ESCUCHARSe trata de un instrumento que permite verificar la viabilidad concreta de la compañía, en los aspectos ambiental, social y laboral. Además, su factibilidad y su eficacia integral en el entorno concreto
Por Javier De Pascuale – [email protected]
La rendición de cuentas frente a grupos de interés, no sólo de los públicos internos sino de los externos, ya ha sido aceptado universalmente como un principio de gobierno corporativo, al punto que no puede pensarse seriamente en una empresa de primera línea que no integre en sus memorias anuales las dimensiones sobre ética pública o acciones de responsabilidad social realizadas en un período.
El debate sobre inclusión de elementos de balance social en las memorias anuales de las empresas está zanjado y así es reflejado en numerosos instrumentos normativos o plexos de recomendaciones a las empresas, tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como del Banco Mundial u otras organizaciones internacionales de relevancia.
En Argentina, la Sindicatura General de la Nación, la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, el Senado Nacional y al menos dos legislaturas provinciales impulsaron en distintos momentos este debate, que acaba de actualizarse por un proyecto de ley ingresado al Congreso Nacional que exige el balance social a las empresas que contratan a más de 80 trabajadores. La exigencia a las grandes firmas de medir el impacto social y ambiental de sus acciones de hecho es ley en Jujuy y en otros distritos, aunque sigue siendo una una asignatura pendiente para Córdoba, ya que la cuestión se topó con obstáculos en el Gobierno provincial.
¿Qué beneficios trae aparejado el balance social para las empresas u organizaciones diversas? En primer lugar, el proceso mismo de reflexión y producción del balance social implica para la organización un mejor contacto con sus públicos internos y externos y por lo tanto un mejor “acople” de lo que hace la organización con lo que necesitan los sectores sociales que la integran o con los cuales se relaciona. Con el diálogo bilateral así creado la organización gana en capacidades propias, gana en capital social y relacional y los públicos ganan en comprensión sobre la relación que mantienen con la organización.
En segundo lugar, el instrumento de balance social hace más transparente el funcionamiento de la organización, por lo cual otorga niveles importantes de visibilidad a las problemáticas cruciales que enfrenta: sus obstáculos internos, amenazas externas, déficits diversos. En este sentido, un balance social correctamente procesado permite asegurar mejores condiciones de sustentabilidad a cualquier proyecto organizacional.
Por lo mismo, el nuevo instrumento permite verificar la viabilidad concreta de la empresa o la organización en los aspectos ambiental, social y laboral, la factibilidad del cumplimiento de sus objetivos y la eficacia integral de la presencia de la organización en su entorno concreto.
En fin, los beneficios del balance social para una empresa u organización son la precisión de los objetivos institucionales, cambios en sus estructuras funcionales, mejora en los niveles de confianza tanto de los responsables de conducir la organización cuanto en los niveles ejecutivos, funcionales u operativos. El balance social también otorga mayores niveles de garantías a los otros públicos de que el nivel de transparencia o de eficacia o de organización logrado sólo es un piso sobre el cual se pueden construir mejores indicadores.
La obligatoriedad del balance social en las empresas, si se logra, impactará fuertemente en un cambio de lógica ya presente en las sociedades, que no es más que la preocupación por el mejoramiento del entorno en el que se desenvuelven las empresas. Además, permitirá recrear las bases de una nueva relación de las organizaciones de la sociedad civil con las del mercado.
Como dice el Pacto Mundial (ONU), “la ciudadanía corporativa permite la conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial, con los valores y demandas de la sociedad civil”. Se entiende por ciudadanía corporativa una nueva forma de manejar los negocios, de tal manera que la empresa se conduce como corresponsable en el desarrollo de su entorno social.
Un proceso de esta naturaleza permite a las organizaciones de la sociedad civil un mejor acceso a una información pertinente y de calidad que permita realizar un seguimiento de la actividad de las empresas. Será el primer paso para que el día de mañana se creen nuevas formas de compromiso entre las dos partes: empresa y sociedad.
