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Las conflictivas relaciones del FMI con Argentina

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) -junto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento- luego denominado  Banco Mundial, cuando cumplió su objetivo inicial- fueron creados en 1944, pocos meses antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A integrarlos fueron convocados todos los países que constituían el bando victorioso pero Argentina no fue invitada, dado que -al mantenerse neutral hasta casi el final y exhibir su especial simpatía por Alemania- fue considerada una “potencia enemiga”. Cabe recordar que Brasil integró la alianza triunfante e incluso varios de sus batallones combatieron al desembarcarse en el sur de Italia.
Nuestra incorporación data recién del año 1948 y nunca fue objeto de un trato amable por parte de Estados Unidos. Esta actitud y distancia en las relaciones diplomáticas ha perdurado desde aquella época e incluso se agravó a partir de enero de 2006. Fue entonces que la conducción de nuestro país decidió mantenerse en dichas instituciones, aunque cancelando en un solo pago los US$9.850 millones que por entonces adeudaba por tres líneas de crédito de corto plazo otorgadas por el FMI.

Liberada de dichas obligaciones, ha sido Argentina uno de los pocos países que no permitió la auditoria anual que realiza el FMI a la mayoría de las naciones adheridas (quedan de hecho excluidos los identificados como “de altos ingresos”). Luego de celebrada la convocatoria a la sesión plenaria correspondiente al primer semestre de 2015 para mediados de abril, la conducción del citado organismo, dirigido en cuanto a su operatoria diaria por la francesa Christine Lagarde, por medio de una muy suscinta comunicación -que ofició de recordatorio y tuvo tono de reproche- rememoró una vez más que nuestro país ha incurrido, según su visión, en “una mora que ya se extiende por noventa meses”, sin que se les permita a sus funcionarios cumplir con la “obligación de someterse a la revisión y verificación de sus cuentas públicas”.

Otras observaciones de fuerte sentido crítico
Al mismo tiempo el FMI hizo conocer que el directorio había realizado un “debate informal” interno con el objeto de examinar lo más exhaustivamente posible “la marcha de la economía argentina”. Además, deja constancia de que el Gobierno local viene actuando antirreglamentariamente desde hace más de siete años, al no permitir se cumpla con esa tarea estatutaria que es característica de las funciones habituales que desempeña el FMI. Por su parte, el responsable de éste para la región, Alejandro Werner, hizo lo propio, dejando plena constancia de que dicha entidad “está lista” para realizar el trabajo para cuando las autoridades argentinas lo aprueben.
La negativa data del año 2006 y, para poder adoptar esa postura, el Gobierno argentino no vaciló en su momento en cancelar toda la deuda pendiente. Sin lugar a dudas, todo ello se hizo justamente para interrumpir las “visitas” de los funcionarios internacionales quienes, en la última comunicación, exponen que las inspecciones anuales son independientes del hecho de que haya deuda o no.

Es muy probable que la aceleración del proceso inflacionario y la decisión de no tomar medidas recesivas para contenerlo sean en parte las motivadoras de esa virtual suspensión; lo cual el FMI replicó emitiendo una “moción de censura”, hasta el momento nunca implementada, que está todavía en plena vigencia. Mediante un escueto contenido han informado que esa situación se extenderá hasta que dispongan de datos confiables que permitan conocer con certeza la verdadera situación de la economía argentina y seguirla sin ningún tipo de impedimentos.
Ante esta supuesta muestra de “buena voluntad”, aunque sin permitir la inspección, el Gobierno nacional “recogió el guante” lanzado en 2013 y le solicitó al FMI específicamente asesoramiento para elaborar un nuevo índice de precios al consumidor que pudiera sustituir el que regía. Los funcionarios superiores del Indec sabían muy bien las causas de esa circunstancia, ya que ellos lo habían implementado con fines que variaron sustancialmente en 2008, cuando comenzaron  a no expresar fielmente la realidad. También eran conscientes de la pérdida generalizada de confianza sufrida desde 2008 en adelante y que año a año fue  ampliándose cada vez más.
El comienzo de ese solicitado asesoramiento se tradujo en la llegada de especialistas en la materia que aportaron los nuevos lineamientos para confeccionar un índice de precios al consumidor que, entre otras virtudes, fuera de aplicación indiscutida en todo el país. A ese efecto se lo dividió en seis regiones lo más homogéneas posible, según la información de base recogida en ellas. Fue habilitado a comienzos de 2014 y a fines de abril de ese año se recibió un dictamen parcial favorable, aunque paralelamente reclamaron que se encarara una revisión y recálculo de las cuentas nacionales.

La paralela gestión de los grupos privados
En este ámbito se hizo caso omiso a lo actuado y continuaron divulgando estimaciones propias que, en ningún caso, fueron coincidentes ni estuvieron acompañadas de un detalle explicativo sobre la metodología utilizada, en especial la relativa a la recolección de datos que, en el caso del Indec, requiere el trabajo diario de aproximadamente un millar de encuestadores. El solo hecho de que sean nada menos que 19 los diversos cálculos que mensualmente se elaboran y divulgan a conocer, advirtiéndose entre ellos diferencias que llegan frecuentemente a más de 60%, constituye causal suficiente para dudar de todas ellos  pues sólo una podría estar en lo cierto, debiendo descalificarse todos los demás.
A todos ello debe agregarse que la elaboración del llamado “índice Congreso”, el cual surge de una media simple de los variados indicadores emanados de los múltiples equipos privados que mensualmente los difunden, pero que no hacen lo propio con los respectivos apoyos tecnológicos. Esa forma de conformar a todos incurriendo en una verdadera aberración estadística y que pretende presentarse como veraz, configura un engendro caprichosamente creado, impuesto al mercado por los empresarios pese a su absoluta falencia. Éste es utilizado en todo el arco político opositor como expresión de la realidad. Con sólo subrayar que tal modalidad no se aplica en ningún otro lugar del mundo, basta para descalificarlo sin vacilar.

Por su parte, la asesoría del FMI ha continuado su tarea y emitió un segundo dictamen parcial, a fines de agosto, que, salvo algunas observaciones de detalle, se constituyó en nueva convalidación de lo actuado hasta ese momento. Originalmente se convino en que la tarea de asesoramiento y revisión terminaría a fin de 2014 y que el dictamen final se divulgaría a fines de febrero de 2015. Dicha fecha fue luego extendida, primero por dos meses más y actualmente se negocia la permanencia del equipo del FMI por lo menos hasta fin de año, pero muy probablemente se amplíe por todo 2016.

La insistencia sobre viejas disidencias
El FMI insiste, y cada vez que puede lo reitera, en que no admite que se maniobre para no aplicar el “artículo IV” y en este tema, tan sólo por el transcurso de 18 meses sin gestionar la prevista auditoria periódica (anual), coloca al país que incurra en esa situación como pasible de estar en condición de “mora automática.” Dentro del área de América Latina sólo Venezuela -además de Argentina- ha adoptado esa tesitura; mientras en el resto del mundo, Siria, en Asia junto, con un reducido grupo de países africanos (vgr. Egipto, Eritrea, Somalia y Madagascar).
Plantean que se trata de una “consulta previamente pactada y convenida” que no obliga a adoptar medidas o programas de ninguna índole, siendo solamente una vía orgánica para disponer de información actualizada y fidedigna. Se advierte en los últimos meses una actitud más amigable del FMI y sus técnicos; en vez de acentuar las críticas como lo hacían en años anteriores, prefieren ahora sostener que “hay que seguir trabajando” en conjunto y se muestran propensos a continuar las tareas de asesoramiento y colaboración.

El hecho de que Argentina haya adoptado una actitud bastante más conciliatoria y llegado a un arreglo con los países que integran el llamado Club de París con el objeto de convenir montos y plazos para cancelar capital e intereses pendientes con cada uno de sus componentes ha sido un factor morigerador de críticas y también incidió para que el Banco Mundial movilizara créditos que durante alrededor de cuatro años permanecieron “congelados”. No obstante, tanto tiempo de distanciamiento deja huellas y aún suelen surgir ciertas controversias de menor cuantía.
Prueba de ello es el agrio debate suscitado en un panel realizado el 11 de mayo pasado en la ciudad de Washington, que integraba nuestra embajadora Cecilia Nahón, al defender la decisión del Gobierno de emitir bonos ajustables de acuerdo con la evolución futura del crecimiento anual de la economía, la principal y acerba crítica provino del editor para EEUU del Financial Times, Sam Fleming, al advertir sentenciosamente y con acentuado sarcasmo que “para que eso funcione se necesitan estadísticas confiables”.
La embajadora y el Premio Nobel de Economía, Joserph Stiglitz, también invitado, admitieron que ello había ocurrido antes pero ahora, según dejaron constancia, con el asesoramiento del FMI, se ha encarado eficazmente ese aspecto crucial. Dado que también estaban participando activamente idóneos exponentes del mercado financiero, los del ámbito académico y el propio FMI, la sesión fue esclarecedora para corregir la imagen que se venía criticando.

La mayor “novedad” consistió en la concurrencia de representantes pertenecientes a los denominados “fondos buitres”, que son siempre bien acogidos en tales ambientes. Su intención no era escuchar sino que fueron dispuestos a intervenir e intentar poner en aprietos a nuestra embajadora. Desde la primera pregunta -“¿no le iría mejor a la Argentina si no adoptara un trato menos conflictivo?”- procuraron hostigar.
Nahon respondió c on altura y solvencia, comenzando por  describir la modalidad operativa, según la cual se identifican como tales a los “fondos buitre”. En tono muy firme, puso luego en evidencia la forma en que el anciano juez neoyorquino Griesa, siguiendo una clara línea de apoyo a aquéllos, se ha constituido sin disimulo alguno en eje de un “escandaloso cambio de reglas”.
Es obvio que se ha pretendido respaldar sus pretensiones y convertirlos en únicos y excluyentes beneficiarios en desmedro de Argentina. Lo sintomático de esa controversia fue que, habiendo otros temas en el panel, la actuación del representante del FMI, Sean Hagan, no  interviniera en otros temas y, luego de describir la relación con Argentina, haya preferido mantenerse como el único que guardo un llamativo mutismo…

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