ESCUCHARUno de cada tres asalariados privados percibe en el país un sueldo que está por debajo de 1.240 pesos, el salario mínimo vital y móvil establecido por ley. A su vez, las medidas anunciadas por el Gobierno nacional estuvieron dirigidas fundamentalmente a trabajadores con mayores sueldos. De esta manera, según sostiene un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), las condiciones exigidas para acceder a los beneficios anunciados generarán que miles de obreros no accedan a los créditos con tasas financiadas porque no cumplirán con los requisitos.
De acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el 36% de los trabajadores asalariados en el sector privado -excluyendo el servicio doméstico- tiene un sueldo inferior al mínimo legal.
En tanto, entre aquellos que cobran menos del mínimo, el 28% está en un empleo registrado mientras que el 72% restante está en un empleo no registrado, lo cual profundiza la desigualdad.
“Reforzar con 200 pesos el ingreso de quienes cobran el salario mínimo aparece como un intento de mitigar el sesgo regresivo de la mayoría de las medidas anunciadas hasta ahora”, consideró Idesa en su informe.
Y estimó además que en un mercado laboral con “muy alta” informalidad, las medidas no van a poder cumplir con los objetivos planteados. “Para enfrentar la crisis con efectividad es imprescindible abordar reformas estructurales largamente demoradas”, opinó.
Por último, la consultora evaluó que tan importante como mitigar los efectos de la reversión del ciclo es evitar que los costos sean soportados por los segmentos socialmente más vulnerables.
