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“La exportación de servicios relacionados con investigación y conocimiento debe ser el norte de la política de desarrollo”

Los abogados especialistas Leopoldo Burghini y Andrés Piazza realizan un primer análisis de las cuestiones esenciales que otorga la reciente reglamentación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que lo pone en marcha. “Es una interesante oportunidad para rubros que han sido habilitados y para empresas y emprendimientos que no contaban con beneficios en el pasado”

LEOPOLDO BURGHINI
ANDRÉS PIAZZA

El pasado día 21 se oficializó el decreto 1034/20 mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) reglamentó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento que contiene interesantes beneficios fiscales para empresas de base tecnológica, así como las de exportación de servicios, consultoría, contabilidad hasta informáticos. Sobre el tema, Factor dialogó con Leopoldo Burghini, abogado especialista en derecho societario, y Andrés Piazza, abogado y especializado en derecho de Internet y consultor sobre gobernanza de Internet, quienes proporcionaron detalles de la nueva normativa.

¿Cómo quedó conformado el régimen normativo de la Economía del Conocimiento?

Leopoldo Burghini: El régimen normativo de la economía del conocimiento quedó conformado del siguiente modo: por una parte, tenemos la ley 27506 con las importantes reformas dispuestas por la ley 27570. Por otra parte, los decretos 818 del PEN, que promulgó parcialmente la última de las normas citadas y el recientemente dictado Nº 1034, que reglamentó la ley mediante un anexo. Por último, quedan pendientes las normas que dictará la autoridad de aplicación, que terminarán de aportar toda la información necesaria para conocer los procedimientos y documentación precisa que se deberá presentar para acceder al régimen.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al régimen?

Andrés Piazza: Recordemos que para acceder al régimen los beneficiarios deben acreditar que 70% de su facturación total del último año se genera a partir de las actividades promovidas y al menos dos de los siguientes requisitos: i) acreditar mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos o ii) acreditar la realización de inversiones en actividades de: a) capacitación de sus empleados y/o destinatarios en general, en temáticas relacionadas con la economía del conocimiento: uno por ciento para las micro empresas, dos por ciento para las pymes y cinco por ciento para las grandes o b) Investigación y desarrollo (que incluya novedad, originalidad y/o creatividad) en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos uno por ciento para las micro y dos por ciento para las pequeñas y medianas empresas y tres por ciento para las grandes empresas y iii) acreditar la realización de exportaciones de bienes y/o servicios que surjan del desarrollo de alguna de las actividades promovidas y/o del desarrollo y aplicación intensiva de las mismas, en un porcentaje respecto de su facturación total del último año de al menos cuatro por ciento para las micro, 10% para las pequeñas y medianas empresas, y 13% para las grandes empresas. Por otra parte, en el caso de emprendimientos nuevos, esto es, Micro empresas con antigüedad menor a tres años desde el inicio de actividades, para acceder al régimen sólo deben acreditar que desarrollan en el país, por cuenta propia y como actividad principal, alguna de las actividades promovidas.

¿Qué aporta la reglamentación en relación con ellos? 

Andrés Piazza: Antes de comentar lo relativo a estos puntos, creo que lo más destacable es que el decreto fija un derecho de exportación de cero por ciento a la exportación de las prestaciones de servicios, que sean efectuadas por los sujetos inscriptos en el “Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, aportando convicción de que la exportación de servicios relacionados con la investigación y conocimiento es el norte que debe guiar la política de desarrollo del país. Ya entrando en lo relativo a la reglamentación normativa, en relación con las mejoras continuas, la norma no aporta aún precisión, porque dispone que la autoridad de aplicación determinará los mecanismos admisibles para su acreditación. Sin embargo, en materia de capacitación, establece que entenderá como inversión a las erogaciones que la persona jurídica realice en términos de tiempo, dinero o recursos, que sean destinadas a la capacitación dada a su personal, así como a terceros interesados en acceder a ésta. Con relación al cómputo de la masa salarial correspondiente a capacitación, la norma excluye aquella que sea brindada a trabajadores que sean contratados bajo las modalidades de trabajo a plazo fijo, de temporada y eventual. La autoridad de aplicación queda facultada para excluir otras modalidades laborales de temporalidad acotada. Por otra parte, en relación con la inversión en actividades de investigación y desarrollo, la reglamentación establece que las actividades en las que se efectúen las inversiones por parte del beneficiario podrán ser ejecutadas por ellos mismos, o por medio de organismos, universidades o institutos públicos y/o privados, siempre que formen parte del Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas. En estos casos, estos últimos actuarán por cuenta y orden del beneficiario.

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Leopoldo Burghini: Con relación al requisito de las exportaciones, la norma establece que se entenderá cumplido cuando se correspondan con bienes y/o servicios desarrollados en el marco de alguna de las actividades previstas en el artículo 2° de la Ley de Economía del conocimiento y sean facturados mediante Factura tipo E o el comprobante que lo reemplace en el futuro. Por otra parte, para las microempresas con antigüedad inferior a tres años, la norma establece que, a los fines de acreditar el desarrollo de alguna de las actividades promovidas, deberán presentar una declaración jurada en los términos que establezca la autoridad de aplicación, que indique las actividades desarrolladas en el país, en carácter de principal y por cuenta propia, acompañando una descripción detallada de su modelo de negocios en dicha actividad. Por otra parte, en oportunidad de la sanción de la reforma, Andrés destacó que un elemento importante a considerar es la exclusión que se realiza de las actividades de autodesarrollo, que es el realizado por una persona jurídica para su propio uso o para empresas vinculadas societaria y/o económicamente, y en todos los casos revistiendo el carácter de usuario final. La reglamentación establece que por empresas vinculadas societaria y/o económicamente entiende a los supuestos contemplados en la Ley General de Sociedades y el artículo 14 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto es importante, porque si bien en la ley general de sociedades la vinculación queda circunscripta a aquellos casos en los cuales una sociedad participe en más del 10% del capital de otra, la norma fiscal tiene un largo listado de hipótesis que consideradas supuestos de vinculación. 

¿Qué valoración hacen de la norma?

Leopoldo Burghini: En primer lugar, debemos decir que lo expuesto constituye un primer análisis de las cuestiones esenciales que la reglamentación aporta, por lo cual se deberá analizar en detalle los demás puntos para conocer con precisión las exigencias establecidas. No obstante, es importante que se haya dictado la reglamentación de modo tal que pueda ponerse en marcha un régimen que debe guiar la política de desarrollo económico del país. Nuestro país tiene recursos humanos sumamente valiosos y el país debe fomentar que estos recursos permanezcan en el país contribuyendo a su desarrollo, porque de otro modo, la sociedad argentina realiza una gran inversión en desarrollo de capital humano, mediante universidades públicas de primer nivel y luego este capital emigra a países que conceden mejores oportunidades. 

Andrés Piazza: Como sostiene Leopoldo, es relevante que el año cierre con normativa dictada y reglamentación. Si bien sabemos que no alcanza con los instrumentos jurídicos para que la promoción industrial genere un impacto significativo en la economía del país, si hay una interesante oportunidad para los rubros que han sido habilitados en el nuevo régimen y para empresas o emprendimientos que no habían contado con esta clase de beneficios en el pasado. 

“El decreto 1034/20 fija un derecho de exportación de cero por ciento a la exportación de las prestaciones de servicios, que sean efectuadas por los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”

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