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“Por lo general, en el país los delitos de corrupción prescriben”

Según el especialista Marcos Sequeira, es indispensable desentrañar si la figura del “arrepentido” libera o disminuye la responsabilidad penal de los delitos de evasión. Consideró que se está ante un “derecho penal de premios”.

Frente a una multiplicación de empresarios que, bajo la figura del “arrepentido”, se han puesto a disposición de la Justicia con el propósito de atenuar y hasta eliminar su responsabilidad penal, Factor consultó a Marcos Sequeira -especialista en temas de derecho penal tributario, quien explicó los alcances y consecuencias de este candente tema.

¿Hay antecedentes en el país del uso de esta figura?
La legislación nacional ya se encontraba prevista en la ley de drogas, terrorismo, casos de privación ilegal de la libertad calificada y trata de personas. Luego se le sumó el delito de lavado de dinero. La novedad importante se produjo con la sanción de la ley 27304, en el mes de noviembre de 2016, con la incorporación a los delitos cometidos en la órbita de la Administración Pública. Precisamente, la iniciativa parlamentaria emergió ante la gran cantidad de procesos judiciales por corrupción en el manejo de los fondos públicos. Es importante destacar, asimismo, que carece totalmente de relevancia si la persona efectivamente se encuentra “arrepentida” de su accionar ilícito; por ese motivo, quizás el término más adecuado sería el de “delator”.

¿Qué sucede entonces con los delitos de corrupción en los cuales se vienen produciendo la presentación de estos “arrepentidos”?
Desde la defensa técnica, hay varios aspectos llamativos. Uno de ellos es que se está pretendiendo evitar cualquier clase de responsabilidad penal, alegando que los pagos de estas coimas se hacían como consecuencia de la extorsión de los gobernantes. Si la Justicia acepta esta postura, los empresarios que las pagaron no deberán enfrentar ninguna pena, salvo una eventual multa o inhabilitación. Pero si ese argumento no es receptado, el tema que deberá debatirse es muy complejo.
Bastante más complejo que el que se ha venido difundiendo en los medios. El Código Penal prevé una facultad de la autoridad judicial. No se trata de un imperativo. Las escalas penales “podrán” reducirse a las de la tentativa.

Además, la normativa es clara sobre qué delitos comprende. No se benefician las consecuencias de todos los delitos. El proceso sobre el cual se aporten datos o información debe estar vinculado con delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes; aduaneros; asociación ilícita; defraudación de la renta pública, lavado de dinero, etcétera. No se aplica, por sólo dar un ejemplo, a los delitos de lesa humanidad.

¿Es suficiente el aporte del imputado “arrepentido” para fundamentar una sentencia judicial?
Desde ya que no. Por eso, aunque según la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulte muy clara sobre el contenido inherente a la motivación que debe contener un decisorio para no ser arbitrario, la ley establece que el órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido.
Para la asignación de responsabilidad penal sobre la base de estos elementos, el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y fundada la correlación existente entre esas manifestaciones y las restantes pruebas en las que se sustenta la condena.

En buen romance, la materialidad de los hechos delictivos no puede acreditarse únicamente sobre la base del aporte realizado por el arrepentido. Para controlar las consecuencias forenses derivadas de la ley, se ha dispuesto que la Procuración General deberá remitir a la Comisión Bicameral un informe detallado de su funcionamiento y aplicación en los términos de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

¿Cuál es la relación entre el arrepentido de los casos de corrupción y la evasión fiscal?
La respuesta no es sencilla. No obstante, en principio hay un punto central que deberán investigar jueces y fiscales: las llamadas “coimas” han sido pagadas o, con dinero “negro” o bien con dinero que ingresó a la empresa formalmente pero que salió de su patrimonio con facturas apócrifas, bajo la forma de gastos o compras que nunca se hicieron. Cualquiera sea el caso, estamos ante la posible presencia del delito de evasión tributaria, que prevé castigos de hasta 10 años de penas privativas de libertad.
Entonces, considero indispensable que este tema sea investigado. El otro aspecto relevante es desentrañar si la figura del arrepentido libera o disminuye la responsabilidad penal de los delitos de evasión.

Desde una apreciación inicial, pienso que no. Hay una sola excepción, cuando el “delito precedente” consista justamente en la evasión. Sin embargo, la respuesta puede llegar a alcanzar niveles inimaginables, pues no sólo el delito de evasión se encuentra excluido de la figura del arrepentido. Hay otros delitos que tampoco gozan de esta prebenda.
También puede llegar a suceder que se financien actividades de narcotráfico con fondos provenientes de la evasión tributaria (Art. 41 ter, inc. a), CP) o que se presenten casos de concurso ideal de delitos -Art. 55, CP, texto según L. 25928 (BO: 10/9/2004)-, entre otros.
Las restantes hipótesis nos parecen más dificultosas, ya que, por lo general, se concentran en eventuales concursos aparentes que, de acuerdo con lo que opino, deben ser resueltos por la regla de la especialidad. También puede suscitarse vía el delito de lavado de activos, a expensas de quienes adhieren a la postura doctrinaria de que éste permite su perfección con el “antecedente” o “delito precedente” de la evasión fiscal y previsional.

Derecho penal de premios
Para el profesional, es evidente que se está ante un “derecho penal de premios”. Considera que, en Argentina, los procesos por delitos de corrupción no llegan casi nunca a ser sentenciados -sentencia de condenas- y, por lo general, prescriben.
De allí que, probablemente -agrega Sequeira- la “delación premiada” pueda llegar a constituirse en un instrumento útil.
Es probable que los empresarios denunciados y las empresas que ellos representaron en su momento se acojan a la posibilidad que prevé la ley 27430, y opten por extinguir la acción penal mediante una cláusula contenida en su artículo 16.

No obstante, esto supone el pago total e incondicional del monto evadido más sus accesorios y no se aplica a todos los delitos de la ley penal tributaria. “Lo importante, es que la justicia ‘no haga la vista gorda’ y efectivamente se investigue la procedencia de los fondos que fueron destinados a pagar coimas”, sentenció el especialista.

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