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«El aumento del gas no tiene asidero jurídico»

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El pasado viernes el juez federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dio trámite a la acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara, quien recientemente había solicitado que se declare inconstitucional el aumento tarifario en el servicio de gas. En la misma presentación, el ombudsman provincial había planteado una medida cautelar de carácter urgente para que Enargas instruya a Ecogas a que acepte el pago parcial de las facturas ya emitidas.
Mientras la decisión será analizada por el magistrado federal que resulte sorteado este lunes, la Defensoría del Pueblo informó que ya suman 1.400 las personas que se acercaron para plantear sus reclamos y más de 14.000 los usuarios que descargaron el formulario de la web para pagar la factura bajo reserva. En tanto, ya suman cuatro las provincias (Salta, Jujuy, Chubut y Tucumán) en donde la Justicia federal autorizó a pagar las facturas sin los aumentos aplicados.

Para analizar la cuestión, Comercio y Justicia dialogó en exclusivo con el abogado y representante de la Unión Cívica Radical en el Ersep, Alberto Zapiola.

– La Defensoría ha planteado un recurso deamparo y propuesto a los usuarios del gas que paguen bajo reserva, ¿cree que estas medidas son suficientes o el usuario puede hacer algo más para evitar el pago de estos aumentos?
– El pago bajo reserva y la presentación del recurso de amparo son dos herramientas muy importantes. No obstante, sin perjuicio de ello, los usuarios pueden plantear amparos cada uno por separado. De cualquier manera, me parece prudente esperar el resultado que arroje el amparo planteado por Decara y aguardar, además, si se hace lugar a la cautelar para que se abone la factura sin la aplicación de este fondo fiduciario. Además, yo recomiendo esperar hasta el último día para abonar y después hacerlo -como plantea la Defensoría- bajo reserva.

– ¿Cree que finalmente se hará lugar al planteo del Defensor, teniendo en cuenta que no tiene legitimidad procesal para actuar como sí lo tiene el ombudsman nacional?
– Habrá que ver. Yo creo que en este caso, dadas las características de la situación y el fin último de la Defensoría, debiera ocurrir de ese modo

-¿Qué opinión le merece que este aumento sea aplicado por decreto?
– Desde el punto de vista jurídico, considero que no tiene asidero; es una aberración. No se puede aplicar un incremento destinado a un fondo fiduciario por decreto, sino que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación. En este camino es en el que se debe insistir. De cualquier manera, debo decir que esto que ocurre con el gas es lo mismo que sucede en Córdoba con la Red de Accesos en las rutas.

-¿A qué se refiere?
– En nuestra provincia también están creando un fondo fiduciario para la Red de Accesos a Córdoba. Yo me opuse a ello y el ministro de Obras y Servicios Públicas, Hugo Testa, lo hizo por decreto. Ocurre que, en este caso, todavía no se está aplicando en aumento del peaje y el porcentaje de incrementos es muy inferior a lo que ocurre con las facuras de gas. Sin embargo, y más allá de que algún usuario pueda o no en un futuro plantear su disconformidad, el caso es el mismo. En el fondo ese aumento que va a impactar en el cobro del peaje es tan ilegal como lo que sucede hoy con el aumento del gas.

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