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El proyecto de Reforma Laboral y sus implicancias en la Seguridad Social

Por Aníbal Paz (*)

En apretada síntesis, el proyecto (ley 1381/S/18 )de Reforma Laboral pretende modificar el mecanismo de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa, eliminando de la base para su cálculo “el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimientos de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador”, lo que ciertamente conduce a la reducción del monto indemnizatorio en relación con el régimen actualmente vigente y difiere de numerosos y actuales criterios pretorianos.
Asimismo, se plantea la creación de un Fondo de Cese Laboral de alcance sectorial con necesaria intervención sindical, que asuma el peso de las indemnizaciones por despidos incausados, y la modificación al principio de irrenunciabilidad, que es estructural del derecho del trabajo, permitiéndose la renuncia a ciertos caracteres esenciales del contrato de trabajo mediando homologación. En lo estrictamente tocante al derecho de la seguridad social, advertimos el impacto que tendrá la reforma, dividida en los tres proyectos mencionados, entre otros, en los siguientes aspectos:

A) Por un lado, se promueve la lucha contra la evasión en materia de aportes destinados a los subsistemas de la seguridad social y, por el otro, se permite la regularización del empleo no registrado, por el plazo de 360 días, que se contarán a partir de la reglamentación de la ley aún embrionaria, lo que se ha dado en llamar el blanqueo laboral.
Se permitirá, entonces, la condonación de la deuda por capital e intereses debida a falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social, esto es al SIPA (ley 24241), al INSSJP (ley N° 19032), al Seguro de Salud (ley N° 23661), al Fondo Nacional de Empleo (ley N° 24013) y al Régimen de Asignaciones Familiares (ley N° 24714). De ello se desprende que no se condonarán las deudas referidas al régimen de riesgos del trabajo, ley 24557. Los empleadores que efectúen el blanqueo dentro del plazo de 180 días desde la fecha de vigencia de la norma, una vez operativa la reglamentación, gozarán del 100% de condonaciones, mientras que quienes lo realicen con posterioridad sólo gozarán de 70% de éstas. Los trabajadores “blanqueados” tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes (o menos, si es que se los blanquea por menor tiempo), calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, a fin de adquirir el derecho a la Prestación Básica Universal (PBU) de ley 24241 y la Prestación por Desempleo del Art. 113 de la ley N° 24013. Los meses regularizados no serán considerados respecto de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) y no se computarán para el cálculo del haber de la PAP ni de la Prestación Compensatoria (PC). Es decir, no tendrán incidencia en la cuantía del haber ni servirán a los fines de la compensación por exceso de servicios. Habrá que estarse a la futura aprobación, primero, y -luego- a la reglamentación de la norma bajo exégesis para poder determinar el verdadero alcance del blanqueo en este punto. Obviamente, se extinguirán las acciones penales y multas previstas legalmente para quienes adhieran a la regularización.

B) Se prevé la creación de un Fondo de Desempleo ampliado para las empresas en proceso de transformación productiva. También se prevé para ciertos supuestos la posibilidad de percibir en pago único las prestaciones por desempleo de ley 24103, como complementario al Fondo de Cese Laboral, o de ingreso al trabajo en cooperativas.
C) Se prevé la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), cuya función principal será determinar qué prestaciones deben incluirse en el Programa Médico Obligatorio (PMO), así como ser órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Es decir, se trata de una consulta o paso procesal (¿previo?) que deberá agotarse, por ejemplo, en acciones judiciales por denegatoria de prestaciones, lo que -dependiendo de la reglamentación- podría ser un obstáculo a la tutela judicial efectiva y oportuna, máxime en caso de amparos urgentes. Deberá tenerse especial cuidado en la reglamentación sobre este punto.
D) En cuanto al nuevo régimen de pasantías, que pasaría a llamarse “Práctica Formativa”, queda establecida la obligatoriedad de que los practicantes tengan cobertura de salud y riesgos del trabajo.

Conclusión
Aún resulta demasiado prematuro pronunciarse categóricamente sobre los aspectos señalados, ya que, como primera medida, el paquete de proyectos debe sortear las Cámaras del Congreso, en lo que se prevé un debate ríspido. De ello surge la clara posibilidad de que el texto de la ley difiera notoriamente del proyecto original.
Por otro lado, una vez promulgados estos proyectos, deberemos prestar atención a la reglamentación para recién entonces estudiar detenidamente las normas en juego y efectuar un análisis exhaustivo y pronunciarnos concluyentemente.

(*) Abogado. Especialista en temas previsionales

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