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Cuando la justicia es injusticia

 Por Marcos Sequeira (*)

Hace escasos días, anoté la sentencia en la cual un ciudadano peruano robó dos envases de shampoo en un supermercado porteño, causando un daño estimado en $50. Por ese delito, la Justicia lo condenó a cumplir una pena de prisión efectiva de dos meses.
Para quienes tengan interés en abundar, la causa se caratula como “Marcos Antonio Iparraguirre Sanoni s/ Hurto Simple” y fue resuelta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal, según sentencia del 23 de febrero de 2018.
Luego de un proceso que se inició con la denuncia, la actuación de la policía, del defensor oficial, del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal Oral, este señor, de 52 años, fue imputado y condenado por el delito de hurto simple (artículos 45 y 162 del Código Penal de la Nación). Cumplió su pena y recuperó la libertad hace escasos días.
La sentencia del Tribunal es impecable y solo encontré un punto para observar (crítica constructiva): Iparraguirre Sanoni ingresó a nuestro país de manera ilegal y ya tenía una condena previa (pasó a ser reincidente). Por ese motivo, interpreto que lo correcto habría sido aplicar primero la Ley de Migraciones 25871 y solicitar su inmediata expulsión. De este modo se habría evitado un juicio penal por el nimio motivo del robo de dos envases de shampoo.
A la par que escribía este comentario, me sorprendió la noticia de que Cristóbal López y su socio, Fabián de Souza, fueron excarcelados y, además se les modificó la acusación, pasando de evasión tributaria, previsional y defraudación -en concurso real-, al delito de “retención indebida de fondos”.
Uno de los menos graves de la ley penal tributaria: establece una pena de dos a seis años, cuando esta normativa prevé penas de hasta 10 años. En otras palabras, de un pronóstico de penas de más de 20 años (de cumplimiento efectivo), se arribó a otra de hasta seis años (de cumplimiento condicional).

Lo paradojal es que la empresa que ambos -López y De Souza- dirigen se quedó con más de $10.000 millones, sólo de retenciones. Y la prisión preventiva que cumplieron fue de poco más de dos meses. Lo mismo que Iparraguirre Sanoni, el amigo peruano que hurtó $50.
En el caso de los integrantes del Grupo Indalo,ya han sucedido dos hechos notorios. Uno de ellos, es la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal, en contra de la modificación de la carátula y -consiguientemente- también de la acusación; y la otra ha quedado plasmada en la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Consejo de la Magistratura investigue si la conformación de los jueces de la Cámara se realizó de manera legal.

A la par, existe otro dato importante. Los interventores de Oil Combustibles, empresa en concurso de acreedores, unas de las 190 firmas que componen el Grupo Indalo, informaron que la continuidad de las operaciones es inviable.
En su informe precisan que no existe modo alguno de enfrentar el pago de la deuda preconcursal ni de afrontar la cancelación de las obligaciones posteriores a la apertura del proceso en cuestión. Ni siquiera la rentabilidad de la empresa permite pagar los sueldos de los empleados en relación de dependencia.
Otro dato curioso es que estos interventores solicitaron, en ese mismo escrito, que la AFIP les realice una “quita” en el monto de la deuda y además, habilite un plan especial de facilidades de pago.
Otro dato curioso que no puede dejar de señalarse ya que la AFIP (DGI) carece de facultades para realizar quitas y tampoco le es posible acordar ninguna clase de plan de facilidades de pago con relación al impuesto sobre los Combustibles.
Digo que es curioso porque no imagino a estos señores (ambos profesionales), realizando semejante pedido, en un caso tan difundido públicamente, sin antes haber leído la legislación vigente en la materia.

No obstante, el tema no termina aquí. Que la Corte nacional haya pedido “investigar” como se designó al “tercer juez” (Eduardo Farah) y que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ya haya nombrado para realizar esta investigación al representante de los jueces, Leónidas Moldes, es por lo menos una cuestión extraña. ¿Es posible que los ministros de nuestro Máximo Tribunal y los integrantes del Consejo de la Magistratura ignoren que en caso de empate tiene que efectuarse un sorteo para integrar la Sala? ¿Pueden ignorar el Reglamento de la Justicia Nacional que rige desde el 1 de febrero del año 1953?
Para rematar, salvo que se decrete la nulidad por la (ilegal) composición de la Sala de la Cámara que dictó el fallo, éste no es susceptible de ser modificado.
Ya que al no tratarse de “sentencias definitivas” y conforme asimismo a lo que tiene dicho la doctrina de la casación, esta resolución es inapelable, tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal, como también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (leyes 48, 4055 y Arts. 456, ss. y cs. de la ley 23984).

(*) Director de Posgrado de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires. Sede Córdoba).
Profesor de Posgrado de la UNC y UCC. Profesor UBA. Autor de 16 obras sobre Derecho Tributario

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