ESCUCHAREl proyecto se lanzó hace ya nueve años y fue cosechando adhesiones de gobiernos y organizaciones internacionales diversas, incluyendo a las Naciones Unidas. El país se sumó por medio de un frente parlamentario.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que unos 49 millones de personas en América Latina y el Caribe padecen hambre, en muchos casos hambre crónica, que los convierte a ellos y a sus descendientes en excluidos actuales y futuros del desarrollo de las naciones del continente.
Por esta razón hace ya nueve años nació la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, un compromiso de los países y organizaciones de la región apoyado por la FAO para contribuir a crear las condiciones que permitirán erradicar el hambre de forma permanente para el año 2025.
Nacida durante la Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala en el año 2005, esta iniciativa profundiza los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con una meta específica más ambiciosa en el combate al hambre: propone la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica infantil por debajo de 2,5%, en todos los países de la región al año 2025.
Desde el año 2009 Argentina forma parte de esta iniciativa, mediante una declaración de apoyo del Congreso Nacional y la constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre, un espacio que así como en el país ya se ha formado en una decena de naciones diferentes de toda la región.
Argentina ha sido reconocida en el marco de los encuentros continentales de la Iniciativa por su avance en la lucha contra el hambre, en particular por su programa de Asignación Universal por Hijo, que ha merecido reconocimiento de las Naciones Unidas.
A su vez, distintos foros continentales vienen tomando la Iniciativa como parte de su agenda. Este año, en el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), efectuada en Cuba en enero pasado, los jefes de Estado y Gobierno presentes confirmaron su respaldo a la Iniciativa, indicando «apoyamos a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025». Asimismo subrayaron que otorgan «la más alta prioridad a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional».
El programa
Se trata de un esfuerzo de países comprometidos con la urgente necesidad de abatir el hambre; de organismos que comprenden el enorme precio de la pobreza extrema y sus consecuencias; de empresas que asumen su responsabilidad social; de personas que confían en la posibilidad de solucionar este problema definitivamente. La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe ha asumido el desafío de empujar esta iniciativa, que opera desde su sede en Santiago de Chile. La Iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como el apoyo de los gobiernos de Brasil y Guatemala. Uno de los proyectos que lleva a cabo esta Iniciativa es la constitución del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH). El FPH es una articulación de parlamentarios y parlamentarias integrantes de congresos nacionales, subnacionales y regionales, comprometidos con la lucha contra el hambre y la necesidad de hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico de la actividad legislativa, promoviendo el establecimiento de marcos institucionales favorables a la realización plena del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe.
Por medio de un acta suscrita el 16 de Marzo de 2011 por más de una decena de legisladores de ambas Cámaras y de diferentes fuerzas políticas se conformó el Frente Parlamentario contra el Hambre de la República Argentina, con el objetivo que se transcribe:
«El mismo es producto de la voluntad y el desafío de incorporar en la agenda de nuestro parlamento la compleja problemática del hambre e incentivar la aprobación de presupuestos públicos, la creación de entidades gubernamentales e influir en las políticas públicas que tiendan a la Soberanía Alimentaria del país.
Para ello, en Argentina creemos que este espacio debe estar compuesto de la diversidad de miradas, a partir de un espacio plural y multipartidario, para delinear legislaciones y políticas publicas que trasciendan la contienda partidaria y pongan en discusión los problemas más acuciantes para nuestro pueblo.
Al mismo tiempo, comprendemos la necesidad de interpelar a las fuerzas, organizaciones y movimientos sociales que viene bregando por las mismas causas y para ello precisamos abrir un ámbito de participación social donde el pueblo sea protagonista verdadero de los cambios profundos que nuestro país precisa”.
