ESCUCHARLa iniciativa plantea, entre otros aspectos, la derogación de la ley Penal Tributaria, dando paso a una nueva normativa. Marcos Sequeira -especialista en la materia- señaló que habrá mayor ámbito para la impunidad. “El Estado renunciará a todos los esfuerzos realizados con prelación para combatir la delincuencia de esta naturaleza”, enfatizó
El paquete de reformas que tratará el Congreso de la Nación tiene el propósito claro de aliviar las rentas públicas por medio de un incremento de la actividad económica que, a su vez, aumentaría la recaudación. A mayores ingresos, menor necesidad de emisión y endeudamiento.
Factor dialogó con Marcos Sequeira -tributarista, profesor de postgrado de Derecho Tributario y Penal Tributario en diversas universidades del país- quien habló de la reforma impositiva principalmente y de la relación fisco-contribuyente pero también se refirió a los cambios laborales y previsionales, que circularon en borrador, entre otras cuestiones.
-¿Cuál es su opinión sobre la reforma laboral y previsional?
-Sin ser especialista en el tema, mal pueden abrigarse interrogantes de que se está frente a un profundo cambio de paradigma en el que -tampoco hay espacio para cuestionarlo- el que termina perdiendo es el empleado, la parte más débil de la relación de trabajo. En materia previsional, los beneficios tampoco han sido distribuidos de manera uniforme. Mucho a favor del empleador y muy poco para su dependiente. Si a esto se suma la puesta en vigencia de un nuevo régimen de blanqueo (el último venció el 31 de marzo próximo pasado), en el que los beneficios para el empleado no pueden superar cinco años, mientras que el empleador se libera de toda clase de consecuencias (baja de aportes, perdón de multas, amnistía penal, etcétera), las consecuencias surgen por sí solas.
Respecto de los jubilados, también ellos pierden: la nueva cláusula de ajuste irá menoscabando -en términos reales-, sus ya magros ingresos.
-La reforma impositiva abarca diversos aspectos, entre ellos, gravar la renta financiera y modificaciones en Ganancias, ¿qué tiene para decir al respecto?
-Gravar las rentas financieras obtenidas por las personas humanas es un acto de equidad fiscal. Quizás podría modificarse el mínimo no imponible fijado en el orden de $70.000, aproximadamente. Puede ser muy exiguo. Sobre el impuesto a las Ganancias, es insuficiente el ajuste de la Deducción Especial (se duplica) para los trabajadores autónomos. La brecha con los asalariados, que no hay modo de justificar, sigue siendo de uno a cinco. Es correcto que las alícuotas que pagan las empresas se reduzcan -progresivamente- del 35% actual a 25% en el año 2022. Los países de la región tienen un porcentual de 24%, en promedio. No obstante, sostener la prohibición de aplicar el ajuste por inflación es desalentar inversiones. Restringir y/o eliminar la exención sobre las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales, por el hecho de que realicen actividades financieras o de seguros, es otro grave error. Es cierto que se ha hecho uso y abuso de estas organizaciones. Pero también hay, sobre todo en el interior, muchas que son vitales para los ciudadanos.
Castigar a todas, por los pecados de unas pocas, no es lo más correcto.
-Con respecto al impuesto sobre los Combustibles y a los Débitos Bancarios ¿cuál es su valoración?
-Aumentar la incidencia del gravamen para los combustibles que causan mayor daño ambiental es una excelente decisión. También la simplificación de la ley limitando prácticas elusivas.
En cuanto al impuesto sobre los Débitos Bancarios, se permitirá la ampliación del pago a cuenta del impuesto a las Ganancias, hasta su derogación.
Francamente, descreo que un impuesto -que no es coparticipable (totalmente) y que aporta casi 10% de la recaudación- vaya a derogarse. Al menos en el corto plazo.
-¿Piensa que los cambios en los impuestos internos son acertados?
-Con relación a los impuestos internos, en buena hora se deja sin efecto para los automotores, motos, etcétera, de gama baja o media.
Pero está muy claro que los precios no bajarán. Las terminales ya anunciaron que tienen sus precios “retrasados”.
Que se aumente la alícuota para las aeronaves, embarcaciones de alta gama, whisky y demás, no soluciona los problemas de inequidad y regresividad de este tributo. Y hablando de regresividad, uno de los impuestos más regresivos que tenemos es el IVA.
Respecto de éste, comenzaremos a pagarlo por Netflix, diarios digitales, etcétera. Y continuaremos esperando (sentados) que se dejen fuera del ámbito del tributo los alimentos que conforman la canasta básica.
-El Gobierno nacional pretende una reducción de alícuotas en Ingresos Brutos y Sellos ¿cómo impactaría en Córdoba?
-El impuesto sobre los Ingresos Brutos representa entre 70 y 95 por ciento de los ingresos provinciales. En Córdoba, ocho de cada 10 pesos que ingresan lo hacen por este tributo. No creo que las provincias renuncien a percibirlo.
-¿Cómo visualiza la próxima relación entre relación fisco-contribuyente y las leyes que se aplican en la materia?
-Esta relación, en el ámbito federal, se rige básicamente por dos leyes: la 11683, de Procedimientos Tributarios, y la 24769 Penal Tributaria y Previsional. Sobre la primera, los cambios son increíbles. Se insiste en que la relación fisco contribuyente es una “relación de poder” y no “una relación de derecho”. Nuestros legisladores mantienen firme la línea de que los ciudadanos, por el solo hecho de ejercer una actividad comercial, industrial o de servicios, esto es, por el solo hecho de ser “contribuyentes”, pasan a formar parte de un padrón de “ciudadanos de segunda clase”, respecto de los cuales la Constitución rige sólo parcialmente.
No es un problema sólo de los argentinos. Se insiste en figuras que ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte nacional de manera pacífica y reiterada.
Me refiero a las clausuras preventivas, la actuación del llamado agente encubierto, la ejecución fiscal en manos de un funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la cual el Juez es un atento (o no tan atento) observador, etcétera.
¿Cuál es el destino de la ley Penal Tributaria 24769?
Esta ley se deroga, dando paso a una nueva ley (con ésta son ya tres las sancionadas desde 1990), que “de nueva” tiene poco. Es la “vieja” ley con mayores defectos y mayor ámbito para la impunidad. Lo explico: se elevan los umbrales de evasión (de $400 mil a un millón de pesos, para la evasión simple, y de $4 millones a $10 millones para la agravada); se fija que las determinaciones de oficio sobre base presunta (Arts. 16 a 18 de la ley 11683), habilitarán no formular denuncia penal; se brinda al Fisco la posibilidad de no formular denuncia, bajo ésta y otras circunstancias específicas; se establece otra modalidad para extinguir la acción penal (principio de oportunidad, que evidencia la función recaudatoria de la norma), etcétera. En éstos y en otros tantos aspectos más, la ley a sancionar resultará “ley penal más benigna”. Ergo, el Estado renunciará a todos los esfuerzos realizados con prelación para combatir la delincuencia de esta naturaleza.
Investigaciones por la borda
El especialista coincidió con la queja realizada por Javier López Biscayart (primer Juez Nacional en lo Penal Tributario que tuvo el país), en el último Congreso de Derecho Penal Tributario Comparado en Latinoamérica, quien conjuntamente con Sequeira representó al país, sobre los cambios en la legislación, los permanentes blanqueos y leyes de perdón fiscal como de las investigaciones tiradas a la basura y los esfuerzos materiales y humanos sin sentido realizados en dicha materia. “Es incomprensible la tozudez de nuestros gobernantes en insistir con reformas legislativas que no tienen la menor posibilidad de trasvasar los controles de convencionalidad y constitucionalidad que necesariamente tiene que superar una ley.
Para resumirlo, con el primer proyecto de reforma, el que elaboró originalmente el Poder Ejecutivo Nacional, no estaba tan en desacuerdo. Con el que hace horas ingresó al Parlamento, son pocos los cambios que considero plausibles”, agregó el profesional.
