez años que está derogada”, indicó el ingeniero civil, al tiempo que agregó: “Aquí dependemos de la seriedad y responsabilidad de los profesionales a cargo de la edificación”.
En la provincia, en 1978 se puso en vigencia la ley 6138 que establecía la obligatoria aplicación de la norma Concar 70 (desarrollada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica –Inpres-) para toda aquella edificación que se emplazara en las zonas preestablecidas por esa ley. Sin embargo, en el ámbito nacional, la Concar 70 fue reemplazada en 1980 por las Normas Antisísmicas Argentinas NAA 80 y posteriormente, por las Inores-Cirsoc 103 en 1983, con su primera actualización en 1991.
Debido a ello, en 1994 se promulgó en Córdoba la ley 8425 que tenía por objeto actualizar los contenidos en materia de edificación mediante la conformación de una Comisión Permanente de estudio de normas de construcción en la esfera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
La intención era la de estudiar y sugerir la aplicación de normas, como así también sus modificaciones, en lo concerniente a la tecnología de la construcción de toda obra a ejecutarse dentro del ámbito de la provincia.
La Comisión debía nacer dentro de los posteriores 30 días a la promulgación de la ley y a partir de allí, tenía 120 días para realizar la tarea encomendada.
Esta ley derogaba la 6138 que imponía la Concar 70 y, en forma provisoria, a fines de evitar un vacío legal hasta tanto la Comisión se expidiera, imponía la norma Inores-Cirsoc 103.
“Sucede que la Comisión que comenzó a funcionar en el año 1995 y llegó a algunas conclusiones, por el cambio de gobierno dejó de funcionar”, contó Gandolfo en una entrevista realizada por El Inversor y la Construcción en septiembre del año pasado. “Sin embargo hoy, y pese a que ha transcurrido mucho tiempo, la ley 8425 es una ley vigente, aunque los municipios de la provincia, que son los que ejercen el poder de policía edilicio, no lo sepan. Entonces, nos encontramos con que muchos municipios y profesionales que no tienen esa información siguen aplicando la ley 6138 que está derogada y cuya norma técnica tiene un concepto muy obsoleto y quienes la siguen aplicando ponen en riesgo a las personas ante el caso de un terremoto”, explicó en aquella oportunidad
Hoy, luego de aquel artículo, el ingeniero confirma que la situación no ha cambiado y que Córdoba no está preparada ediliciamente para soportar un sismo, “ni siquiera de 3 ó 4 grados de la escala que es la graduación con la que la provincia está categorizada”.
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