ESCUCHARLa suspensión de las medidas cautelares otorgadas a beneficiarios en acciones judiciales promovidas contra la Caja de Jubilaciones, dispuesta en la ley provincial 9722 dictada con motivo de la emergencia previsional, viene causando cuestionamientos de inconstitucionalidad desde distintos sectores, entre ellos el abogadil.
Ayer, el Colegio de Abogados de Córdoba emitió un comunicado en el que exige respeto de la defensa de los derechos de los ciudadanos y del ejercicio profesional “en el marco de normas y resoluciones jurisdiccionales dictadas con motivo de la emergencia previsional, y de manifestaciones públicas realizadas por distintos funcionarios”.
En el documento, la entidad colegial apunta a situaciones ocurridas durante diciembre y enero pasados, en la Caja, que perjudicaron el normal desempeño profesional. “La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, al negarse a recibir –a fines de diciembre pasado y en enero de 2010- los oficios judiciales que deben ingresar a dicha repartición, ha avasallado los derechos de los beneficiarios de haberes previsionales y el libre ejercicio de nuestra profesión”, dice el comunicado.
El colegio aclaró que, tras múltiples gestiones, actualmente esa situación se ha regularizado.
Por otra parte, repudió la actitud de funcionarios que, en el marco del conflicto previsional, atacaron a abogados que actúan en las causas previsionales en cuestión.
“Durante enero, distintos funcionarios de la Administración pública realizaron una ofensiva mediática contra abogados -que ejercían legítimamente la defensa de sus clientes – conjeturando sobre sus honorarios y denostando nuestra profesión. Resulta ligera e irresponsable la utilización de la expresión ‘industria del juicio’, que afecta, paradójicamente, a quienes se han especializado en el ámbito del conocimiento jurídico y dedican sus esfuerzos y empeño a la mejor defensa de las personas y sus derechos”, agrega.
Finalmente, concluye que “lo hoy (por ayer) denunciado por el Colegio viola el preciado valor de la defensa y vulnera el libre ejercicio profesional del abogado, afectando seriamente derechos de los ciudadanos”.
