Abogados con proyecto propio para reformar el Consejo de la Magistratura

La necesidad de una reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación se ha convertido, a partir del cambio de escenario que dejaron las elecciones legislativas, en uno de los puntos de la agenda de debate del Congreso y de los actores judiciales, quienes ya comenzaron a hacer girar sus propios proyectos tendientes a restaurar el equilibrio de estamentos en la integración de un órgano en el que hoy predomina la representación política.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) acaba de enviar a los letrados de todo el país una iniciativa elaborada por sus pares del Colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que proponen un órgano de 11 miembros (hoy compuesto por 13) presidido por un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En Córdoba, el Colegio de Abogados de la ciudad está analizando ese documento para dar su opinión a la FACA -antes del 6 de agosto-. Sin embargo, su presidente, Jorge Curtó, se expidió sobre la necesidad de modificar la actual estructura del mencionado cuerpo y se refirió a la propuesta que trascendiera la semana pasada, de la Asociación de Magistrados de la Nación.
Entre los principios básicos del proyecto en análisis, los autores pretenden otorgarle a cada estamento el número de representantes que le permita una integración plural en funciones y tendencias políticas, pero sin que pueda cada uno de ellos por sí solos formar quórum o tener mayoría absoluta.

Sin senadores

El documento detalla que el organismo estaría integrado por 11 consejeros, de acuerdo con la siguiente composición: un ministro de la Corte, quien presidirá el Consejo; tres jueces del Poder Judicial de la Nación; dos diputados, elegidos uno por la mayoría y otro por la primera minoría; tres representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico y científico, quien deberá ser profesor regular titular de cátedra universitaria.
Con esto, pretenden evitar que dentro del estamento político los representantes del oficialismo (Poder Ejecutivo y mayoría de los legisladores), en su conjunto, obtengan un virtual “poder de veto” para las decisiones referidas a nombramiento y acusación de magistrados.
Además, el proyecto no considera necesario que en el Consejo de la Magistratura existan representantes de ambas cámaras legislativas y en esta línea se propone integrar el plenario con diputados, reservando los representantes del Senado para el Jurado de Enjuiciamiento.

Más agilidad

Para darle mayor agilidad al trabajo del cuerpo, el plan propone que las comisiones internas estén conformadas por tres miembros, integrándolas con representantes de los estamentos según la materia de cada una.
Para la selección de magistrados, la comisión quedaría integrada por un juez, un abogado y el representante académico, atento a que se da un papel especial al aspecto de la formación.
En materia de disciplina y acusación, la comisión estaría formada por un juez, un abogado y un diputado. Con esto pretenden llevar la opinión preponderante de los operadores de la Justicia.
Finalmente, una de las novedades del proyecto es el rediseño de la Escuela Judicial, prevista en las leyes anteriores “pero que no pasó de ser un organismo destinado a crear cursos cortos voluntarios”, según advirtieron sus autores. Los abogados pretenden crear un instituto de

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