Aprueban uso masivo de cámaras policiales y se abre la polémica

La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó anoche, en una sesión virtual, que los municipios y comunas puedan utilizar las videocámaras de la Policía provincial para labrar multas por infracciones.
Para tal fin se sancionaron modificaciones a la Ley 9.380, que reglamentó en el año 2007 el uso de imágenes y sonidos tomados por cámaras de seguridad y cualquier otro sistema para la investigación de delitos.
De este modo, con la aprobación de ayer se autoriza el uso de esos registros, hasta el momento en poder exclusivo de la Justicia de Córdoba, por parte de los municipios y comunas que así lo requieran, previo establecimiento de los respectivos convenios con la Provincia.
La oposición legislativa rechazó el proyecto, justificado por la bancada oficialista en razones de mejora de la seguridad ciudadana. “No es por seguridad, es por afán exclusivamente recaudatorio, para hacer fotomultas”, advirtió la legisladora Daniel Gudiño, del bloque Córdoba Cambia. Legisladores también advirtieron la eventual litigiosidad que se abrirá con el uso indiscriminado de las fotomultas sobre rutas nacionales y provinciales por parte de municipios y comunas.
La nueva disposición entrará en vigencia a partir de la adhesión de cada uno de las administraciones locales y se estipula el uso de los dispositivos de video instalados en acuerdo con las normativas ya existentes en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Pero además abre la posibilidad de incorporar nueva tecnología, como pueden ser drones o cámaras instaladas en las pecheras, que ya se utilizan en algunos lugares.
De acuerdo a lo que se informó desde el Gobierno de la Provincia, en la actualidad hay instaladas unas 2259 cámaras, de las cuales 1099 se encuentran en la Capital. En caso de que todos los gobierno locales se adhieran a la nueva normativa, más de 80% de la ciudadanía cordobesa estará alcanzada por estos dispositivos de seguridad.
El proyecto generó polémicas además en torno al posible uso de las imágenes personales de los ciudadanos, sobre todo en un contexto general en el que por estas horas se discute la utilización ilegal de datos personales a partir de las denuncias por espionaje que involucran a la anterior gestión nacional.