ESCUCHARLa Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua de los hermanos Santiago Ismael y Roberto David Bejarano por el homicidio de Darío Esteban Monges, un asesor político con vínculos con redes de narcotráfico, ocurrido en septiembre de 2022 en la ciudad de Salta.
Se trata del primer juicio por un asesinato ligado al narcotráfico llevado a cabo bajo el nuevo sistema acusatorio federal en esa jurisdicción. El máximo tribunal penal del país, a través de la Sala II compuesta por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó por unanimidad los recursos de la defensa y avaló el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta.
La sentencia original consideró a los Bejarano coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por mediar alevosía, en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La víctima, quien mantenía vínculos con el entonces secretario de Seguridad provincial Benjamín Cruz, fue hallada sin vida dentro de una camioneta Ford Ecosportabandonada en un descampado del barrio El Círculo I, con cinco disparos en la cabeza.
La investigación determinó que Monges fue asesinado en el taller mecánico de los hermanos Bejarano tras una disputa por 15 kilos de marihuana. El móvil del crimen fue confirmado por un testigo de identidad reservada que declaró que “le dieron cinco tiros porque les estaba pidiendo la marihuana, los 15 kilos”, versión respaldada por pruebas técnicas y periciales.
Entre las pruebas que fundamentaron el fallo se destacaron registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas telefónicas, rastros de ADNen el vehículo y peritajes odorológicos que colocaron a los acusados en el lugar del hecho. También se halló una bala sin disparar, coincidente con otras encontradas en el domicilio de uno de los condenados.
Casación remarcó que existió una “pluralidad de indicios precisos y concordantes” sobre la autoría del crimen, y destacó que los acusados actuaron con premeditación y aprovechándose de la relación de confianza con la víctima.
La decisión del tribunal cierra un capítulo clave en un caso de fuerte impacto institucional, que expuso disputas internas en redes de narcotráfico con conexiones en estructuras del poder local. La Cámara también instó a continuar investigando la red de tráfico de estupefacientes vinculada al hecho.
