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El Sistema Nacional de Docentes Investigadores

Por Aníbal Paz *

El Sistema Nacional de Docentes Investigadores (Sidiun), recientemente creado por la resolución ministerial 1216/19, aún no se está aplicando y ya ha generado voces a favor y en contra y algunos interrogantes jurídicos.
Desde el lado de lo positivo, podemos advertir que la iniciativa tiene por finalidad agilizar, modernizar y unificar criterios de evaluaciones de las convocatorias, con el objetivo de jerarquizar la investigación científica en ámbitos universitarios. Se ha dicho que viene a perfeccionar el viejo sistema de incentivos, creando una verdadera carrera de investigación en las universidades de todo el país. En un solo sistema quedan englobadas las actividades de investigación de universidades públicas y privadas.

Si bien en ámbitos académicos y desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) parece haber un consenso generalizado en las bondades del sistema, se ha resaltado que aún no existen partidas presupuestarias específicas para el Sidiun, ni mayores precisiones acerca de su implementación.
El arco gremial señalado en el apartado anterior, en tanto, expresa con preocupación que -por un lado- se tiende a la unificación de universidades públicas con privadas, y que en consecuencia el Sidiun privilegiaría criterios de productividad, mercantilistas e individualistas de la producción científica, en desmedro de la excelencia académica y de la autonomía universitaria y con descuido del rol social.
Por otro lado, se advierte que se estaría creando una carrera de investigación docente, y nuevas categorías, lo que supondría una violación al convenio colectivo de trabajo (CCT) del sector docente (Dec. 1246/15), y que todo lo actuado ha sido decidido sin la necesaria participación gremial.
Dejando de lado las connotaciones ideológicas que pueden haber teñido la apreciación sobre el Sidiun, es cierto que hay cuestiones sobre las que merece reflexionarse en términos jurídicos.

En primer término con respecto a las críticas que giran en torno a las modificaciones unilaterales a las condiciones de trabajo fijadas en el CCT, por haberse definido sin participación gremial, recordemos que en fecha reciente en la causa “Rodríguez, Silvia Carlota c/ Universidad Nacional del Nordeste s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24521” la Cámara Federal de Corrientes se estableció que el CCT debe prevalecer frente al resto de la normativa universitaria y, por ende, sus preceptos deberán cotejarse con el alcance del Sidun, establecido mediante una norma de rango inferior: “Corresponde ahondar un poco más acerca del Convenio que vengo citando.
Ha sido conocido públicamente que fue negociado, no sin serias complicaciones -al decir del Dr. Aníbal Paz- uno de los abogados asesores durante todo el proceso de negociación, en su trabajo publicado el 14 de septiembre de 2015 Análisis del nuevo convenio colectivo para docentes universitarios y preuniversitarios”, (…) es conocido que como el texto acordado del CCT entraba en directa colisión con la normativa universitaria, todas las universidades presentaron reservas a él y solicitaron a la autoridad de aplicación que el decreto presidencial homologatorio incluyera las reservas, las que no fueron incluidas.

Por ello se puede concluir que el Convenio Colectivo de Trabajo puso punto final a casi cinco años de negociaciones paritarias, el cual al haber sido homologado le otorga un carácter normativo superior a los propios Estatutos Universitarios y por ende, superior a las ordenanzas y resoluciones dictadas en consecuencia de éstos”
En segundo término, las críticas refieren a que tanto los objetivos como las tradiciones institucionales difieren notoriamente entre públicas y privadas, y hacen hincapié en serios reparos que generan algunas de las últimas en torno a su calidad académica.
Siendo que todos los investigadores serán evaluados por un único sistema integrado por investigadores pertenecientes a ambos paradigmas, se han generado razonables interrogantes relativos a los criterios a utilizarse en las evaluaciones de cada convocatoria. Así, no deberá soslayarse lo dispuesto en el Art. 1º de la Ley 25200 de instancias evaluadora, en tanto prescribe que: “Los criterios, resultados y argumentos que fundamentan las calificaciones y clasificaciones de los resultados de (…) instancias de evaluación de los docentes, de los investigadores, (…) de instituciones públicas de educación superior y de organismos del sistema nacional de ciencia y tecnología, deberán ser informados a la persona evaluada por la institución evaluadora”.
En tercer término, el Sidiun incorpora a los científicos e investigadores de las universidades privadas al mismo sistema que los de las públicas.

Esta circunstancia, sumada al hecho de que todos en definitiva pertenecen al mismo sistema universitario nacional, nos coloca ante una interrogante: ¿deberían los investigadores de universidades privadas ser incorporados al régimen jubilatorio especial previsto por el Dec. 160/05? En definitiva, cumplen las mismas tareas, las cuales tienen análoga relevancia para el Estado.
Recordemos que los docentes universitarios privados son el único subsector docente que a la fecha carece de un régimen jubilatorio especial específico.
En breve repaso, los regímenes especiales son: el decreto 137/05 comprende a Docentes de Nivel Primario, Secundario, Terciario, Preuniversitarios, Superior No Universitario, Personal Civil Docente de Fuerzas Armadas. Se incluye además en éste régimen a los docentes transferidos a las provincias, cuya caja otorgante deba ser la Nación, y a los Docentes de Educación Especial, y de “Zona muy desfavorable”. En todos los casos puede tratarse de docentes de establecimientos de gestión pública o privada adscritos a la enseñanza oficial. La ley 26508, en tanto, incluye a los Docentes Universitarios de Universidades Nacionales.

Por último, y en lo que nos interesa para el presente análisis, el decreto 160/05 incluye a investigadores y científicos de instituciones de la talla de Conicet, INTA, INTI, Inidep, Segemar, Anils, Conea (CNEA), Conae, Citedef, (Citefa) e INA (INCyTH) y a los Docentes Universitarios Investigadores con dedicación Exclusiva en Universidades Nacionales. Es en este último precepto que nos surge el interrogante:
¿Un docente universitario privado, con dedicación completa o exclusiva, que quede categorizado en el Sidiun, podría acudir a la Justicia para que se reconozca su derecho a una jubilación por el régimen especial en cuestión?
Ya hemos visto que no resulta obstáculo el carácter privado de tales servicios, y además existe variada jurisprudencia que permite a investigadores de empresas como Invap o Nucleoeléctrica acceder a dicho régimen, aun cuando no se hayan realizado los aportes personales diferenciales, que podrían ser deducidos a posteriori.

Sin haber agotado en su totalidad ni los aspectos positivos, ni de los cuestionamientos al Sidiun, podemos adelantar que se generarán algunos interesantes debates jurídicos que intentaremos discernir con mayor profundidad en otro comentario más específico.
En otro orden de ideas, el conflictivo escenario salarial generado por los vaivenes económicos de 2018 trasladó sus efectos no sólo a los jubilados del sector, que en su pauta de movilidad jubilatoria se vieron afectados, por cuanto el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales (Ripdun) refleja la pérdida de poder adquisitivo de los activos, sino que también se proyecta a quienes han iniciado sus trámites previsionales, o están próximos a hacerlo. En todos los casos esos perjuicios no tardarán en llegar a los estrados judiciales.

* Abogado. Especialista en derecho previsional

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