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El alarmante crecimiento de la corrupción en América Latina

Por Salvador Treber. Economista. Prof. de Posgrado FCE-UNC

En el ámbito de los expertos en esta materia, resulta muy notorio que el tema genera muy honda preocupación pues la corrupción se viene acrecentando cada vez más, sin que en las esferas gubernamentales haya siquiera tomado debida nota de ello.
Dentro de los 33 países que coexisten en el área latinoamericana, los que son realmente conscientes de lo que significa esta verdadera lacra no parecen ser tantos. Ello surge notoriamente por la diversa forma de actuar que se advierte en el seno de sus respectivos equipos de gobierno, así como la extensión programática y territorial de dichas gestiones.
Es frecuente que prefieran “mirar para otro lado” en actitud de virtual rechazo a concebir y poner en acción un programa específico destinado a combatirla exitosamente. Los funcionarios deberían poner todo su empeño y actuar con diligencia pero la penosa realidad es que no muestran mucho interés en extremar recursos; además, son muy escasos los procedimientos para frenar y obligar a retroceder a quienes hacen del delito su medio de vida.

No queda claro cuáles han sido los factores coadyuvantes que han convertido a Latinoamérica en una de las zonas más propicias para el desarrollo de la corrupción y el delito, tanto en el seno de la sociedad civil como en el sector público. Ello requiere disponerse a enfrentar una acción sostenida en pos de mejorar el clima social que caracteriza el momento actual.
Es obvio que en América Latina es una tarea prioritaria orientar a consolidar sus instituciones y tornarlas cada vez más creíbles. La calidad de los fallos de la justicia deben hacer gala de la más absoluta equidad y desinterés económico sin admitir intromisiones del poder político. Para llegar a ese nivel se debe no sólo disponer de una adecuada capacidad de recursos financieros sino una elevada formación en las ciencias jurídicas y disposición para siempre esforzarse para mantenerse actualizado en tales ámbitos. Además, deben actuar con modestia, no vacilando en consultar a peritos calificados respecto de temas que sólo son investigados por los más especializados.

Debe procurarse cerrar lo más posible los múltiples “vacíos institucionales”, aspecto que sigue preocupando aún en los países reconocidos como los más avanzados en la materia. El apoyo y reconocimiento de los diversos sectores deben fundarse en el máximo grado de formación y ecuanimidad, así como en jueces reconocidos por la independencia con que actúan para la confección de resoluciones y sentencias sólidamente fundadas. Es de elogiar la loable decisión que impulsó la creación de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), con sede en Berlín, que actualmente preside la eminente jurista argentina Delia Ferreira Rubio.

Problemática muy difundida en el área
Un ejemplo muy sugestivo al respecto corresponde a nuestro gran país vecino Brasil, donde -pese a las recientes revelaciones en el reconocido sitio The Intercept, resulta meritorio que no hayan vacilado en publicar los comprometedores mensajes enviados por el juez Moro y varios de los fiscales que intervinieron durante todo el período en que se seguía juzgando a dos de los hasta entonces más prestigiosos ex presidentes, que lograron el apoyo unánime de la población, y un enérgico repudio por los falsos cargos formulados.
La llamada “Operación Lava Jato” despertó fundadas sospechas respecto al grado de imparcialidad; por lo tanto constituye una plausible novedad que la población haya expresado por medio de diversos medios su insatisfacción y malestar por la acción de jueces que, además de vastos conocimientos y elevado grado de honestidad, debieron abundar en detalles para compensar una muy escasa convicción para decidir sin reparar en ningún tipo de injustificadas expresiones y/o intereses personales que pretendían hacer primar dolosamente.

En el ámbito de un prefabricado clima artificialmente caldeado llamó la atención que no se hayan adoptado medidas adecuadas para garantizar eficazmente la indispensable erradicación de la corrupción reinante en las esferas del Poder Judicial pese a que existían palmarias pruebas sobre dicho doloso accionar de jueces que debían haber actuado de forma muy diversa. Es muy significativo que un candidato se haya impuesto en las últimas elecciones enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. El grado de preocupación es muy elevado y sólo ello puede explicar que se haya creado un organismo denominado Sistema Nacional Anticorrupción para satisfacen algo la presión y reclamos de la población.
Las acciones dirigidas a eliminar la corrupción en México han pasado a ser motivo de gran interés y unánime apoyo popular y son harto frecuentes los enfrentamientos entre quienes sostienen posiciones muy diversas e inobjetables entre ellas. El director de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), que arremete contra la corrupción mediante campañas digitales estratégicas, aplaudió reiterada y sonoramente el que se haya designado a un muy respetado jurista especializado en esa área como primer fiscal; pues es muy alarmante el notorio incremento de este flagelo en diferentes ámbitos del país mexicano. Ello prueba el alto grado de preocupación actual que existe y deja sin explicación válida la tarea de investigar a fondo las causas de que ello haya proliferado en tal medida.

En Colombia, donde el panorama no difería mucho, la oportuna y ejemplar gestión de la prensa escrita logró revelar los vínculos que mediaban entre el fiscal general con uno de los principales integrantes locales de Odebrecht que estaban empeñados en interferir todas las acciones orientadas a la detención de tales operadores. Al respecto, dicho funcionario resistió la presión de manifestantes que pretendieron ejercer sobre su actuación. Ello se intensificó cuando se produjeron dos sospechosas operaciones del denominado Grupo Azul. La negativa a extraditar a Estados Unidos de un viejo líder del mismo provocó la indignada renuncia del juez que en su momento suscribió dicha resolución.
Algo bastante semejante ha venido sucediendo en Ecuador, dado que el fiscal General solicitó varias prisiones preventivas por el delito de corrupción agravada pero ello se combinó, dolosa e injustificadamente, con un pedido de detención del último ex presidente para tratar de evitar que aspire a intervenir en el próximo acto electoral.
También en Perú se viene librando una intensa confrontación con bandas de delincuentes que operan en forma coordinada con las de los países vecinos. El gobierno parece haber tomado plena conciencia de dicha problemática al haber sido elegido un ex procurador General de la Nación, pese a la vigencia de una crisis, ante la sospechosa inacción del que estaba ocupando dicho cargo. El actual presidente, Martín Vizcarra, ha decidido encabezar una intensa y generalizada acción que los precedentes no parecen haber estado dispuestos a impulsar. La amplia y sostenida gestión actual de “limpieza” encarada, pese a quién pese, ya ha comenzado a proporcionar avances considerables.

La extensión delictiva al Sur
En América Central y Las Antillas se puede advertir que en República Dominicana han proliferado las “marchas verdes” en demanda de que se proceda a eliminar los grupos que en dicho territorio operan como “tentáculos terminales” del caso Odebrecht. A su vez, en Guatemala se está intentando implementar conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), creada mediante un acuerdo con la ONU, una profunda investigación respecto del sonado escándalo que provocó la reciente irremediable caída del primer mandatario en ejercicio que pretendía disputar con otros dos aspirantes sus pretensiones de reelección para volver a desempeñar el máximo sitial de su Gobierno.
En cuanto a Argentina, la lucha contra la corrupción ha permitido formular denuncias muy concretas y específicas contra varios funcionarios descubiertos en tales actitudes. Se debe mencionar como eje de ellas las referidas a la denominada “causa de los cuadernos”, por la cual se viene examinando todo lo actuado en tal escenario; pero sólo hasta la finalización de la gestión presidencial precedente. No la han extendido a la actual cuya normal finalización prevista reglamentariamente, tras cuatro años de gestión, será el próximo 9 de diciembre pero que aparece como sospechosamente “intocable” para quienes se hicieron cargo de esa investigación.

Los referidos y muy famosos “cuadernos” versan específicamente sobre presuntas coimas por hechos sucedidos durante tres mandatos presidenciales consecutivos y no se extienden más allá del 9 de diciembre 2o15. Debe recordarse que sólo se trata de fotocopias pues el chofer que dice haberlas confeccionado, arguye que luego de obtener estas últimas procedió a destruir los originales sin dar explicaciones de ninguna índole que lo pueda haber llevado a la adopción de dicha actitud. Tampoco es fácil admitir que un simple chofer haya operado como un virtual investigador sin serlo en la vida diaria. Por lo tanto, es altamente probable que finalmente todo sea archivado sin formular, sólo con base en ellas, cargos concretos que converjan a un juicio formal y respectivo fallo judicial debido a que dicha fuente nunca antes fue admitida como tal sin poder cotejarlas con las originales.
Según la versión, a bordo de un automóvil, dice haber transportado muchos millones de dólares en sendos bolsos; aunque no explica por qué durante varios años habría actuado como cómplice indispensable sin objetar nada y llegó a detallar minuciosamente este accionar durante tantos años. Estos ocho cuadernos serían generados por supuestas muy voluminosas coimas para la adjudicación de obras públicas, en un circuito manifiestamente ilegal y con una descripción de las obras que las habrían provocado.

El material llegó al ámbito judicial con marcado atraso, por medio de una fuente no revelada que debió estar muy vinculada a dicho chofer y también a un funcionario que trabaja en uno de los principales diarios de nuestro país. Tampoco se conocen las causas por las que habría actuado de tal manera pues ello es más propio de un investigador policial que de un periodista que para calmar no aprovecha la virtual primicia. Todo muy raro y para pensarlo… aprovecha la virtual primicia. Todo muy raro y para pensarlo…

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