ESCUCHAREl anuncio de una reforma de la Constitución no logra frenar las protestas. Se suman las denuncias contra Carabineros por violaciones a los derechos humanos
El gobierno de Chile emplazó a Carabineros para que, en una semana, responda a las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante la represión del estallido social en ese país, después de que la organización Human Rights Watch (HRW) agregara presión a la administración del presidente Sebastián Piñera con una nueva denuncia. Mientras tanto, a más de un mes del inicio de las virulentas protestas sociales las calles volvieron ayer a llenarse de manifestantes.
Antes, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, había informado que se encargó a la dirección de Carabineros «revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias».
Los atropellos a los derechos humanos cometidos por fuerzas policiales en Chile por los que reclamó HRW se refieren, entre otras cosas, al uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios para contener las protestas sociales.
El documento de Carabineros, requerido en un plazo de una semana, deberá incluir «propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan», explicó Recabarren en rueda de prensa.
HRW entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso (centro) en noviembre, entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recabado «pruebas consistentes» de que el cuerpo policial de Carabineros «utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no», según el informe. La denuncia va en línea con un reporte presentado la semana pasada por Amnistía Internacional.
Asimismo, el documento de HRW coincidió con el anuncio hecho también ayer por la Fiscalía chilena sobre el inicio de 2.670 investigaciones penales contras las fuerzas de seguridad, por causas similares.
La coronel Karina Soza, del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, respondió que la institución tomaba «con mucha humildad y responsabilidad» el informe de HRW y aseguró que cada vez que hay una denuncia se abre una “investigación interna” y se pone toda la información a disposición de las fiscalías.
Soza admitió que carabineros pueden haber “cometido errores», afirmó que serán investigados y adjudicó esos hechos al “afán por proteger la seguridad y la propiedad” de los ciudadanos en disturbios a los que calificó como «extremadamente violentos».
Cabe recordar que 14 carabineros fueron imputados este mes por un fiscal, por el presunto delito de torturas contra manifestantes. Soza afirmó que más de 1.000 policías sufrieron lesiones desde que comenzó el estallido social.
Por su parte, el ministro del Interior del país vecino, Gonzalo Blumel, se refirió al caso del joven Gustavo Gatica, cuyo diagnóstico confirmó la pérdida total de la visión por disparos de balines por parte de Carabineros. al respecto, el funcionario aseguró que la institución debe encargarse de dar a conocer a los responsables del hecho.
Consultado si tenía conocimiento de quiénes percutaron los proyectiles, Blumel señaló: «Pedimos que esa información se entregue a la Fiscalía. Carabineros deben entregar los nombres de quiénes dispararon».
Finalmente, Blumel destacó la necesidad de modernizar las policías nacionales e insistió en que esas modificaciones deben ser «profundas».
Paralelamente, la segunda jornada de huelga general congregó en una manifestación multitudinaria a diversos grupos que exigen reformas estructurales, en la sexta semana de reclamos.
La jornada -convocada por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 150 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales- se inició con barricadas y cortes de calles, y volvieron a expresarse reclamos de mayor participación en la elaboración de la agenda social y contra las violaciones de derechos humanos comprobadas en la represión de las protestas.
Mientras tanto, la negociación del acuerdo constituyente alcanzado el 15 de este mes seguía en «punto muerto», según fuentes de la Mesa de Unidad Social.
Como se recordará, el estallido social en Chile (el más grave desde el retorno de la democracia en 1990) dejó al menos 23 muertos en distintos actos de violencia -cinco de los fallecidos son adjudicados a agentes del Estado- y 2.800 heridos, entre ellos 232 con serias lesiones oculares por disparos de perdigones a la cara.
Por las fuertes críticas internas e internacionales, la policía anunció la semana pasada la suspensión “temporal” del uso de perdigones o balines para controlar las manifestaciones. Las autoridades de Carabineros habían expresado “tener dudas” sobre la composición real de las municiones. Por su parte, la Universidad de Chile aseguró que los proyectiles no son solo de goma sino que también contienen plomo.
Hasta ahora, ni las medidas anunciadas por el gobierno en estos casi 40 días de emergencia ni la decisión de la casi totalidad de la clase política de avanzar para modificar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet lograron detener los reclamos.
Según una encuesta de la firma Cadem, 67% de los chilenos está de acuerdo con la continuidad de las protestas -11 puntos más que la semana pasada- y el gobierno de Piñera bate el récord de impopularidad desde el regreso a la democracia, en 1990. Sólo cuenta con 12% de aprobación popular.
