ESCUCHARUna serie de exabruptos y denuncias tiñeron la semana pasada al Poder Judicial, que se vio salpicado por las afirmaciones que realizó la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en contra de todos los jueces argentinos a quienes se encargó de acusar sin distinción “de raza ni color” .
Todo comenzó cuando la primera mandataria en la apertura del período legislativo afirmó que los jueces tienen tabulados “los precios de las excarcelaciones y eximiciones de prisión” y terminó, días después, con la advertencia de que “ no permitirá que ningún juez de la Nación ‘defaultee’ la deuda”. Todo ello en relación con el fallo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal que hizo lugar a una medida cautelar por la que el Gobierno quedó impedido de usar reservas del Banco Central para el pago de la deuda.
Las declaraciones de la Presidenta motivaron reacciones diversas en la Justicia. La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) salió a responder con indignación los dichos de Cristina y el viernes, en una carta abierta, dijeron sentir “estupor” por lo que estaba sucediendo. En la misiva, también advirtieron que no se convertirán en “interlocutores de la insensatez” ni en “actores del incendio”, a la vez que exhortaron a la “búsqueda de cauces, procedimientos, lenguajes y consensos que privilegien la superación de la exasperación y la intemperancia”.
Una posición similar asumió la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) cuando fue consultado por Comercio y Justicia. Al respecto, esto decía su presidente, Rafael Gutiérrez, tras dialogar con este medio.
– ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de la Presidenta, que entre otras cuestiones los acusó de fallar por la tapa de los diarios y cobrar por las excarcelaciones?
– Realmente son lamentables estas declaraciones porque instalan una sospecha sobre todos los jueces argentinos. Hoy somos 4.000 jueces de todo el país los que estamos alcanzados por la sospecha que instala la Presidenta. Esto no hace otra cosa que afectar la salud institucional del país; hay que tener prudencia cuando se hace este tipo de declaraciones, sobre todo cuando quien las hace no es otra que la primera magistratura. Nosotros le pedimos a la señora Presidenta que, si tiene información sobre magistrados que cobran para fallar en determinado sentido, active los mecanismos para investigar estos casos. El Gobierno tiene representación en el Consejo de la Magistratura de la Nación y, si estas acusaciones son reales, se puede abrir el juicio político a quien no cumpla con su verdadero rol de juez. Nosotros estamos dispuestos a acompañar a la Presidenta, pero ella tiene que activar los mecanismos.
– ¿Cree que estas declaraciones afectaron aún más la imagen de la Justicia argentina?
– Yo creo, como decía anteriormente, que esto afecta sobre todo la salud institucional del país. Hay que respetar la división de poderes, más allá de que no se esté de acuerdo con lo que resolvió un juez. Hay que recurrir a los remedios procesales que para eso los tenemos: si uno no está de acuerdo, entonces se puede apelar y si hay dudas con respecto al juez se puede pensar en el juicio político.
– ¿Lo sorprendieron las declaraciones de la Presidenta?
-En Argentina uno pierde la capacidad de asombro, pero evidentemen
