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Los efectos negativos de las recurrentes moratorias

Por Marcos González. Contador público UNC. Especialista en tributación UNC.

“Las moratorias van respondiendo a las necesidades del momento histórico y cada presidente tiene un promedio estimado de una por mandato. Su implementación recurrente afecta negativamente la recaudación pública a largo plazo por ser una influencia perjudicial en la conciencia tributaria de los contribuyentes, promoviendo finalmente el incumplimiento de las obligaciones fiscales”

Primero, es importante aclarar la diferencia que existe entre los planes de pago y las moratorias. Los primeros son una mera modalidad de pago en la que la Administración financia la deuda fiscal de los contribuyentes en cuotas para facilitar su cancelación sin que esto signifique una condonación de ningún tipo. La moratoria, por el contrario, implica siempre un beneficio extra al prorrateo del pago de una deuda, ya sea una condonación, eximición o reducción de intereses y/o multas.

Como planes de pago, tanto generales como específicos, a modo de ejemplo podemos mencionar el RAF (Régimen de Asistencia Financiera) instaurado por la resolución general (RG) 1276/02, el RAFA (Régimen de Asistencia Financiera Ampliada) de la RG 1678/04, el plan para obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras de las RG 1966/05, 2774/10, 3451/13, 3756/15, etcétera. Y de los actualmente vigentes, podemos nombrar al plan para la cancelación de las contribuciones patronales de la RG 4734/20, el de la refinanciación de planes caducos de la RG 4718/20, el plan de pagos permanentes de la RG 4268/18, el de Ganancias y Bienes Personales de la RG 4057/17, el del monotributo de la RG 4166/17 y el plan para la producción de peras y manzanas de la RG 4260/17.

Los planes de pago sirven como herramienta de recaudación para el Estado, sin resignar recursos y permitiendo el crecimiento de los contribuyentes ya que permite prorratear el pago de una deuda fiscal, a tasas generalmente más convenientes que las del mercado y con la posibilidad de evitar futuras sanciones por fiscalizaciones y determinaciones de oficio, y costos extras en procesos de ejecuciones fiscales.

Por el contrario, las moratorias implican siempre la resignación de recursos por parte del Estado, ya que conllevan implícito la condonación o reducción de intereses y/o multas, y hasta en algunos casos se ha llegado a condonar parte del impuesto adeudado.

Debemos tener en cuenta que al implementar una moratoria se generan dos efectos positivos importantes en el Organismo Fiscal. Primero: la deuda que el contribuyente regulariza voluntariamente allanándose a su discusión administrativa y judicial le permitirá recaudar obligaciones que quizás de otra manera el contribuyente podría no lograr cancelar. Además, si bien podría llevarle más tiempo recaudar el total, se evitaría realizar un procedimiento de fiscalización y determinación de oficio que podría generar más gastos, con la posibilidad de que el contribuyente se convierta en incobrable. Segundo: el acogimiento de deuda en planes de pago y moratorias es causal de interrupción de la prescripción, atento a que se trata de reconocimiento de deuda, que le otorga a la Administración un mayor plazo para poder reclamar los saldos adeudados.

Las moratorias impositivas de los últimos 20 años

Durante las últimas dos décadas, un total de siete moratorias fueron dictadas a nivel nacional:

 

 

-Decreto 93/00 -Boletín Oficial (BO) 27/01/00- para obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas, o infracciones cometidas al 31/10/1999 inclusive.

-Decreto 1384/01 (BO 02/11/01) para obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 30/09/2001 inclusive.

-Decreto 338/02 (BO 20/02/02) para obligaciones vencidas entre el 01/10/01 y el 31/01/02 excluyendo los intereses derivados de los aportes y contribuciones de obras sociales y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y las multas firmes y las obligaciones e infracciones vinculadas con regímenes promocionales.

En este punto hay que recordar que, en el año 2002, por medio de la ley 25678, se modifica la Ley de Procedimiento Tributario 11683, prohibiendo al Poder Ejecutivo la posibilidad de establecer moratorias que impliquen la eximición total o parcial del capital, intereses, multas y cualquier otra sanción por infracciones tributarias, con excepción de los regímenes de presentación espontánea del art. 113.

-Ley 26476 (BO 24/12/08). La misma ley que instauró el primer blanqueo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en su Título I había establecido un Régimen de regularización de impuestos y recursos de la seguridad social (excepto obras sociales) para obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31/12/07.

-Ley 27260 (BO 22/07/16). La misma ley de blanqueo que implementó el gobierno de Mauricio Macri, en su Libro II Título II estableció un Régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras vencidas al 31/05/16.

-Ley 27541 (BO 23/12/19 y aún vigente) contiene en su Título IV Capítulo I en Régimen de regularización para sujetos MiPyMES de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras vencidas al 30/11/2019.

-Ley 27562 (BO 26/08/20) que si bien técnicamente no se trata de una nueva moratoria sino de una modificación de la anterior ley 27541, lo cierto es que amplía el universo subjetivo, objetivo y temporal alcanzando a las obligaciones vencidas al 31/07/20 e infracciones relacionadas con dichas obligaciones

Podemos observar como durante el período de crisis 2000-2002 las moratorias se presentan en espacios de poco tiempo, apenas un poco menos de dos años separan al Decreto 93/00 del decreto 338/02 dejando en el medio al Decreto 1384/01.

Después de este período, comienzan a instaurarse varios planes de pago generales y específicos para determinadas actividades. Esta modalidad, que no resigna recaudación de multas e intereses, posibilitó el crecimiento de los contribuyentes y acompañó la recuperación económica paulatina que tuvo el país en el período 2003-2008.

Siete años después, en 2008, se crea por ley una nueva moratoria como medida preventiva ante la crisis mundial que se había desatado en 2007 en EEUU y que podía llegar a afectar la economía de nuestro país.

La de 2016 fue la primera que contempló beneficios a los contribuyentes cumplidores, marcando un precedente en este sentido, que se repitió en la última sancionada en  agosto, a pedido de la oposición.

Las últimas dos tuvieron como justificativo las crisis económicas de los últimos dos años y la causada por la pandemia del covid-19 respectivamente.

Como vemos, las moratorias van respondiendo a las necesidades del momento histórico y cada presidente tiene un promedio estimado de una por mandato.

La conciencia tributaria

 

Muchas han sido las definiciones que se han trazado alrededor de este concepto, pero la que mejor se adecúa a lo que aquí estamos analizando, fue la realizada por el catedrático peruano Dr. Mario Alva Matteucci en el año 1995 (1), el cual entendió a la conciencia tributaria como la “interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están insertados”.

Dicho de otra manera, la conciencia tributara hace que el contribuyente, en ejercicio de sus facultades, tenga el deseo de cumplir sus obligaciones fiscales sin intervención del poder coactivo del Estado, con el convencimiento que cumplir en tiempo y forma redundará finalmente en un beneficio común para la sociedad.

Sin lugar a dudas que la recaudación de los impuestos depende, en gran medida, de esta conciencia tributaria de la sociedad que los paga.

Conclusiones

Uno de los efectos negativos más importantes que genera la implementación recurrente de este tipo de medidas es la desigualdad manifiesta que se crea entre los contribuyentes cumplidores y aquellos que especulan con su futura puesta en marcha. Los contribuyentes saben que tarde o temprano el Estado emitirá una nueva moratoria que les permitirá regularizar su situación fiscal, lo que permite especular con el incumplimiento para aguardar los beneficios y facilidades que pueden otorgar estos regímenes.

Con las moratorias, el Estado resigna el ingreso de multas e intereses en pos de la regularización del capital adeudado por contribuyentes que especulan con la implementación cíclica de este tipo de herramientas, mientras que los contribuyentes que cumplen sus obligaciones se ven sometidos a la rigurosidad de las normas tributarias.

Cabe preguntarse entonces cuán beneficiosos son estos procesos para las partes. Sin dudas, esta herramienta trae ventajas de corto plazo tanto para el Fisco como para los contribuyentes, ya que hay un ingreso extraordinario de fondos y los incumplidores pagan la deuda con importantes descuentos y condonación de sanciones. Sin embargo, su implementación recurrente afecta negativamente la recaudación pública a largo plazo por ser una influencia perjudicial en la conciencia tributaria de los contribuyentes, promoviendo finalmente el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

Para finalizar, me gustaría citar las palabras del Camarista Dr. Juan Carlos Cafferata, a la hora de emitir sentencia en la causa  “Isola, Carlos Ariel” del 07/07/06 – Cam. Cont. Adm. 1ª Nominación Provincia de Córdoba-: “Resultaría saludable que en este país comenzara a considerarse la situación de quien, aunque tardíamente, cumple de manera voluntaria con sus obligaciones tributarias, brindándole un tratamiento que, al menos, no sea más perjudicial del que se asigna a los que se encuentran en situación más comprometida. Si se persiste en anteriores esquemas que terminan privilegiando a los más recalcitrantes incumplidores y castigando a los que demuestran una más adecuada conducta fiscal, se estará perdiendo una ocasión propicia para lograr el oportuno ingreso de los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado”.

Notas: 

1)Matteucci Mario A.: “La definición de conciencia tributaria y los mecanismos para crearla”-Artículo publicado en la Revista “Análisis Tributario” en julio de 1995. Volumen VIII Nº 90. Pág. 37 y 38.