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Cifras de la relación entre exclusión social y delitos

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En Argentina, un incremento del uno por ciento en la exclusión social aumenta la probabilidad de que el delito crezca en un dos por ciento; en resumen, el crecimiento de hogares excluidos se traduce en un incremento del doble en la tasa delictual. Tal es la proporción a la que arribó un grupo de investigadores del Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) a través del estudio titulado “El delito dentro de un marco interdisciplinario. Causas, relaciones y acciones posibles”, que evaluó la tasa de crecimiento del delito contra la propiedad a nivel de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con indicadores de pobreza, desocupación, distribución del ingreso y exclusión social. “Si bien existen diversas posturas para definir la exclusión social, en un acercamiento podemos decir que es una parte de la trama social donde se entrecruza la pobreza o carencias de ingresos estables, la desocupación o el trabajo inestable, los bajos niveles de educación y las inestables relaciones en el ámbito familiar y social.

De esta forma se toman los factores de manera conjunta y no aislada”, explicó a Comercio y Justicia Liliana Pereyra, una de las investigadoras del equipo que llevó adelante el estudio, entre 2006 y 2008. “Los resultados obtenidos muestran que en Argentina los aumentos en la cantidad de hogares en situación de exclusión social producen un incremento del doble en la tasa de delitos”, agregó. Según lo relevado por el IEF, en 1995 la tasa de incidencia de la exclusión social alcanzaba 23,4%. El mayor nivel se registró en 2002 con 40% de los hogares en esta condición (consecuencia de la crisis). En tanto, en 2004 el valor midió 34,09%. “Para el año 2008 encontramos que aproximadamente 28,40% de los hogares cordobeses están en condición de exclusión social y que la tendencia de la serie es creciente, lo que difícilmente pueda revertirse si tenemos en cuenta las proyecciones estimadas para la desocupación y la pobreza”, resaltó Pereyra.

“Como puede observarse -advirtió-, la cantidad de hogares excluidos superan los registrados en 1995, lo que refleja el agravamiento de la desigualdad social”. Asimismo contextualizó que en épocas de crisis económica como la actual, la población más vulnerable, con precariedad laboral y escaso capital material y humano, corre el riesgo de engrosar la franja de excluidos. “Este crecimiento en la exclusión social se refleja en la tasa de crecimiento de los delitos contra la propiedad, que son observables por todos, tal como lo estima el modelo de la investigación”.

Finalmente, el informe plantea una serie de recomendaciones: analizar la corresponsabilidad del Estado, el mercado y la sociedad civil; establecer criterios formales para las políticas públicas (de seguridad, de inclusión social, de reclusión y de familias vulnerables) y la necesidad de generar un sistema centralizado de estadísticas sobre delitos y violencia social en general. Además, sugieren elaborar estudios interdisciplinarios acerca de la violencia creciente del delito y sus causas (de manera estable), como así también la continuidad en la asignación presupuestaria para este tipo de problemática tan compleja.

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