Opinión, Tributos

El ajuste por inflación, ¿un nuevo golpe para el Gobierno?

La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo según el cual diferir en tres años el ajuste por inflación para el cálculo del impuesto a las Ganancias resultó confiscatorio. La decisión  de rechazar el recurso presentado contra la sentencia no fija la posición del Máximo Tribunal sobre la materia, destacó el tributarista Marcos Sequeira

Se ha publicitado, con grandes títulos, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme una sentencia según la cual es confiscatorio diferir en tres años el ajuste por inflación para el cálculo del impuesto a las Ganancias. La causa está caratulada como “F. y A. Basile Saiciei SA Ind. Comercial e Inmobiliaria c/AFIP s/Acción Declarativa de certeza” (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 21/08/21). «Factor» suplemento de Comercio y Justicia dialogó con Marcos A. Sequeira, profesor de posgrado en diversas universidades, expositor y conferencista, quien opinó sobre el fallo y sus efectos. 

¿Qué implicancia tiene este fallo?

Poco y nada, pues, si bien la cámara se expidió sobre la confiscatoriedad del mecanismo de ajuste y el diferimiento en cuotas, la CSJN solamente rechazó el recurso presentado contra esa sentencia.

Ese rechazo de ninguna manera puede interpretarse como si el Máximo Tribunal estuviese de acuerdo -o no- con la sentencia dictada en la instancia precedente. De acuerdo con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte, según su “sana discreción”, y con la “sola invocación de esta norma”, tiene facultades para rechazar el recurso extraordinario, “(…) por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. 

¿Cuál es el motivo por el cual se ha difundido esta resolución con tanta vehemencia? 

En síntesis, la sentencia -cuya revisión descarta la Corte- reconoce que, para el periodo fiscal 2018, la empresa demandante tiene derecho a imputar el 100% del ajuste por inflación en su declaración jurada del impuesto a las Ganancias, sin tener que diferirlo en cuotas, y pese a que la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, no superó 55%. De acuerdo con la ley del tributo, al resultar el IPC de 47,60 % -inferior al 55% antes mencionado-, no correspondería aplicar ajuste alguno.

El otro punto, sobre el cual se ha difundido tan efusivamente esta resolución, finca en la importancia de la pericia contable como medio para acreditar la confiscatoriedad. En este caso, el informe contable demuestra que la “tasa efectiva” resultante sobre la ganancia sujeta a impuesto, sin utilizar métodos correctivos de inflación, es de 51,73% y que mal podría sostenerse que un porcentaje superior a 50% no es confiscatorio. Para “salvar” la doctrina de la Corte en la causa “Candy”, en la que se resolvió que 62% era confiscatorio, la cámara dijo, con buen criterio, que lo determinante es que la alícuota efectiva a ingresar sin aplicación del mecanismo de ajuste por inflación insuma una “sustancial porción de las rentas obtenidas”. 

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Otros especialistas en la materia han señalado la importancia de la prueba pericial. ¿Esto es así?

Desde ya, el informe de profesionales expertos en la materia es de trascendencia superlativa. No obstante, voy a comentarle cómo surge esta cuestión. En un primer momento, la Corte rechazó las demandas, con sustento en que se trataba de un problema de política fiscal, ajeno a su competencia.

Poco tiempo después, el Tribunal Cimero modificó su criterio, declarando la inconstitucionalidad de la prohibición de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación, cuando la tasa efectiva evidencia su confiscatoriedad. Este segundo momento dio origen a que un número muy importante de contribuyentes iniciaran demandas para que se las habilite a aplicarlo, y las que ya habían pagado sin ajuste, demandaron la devolución del pago en exceso -sin causa-. 

Ante ese panorama, la Corte modificó de nuevo su criterio, fijando que la prueba de la confiscatoriedad solo podía acreditarse con una pericia técnica contable, lo que dejó a muchos contribuyentes en situación de desamparo, debido a que, en la inmensa mayoría, la prueba presentada eran dos declaraciones juradas: una sin considerar el ajuste por inflación y otra considerándolo.

Por ende, sabiendo que esa prueba era insuficiente, un gran número desistió de las demandas.

¿Cuál sería la utilidad de esta sentencia para otras empresas que están atravesando situaciones semejantes?

Lo primero para responderle es de nuevo poner de resalto que no es una sentencia de la CSJN. Se trata de una sentencia proveniente de la Cámara Federal de Apelaciones.

Insisto, el rechazo del recurso extraordinario, o recurso directo, o recurso de queja; no fija la posición de nuestro Máximo Tribunal. 

Sin embargo, como lo han manifestado otros especialistas, abre una luz de esperanza; porque la Corte, en lugar de rechazar el recurso, podría haberse abocado al caso y decidir en contra del contribuyente. Hay, ciertamente, un “mensaje implícito” de la Corte federal.

Pero lo ideal habría sido que este mensaje fuese “explícito”. Aun así, hay que volver a poner el acento en que las sentencias de la Corte no son de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores. Pese a que este tribunal tiene dicho que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal, “(…) en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (…)». (Fallos: 303:917; 329:4360; 323:555; 321:3201, entre muchos otros); esa doctrina no es la que surge de nuestro régimen constitucional. De allí que haya tribunales que la descartan de plano. 

Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los últimos 20 años revirtió su postura contraria a la vinculatoriedad, al afirmar: «La obligatoriedad general de las doctrinas de la CSJN implicaría introducir un componente externo dentro del sistema del art. 31 de la Constitución Nacional», siendo que el art. 100 limita su competencia a las causas particulares en que intervenga y el art. 101 se refiere a «casos» en que ejercerá su jurisdicción. Según esta antigua concepción, se dejaría a salvo, por medio del correspondiente remedio federal, «la posibilidad de que las partes lleven a la Corte Suprema de la Nación toda interpretación de otros tribunales que no coincida con sus doctrinas y así puedan obtener -si la Corte Suprema no cambiara su integración ni modificara tales doctrinas-, en el caso concreto, la reiteración de sus criterios y la eventual rectificación de las sentencias recurridas» (SCJ de la Provincia de Buenos Aires, “Leiva, Horacio y otros c. Swift Armour S.A.”, 06/07/1984, LL DT, 1984-B, 1436, AR/JUR/26/1984; “Olivera, Enrique”, 29/09/1992, DJ 1993-1, 972, AR/JUR/1204/1992; etc). 

Es claro que las sentencias de la CSJN no son “vinculantes” para los tribunales inferiores ¿Qué sucede con las sentencias de los tribunales internacionales?

En cuanto a la relación de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las de los jueces nacionales, si bien existe un cambio en aras de otorgar preeminencia verticalista al respecto, no puede perderse de vista que cada uno de los Estados que forman parte de una convención poseen características propias con sociedades y costumbres distintas a las otras, inclusive, al interior de los mismos países.

Desde ya, la idea de una interpretación única convencional resulta atractiva, pero, en definitiva, el límite deberá ser la mirada individual de cada caso en concreto con búsqueda de la sentencia que le corresponda a derecho. 

A propósito de su pregunta, es bueno citar que dentro del marco de la causa «Mohamed», por la cual la República Argentina resultó condenada, nuevamente, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 por violación del derecho del señor Oscar Alberto Mohamed a recurrir un fallo condenatorio de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, emanado del artículo 8.2.h de la Convención Americana, la Corte nacional afianzó esta línea que venía sosteniendo, al dictar una nueva resolución, el día 25 de marzo de 2015, señalando que «a partir de la reforma constitucional de 1994, y de acuerdo con lo dispuesto en el art.75, inc. 22°, de la norma fundamental, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciadas en causas en las que el Estado argentino sea parte deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación» (Expediente N° 4499/13, Caso N° 11618 «Mohamed vs Argentina» -CIDH- Obligatoriedad de su cumplimiento – Intervención de la Corte Suprema (marzo 2014) -Reconstrucción del expediente- Designación de nueva Sala Poder Judicial de la Nación). Esta misma postura ha sido con anterioridad emitida por la Corte internacional.

Se trata de una problemática de Derecho Internacional que prefiero dejar para los expertos. Por mi lado, vuelvo a subrayar que las sentencias de la Corte no obligan a los tribunales de los cuales nuestro Máximo Tribunal es el máximo intérprete de la Constitución Nacional y de los derechos internacionales; y que la causa por la que me formula esta entrevista no tiene los alcances por las que se la ha publicitado con tanto énfasis. 

Delito de lavado de activos

En tanto, el entrevistado analiza el tipo objetivo del delito de lavado de activos por medio de un análisis exhaustivo del significado de los términos de la Teoría del Tipo, valiéndose de la figura del “Homicidio Simple”, para esclarecer su aplicación en los Delitos contra el Orden Económico y Financiero (Arts. 303 y ss. del Código Penal, legislación sobre Lavado de Activos), y los Delitos Penales Tributarios y Previsionales (Ley 27430), en el Nº 1576 de la revista Errepar Córdoba. 

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