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La saludable decisión del Ersep

 Por Marcos Sequeira (*)

En el Derecho Tributario se distingue entre “impuestos”, “tasas” y “contribuciones”. Esta diferenciación no es sólo académica sino que se utiliza para distribuir las potestades tributarias entre Nación, provincias y municipios. Los mayores recursos de estos últimos son las tasas. Ellas se caracterizan por retribuir servicios “efectivamente prestados”, “divisibles” y el “monto” de lo que se recaude debe guardar una razonable proporción con el costo de los servicios prestados. El cobro de una tasa, por eso, debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado, en cabeza del contribuyente (“Quilpe SA”, CSJN, 9-10-2012).
Sin embargo, la jurisprudencia no es uniforme. Por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que la falta de prestación efectiva del servicio que remunera la tasa no es óbice para el cobro de ésta, ya que se privilegia el “interés general” (“YPF c/ Munic. Vicente López”, 09/09/15). Éste era el criterio seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hasta el dictado de la causa “Laboratorios Raffo SA”, en la que la Corte nacional, revocando la sentencia de nuestro Máximo Tribunal provincial, lo mando a dictar otro “conforme a derecho” (CSJN, 23/6/09).

Abusando de esta disparidad de criterios, algunos municipios han creado obligaciones fiscales insólitas. Por ejemplo, la Municipalidad de San Martín implementó la “tasa de seguridad e higiene”, cuyo monto se determinaba en función de las ventas de las empresas, habiéndose acreditado que el “departamento de seguridad e higiene” siquiera existía, lo que condujo a la tacha de inconstitucional (“Gatic SA c/Munic. de San Martín”, 8/12/08). En estos términos, no cabe duda de que -para poder cobrar una tasa municipal- debe prestarse en forma efectiva el servicio que remunera, y la carga de la prueba sobre la prestación recae en el municipio.
Éste es el criterio actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 251:222; 325:1370, entre otros).

En ese orden de ideas, es de destacar que, si bien podría existir una presunción de legitimidad en el accionar de los municipios, ello cesa cuando los actos pudieran tener un vicio manifiesto (CSJN, Fallos: 299:133). Córdoba es la provincia que más municipios posee: tenemos 427 gobiernos locales (20% de los que hay en el país), de los cuales 267 son municipios (más de 2.000 habitantes) y 160, comunas (menos de 2.000). Es usual que con las facturas por servicios directos -energía eléctrica, etcétera. se “aproveche” la oportunidad para determinar y cobrar cargos fijos y tasas que ninguna relación tienen con el servicio del que refleja el documento -factura de Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) u otros-. En el caso de EPEC y de numerosas cooperativas que lo proporcionan, sólo puede actuar como “agente de recaudación” de las tasas.
De ningún modo pueden ser “agentes de determinación” de la obligación tributaria, como venían siéndolo hasta ahora, donde el quantum de la obligación tributaria municipal se determinaba en función a un porcentaje fijo aplicable sobre el precio del servicio de energía o de otro cualquiera de que se trate.

Así, por ejemplo, si un usuario consumía $1.000 de energía eléctrica, el organismo encargado de proveerla debía adicionar 10% sobre este importe ($100), en concepto de “tasa municipal”. Si el consumo era de $1 millón, la tasa debía calcularse aplicando 10% sobre este importe ($100.000). Esta situación ha llevado a que muchos municipios recauden importes muy grandes que ninguna relación tienen con el servicio que prestan.
De allí que hayan reaccionado tan abruptamente. No obstante, la Provincia de Córdoba no hace más que propender al fiel cumplimiento de la ley y la Constitución y a aportar al cumplimiento de las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos, cuyo acatamiento es imperativo (Res. 476, CFI, 20/8/2010; CSJN, Fallos: 302:150; 317:1548, etcétera).

Nada puede recriminársele con esta decisión sino todo lo contrario. Los municipios deben ajustarse a lo que manda la ley y dejar de emplear su imaginación para recaudar o crear nuevas tasas que, como lo viene sosteniendo la Corte nacional, no superan el mínimo test de constitucionalidad.
El “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento” establece que las provincias deben: “Promover la derogación de las tasas municipales que afecten a idénticos hechos económicos, adoptándose un criterio similar para las tasas municipales que no constituyeran una retribución por los servicios prestado o que excedieran el costo de su prestación”.
Este mismo compromiso ha sido ratificado con el Pacto Fiscal firmado en el año 2018. La decisión adoptada por el Gobierno cordobés promueve este deber y evitará la continuidad de litigios cuya suerte ya está echada hace años: la pérdida de los juicios con todo lo que ello implica.

(*) Director y profesor de posgrado en las universidades de Belgrano, UNC, UCC y UBA

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