De paso por Córdoba a raíz de la presentación del Programa de Fortalecimiento Institucional para Entidades Empresarias, que organizó la Federación Comercial (Fedecom) y la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Andrés Yurén, especialista principal en actividades con los empleadores de la Oficina Subregional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, dialogó con Comercio y Justicia y se explayó sobre la importancia de la seguridad jurídica y los marcos regulatorios que reclaman los empresarios para la sustentabilidad de sus proyectos, en función de que generan empleo decente.
-¿Cómo ve a Argentina en materia laboral respecto al resto de los países de la región?
-Mi visión es en función del objetivo que nos hemos planteado desde la OIT: la promoción del trabajo decente, que pasa por cuatro ejes: el respeto de los principios y derechos fundamentales del trabajo; la formación de oportunidades de empleo para hombres y mujeres (que pasa por el desarrollo de políticas públicas para la promoción del empleo y el desarrollo de entornos propicios para el desarrollo empresarial sostenible); la promoción del diálogo social (porque creemos que en la medida en que los distintos actores sociales -gremios, empresarios- dialoguen de manera bipartita y tripartita con el Gobierno y colaboren para el desarrollo de estas políticas, las tesis de la OIT van a ser más eficaces y tendrán mayor impacto en la realidad); y la promoción de sistemas de protección social que sean sustentables.
En función de cada uno de estos pilares diré que Argentina está bastante desarrollada ya que sus normativas abarcan o consideran la mayor parte de las disposiciones que los convenios de la OIT contemplan. Digamos que la normativa de la OIT tiene una vocación bastante pro protección al trabajador, lo cual vuelve también muy importante que, cuando eso se traduce a legislación nacional, cuando los convenios son ratificados, participe el sector empresario, justamente para evaluar cómo se van a aplicar estas normas para que no se afecte el clima de inversión ni la sustentabilidad empresaria.
-¿Y respecto a Chile, por ejemplo, que es donde usted reside?
-Creo que están bastante desarrollados ambos países. Lo que sucede es que no todo se reduce a la ratificación de las normas sino también a la aplicación de la legislación y el control, que tiene que ver con la inspección del trabajo y con la administración de justicia laboral. Y ahí sí puede haber diferencias en las que Argentina todavía no ha alcanzado los estadíos de desarrollo que tiene Chile, por ejemplo, en el tema de institucionalidad laboral, tanto en lo que tiene que ver con inspección como con procesos judiciales laborales.
Yo diría que Chile ha logrado avanzar bastante y convertirse en punta de lanza en el tema de procesos judiciales laborales. De hecho, hace poco se pusieron en vigencia los juicios orales. Es muy novedoso. Así se sale del proceso judicial tradicional por escrito que es herencia en Latinoamérica de España y el Código Civil francés. De esta manera, los abogados realizan la defensa de manera oral, con lo cual se ha logrado acortar los plazos. Al principio el cambio asustó a los empresarios, quienes pensaron que la nueva modalidad iba a resultar mayormente favorable al trabajador; pero con el tiempo terminó concediendo mayor certeza jurídica, lo que también favorece a las empresas.
-Certeza y seguridad jurídica es lo que reclaman los empre