Argentina vive un momento histórico, con numerosas denuncias que hicieron público este flagelo contra niños, niñas y adolescentes. El contexto obliga a reforzar y generar más políticas públicas en el tema
Durante el último mes del año 2018 la agenda pública y las conversaciones sociales han puesto el foco en el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. A partir de diversos testimonios y de la iniciativa #MiraComoNosPonemos, distintos relatos conmocionaron la sociedad. “Para poder contarlo, quienes fueron víctimas de este delito tuvieron que atravesar el dolor que obstruye la palabra y encontrar la fortaleza para enfrentarse a los hechos y a la mirada de la opinión pública. Cada vez que una persona logra poner en palabras la situación que atravesó, el proceso de reparación del daño comienza a vehiculizarse.
Hablar es importante pero no por el detalle de cómo y cuándo sucedió sino porque las víctimas de abuso sexual se encuentran siempre en una situación de sometimiento que al poner en palabras puede comenzar a desarmarse.
Esa vulnerabilidad y sometimiento se da en el marco de una relación desigual de poder y es lo que lleva a que, en muchos casos, deban pasar años hasta que la persona logra romper el silencio y poner en palabras su sufrimiento”, sostiene Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina en un comunicado a los medios antes de concluir el año.
En más de 80% de los casos de abuso sexual infantil el abusador es un familiar o una persona del entorno cercano, un referente afectivo importante para el niño o niña y para todo el grupo familiar. Hablar de lo sucedido requiere atravesar la barrera del temor a quedarse solos/as, a que no les crean, a la vergüenza, a perder el afecto de sus seres queridos, a perder un sueño o una oportunidad, entre otros. De todos estos sentimientos se sirve el adulto para utilizar al niño o niña para satisfacer su propio deseo sexual y sostener su conducta, aprovechándose de la fragilidad emocional de sus víctimas.
“Vivimos un momento histórico. Que el abuso sexual contra niños y niñas esté en la agenda pública generó un considerable aumento de consultas y denuncias en organismos especializados”, agrega Perinetti.
Una muestra de ello fueron las cifras que registró la línea telefónica mediante la que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibe consultas y denuncias de abuso sexual infantil (0800-222-1717) . Después de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, esa línea registró un pico de 214 llamadas en un día, contra el promedio diario de 16 casos que venía llevando. El crecimiento de las consultas fue de 1.240 %.
Cifras duras
Entre las últimas cifras que se conocen sobre este flagelo en Argentina, figuran las del programa Las Víctimas contra las Violencias, que recibe denuncias de todo el país.
Entre noviembre de 2016 y febrero de 2018 atendió 2.842 denuncias telefónicas por abuso sexual, de las cuales 2.094 (74%) correspondían a niñas, niños y adolescentes y 26% a personas adultas, quienes habían sido abusadas siendo menores. En cuanto a la procedencia de las denuncias, 45% era de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 55% del resto del país.
En tanto, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2018, siete de cada 10 víctimas menores de 18 años eran niñas. De ellas, 38% era menor de 11 años.
En Córdoba, la mayoría de los abusos que se denuncian en la unidad judicial especializada en delitos sexuales tiene por víctimas a niños y niñas menores de 17 años: la franja etaria entre cinco y 12 años es la más afectada.
Según un informe de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, sólo durante 2017 hubo en Córdoba 166 niños y niñas abusados de entre cero y cuatro años; 568 de entre cinco y 12 años, y 529 en la franja comprendida entre 13 y 17 años.
“Existen diversas señales de un niño que sufre abuso sexual. Lo fundamental es habilitar la palabra, hacerles saber que cuentan con nuestro apoyo, que siempre les creeremos y que no pondremos en duda su sufrimiento. Lo más importante es escuchar, contener y convertirse en el soporte emocional que permita poner en marcha el andamiaje jurídico e institucional que corresponde”, advierte la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.
Agrega que sensibilizar sobre esta problemática es el primer paso para que la sociedad replantee sus vínculos y relaciones. El abuso sexual contra niños y niñas es transversal y ocurre en todos los grupos sociales. La única constante es que el adulto abusador es alguien cercano y con acceso a la víctima.
“Poner en agenda el tema y darle espacio a la problemática debe ser una constante, más allá de los casos puntuales, porque ello permitirá que las víctimas encuentren su voz y puedan ponerla en palabras con la certeza de que hay una sociedad intransigente con el abuso sexual.
Estamos convencidos de que nuestro presente es un momento bisagra, que hay un camino que se ha iniciado, que seguramente queda mucho por andar pero que ya no puede haber marcha atrás”, concluyó.
El abuso sexual infantil puede ser investigado de oficio
A principios de octubre del año que acaba de concluir, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en ley el proyecto de Carla Carrizo, diputada nacional por Evolución, para modificar el artículo 72 del Código Penal y establecer que el abuso sexual de niñas y niños sean delitos de instancia pública, permitiendo que el Estado pueda investigar sin que los padres ratifiquen la denuncia.
Antes, frente a este tipo de denuncias la Justicia sólo actuaba si había una ratificación del responsable parental pero ocurría en muy pocos casos porque, en gran medida, los abusos ocurren en ámbito familiar y allegados.
“Se trata de un gran paso para la infancia. El propósito es que los delitos no queden impunes y que el Estado actúe como responsable último del bienestar de los niños. El próximo paso es trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales”, dijo en esa oportunidad Carrizo.
“Hoy ponemos en escena la voz de los protagonistas de esta lucha en defensa de los niños porque necesitamos que se haga justicia con las víctimas de abuso antes de que sean adultos”, añadió la legisladora radical.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. En tanto, se denuncia aproximadamente 10% de los casos y se condena menos de uno por ciento. En 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.
Existe una propuesta complementaria bajo análisis parlamentario, para la protección de los profesionales de centros educativos, de salud o de acompañamiento, quienes hoy están obligados a denunciar. La iniciativa busca incentivar que lo hagan al reservar su identidad como denunciantes y eximirlos del secreto profesional y de responsabilidad legal, para que no sea tan fácil recibir represalias por haber denunciado un delito cometido contra niñas o niños.