“Nos espera un 2022 con una importante suba en la presión fiscal”

Así lo expresó el especialista Marcos Sequeira, quien advirtió de que ésta aumentó -en las últimas dos décadas- 12 puntos del PBI y es la segunda más alta de Latinoamérica y graficó: 41% del total de la cuenta del supermercado representa un sinnúmero de gravámenes municipales, provinciales y nacionales, cuya participación ha ido in crescendo en los últimos años

El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, reafirmó que las metas previstas en el acuerdo firmado con ese organismo son “asequibles” y “cumplibles”. Entre esas metas, el preacuerdo prohíbe el aumento de la presión tributaria. “Factor” suplemento de Comercio y Justicia consultó sobre este tema a Marcos Sequeira, tributarista, profesor de posgrado en diversas universidades, expositor y conferencista, quien señaló: “En mi opinión, no sólo es inviable sino que además ya tenemos ante nosotros una serie de indicadores que evidencian lo contrario: nos espera un 2022 con un importante aumento en la presión fiscal y en el costo fiscal”.

Según el profesional si el FMI cumple con su función revisora periódica, es previsible que Argentina no podrá superar ni siquiera el primer control, previsto para abril del año en curso. No se como se podrá superar esta situación, ya que los compromisos asumidos por nuestro país prevén revisiones técnicas cada tres meses, durante dos años y medio; y cada una de ellas-que finalizarán en el segundo semestre de 2024- estará acompañada por un desembolso, que estará condicionada a la aprobación de la revisión. Con cada uno de dichos desembolsos, se pagará la deuda original del préstamo asumido por el gobierno de Mauricio Macri de alrededor de US$ 44.000 millones. Finalizado el periodo de gracia y hasta cumplirse los 10 años comenzará un esquema de “doce cuotas semestrales iguales y consecutivas”. Si no me equivoco en esta apreciación, en el próximo trimestre, o a mas tardar, en el siguiente, Argentina volverá a su condición histórica de default.

¿No es posible evitar el aumento de impuestos atacando la evasión?

Claro que eso no solo es posible, sino que, además, es necesario y normativamente responde a una manda constitucional. Hace muy pocos días el Ministro Guzmán manifestó que para apuntar la reducción fiscal, se fortalecerá la administración tributaria para reducir la evasión y el lavado de dinero.

Diversos autores como Allingham y Sandmo (1972), Andersen (1977), Marelli (1984), por citar solo algunos, se han expresado denotando que no existe una sola causal que lleva a evadir los tributos, sino que se trata de una conjunción de factores psicosociales, geográficos, políticos, económicos que en su mayor o menor medida influyen sobre dicho comportamiento social. No obstante, esas calificadas opiniones son inconsistentes con la realidad nacional, donde, paradojalmente, el principal responsable y promotor de la evasión es el Gobierno. Fundamentalmente, los Poderes Legislativos y Ejecutivo.Mientras el segundo propone constantemente la sanción de leyes de perdón fiscal, el primero las materializa.

El único Poder Público que se salva de esta crítica y que además es una víctima más de este mecanismo perverso, es el Poder Judicial: Mientras ellos se esfuerzan por optimizar los procesos penales, prácticamente nunca llegan a dictar sentencia y si se arriba a esa instancia, lo decidido no llega a cumplirse porque mientras ello sucede ya se sancionó la nueva moratoria.

En otras palabras, en la falta de resultados del combate de la evasión, es el Estado quien debe adoptar una conducta coherente.         

La presión fiscal ¿ha influido en la emigración de argentinos? 

Negar que la alta presión fiscal multiplica cada año la cantidad de argentinos que tramitan la residencia fiscal para irse a vivir a otros países, sería insostenible. Según datos oficiales, inclusive, los países más elegidos por los argentinos son Europa, Uruguay y Estados Unidos, particularmente, Miami. Aunque también Paraguay captó una buena parte del empresariado argentino, sobre todo el relacionado a los desarrollos inmobiliarios.

Por supuesto que la “presión fiscal” es solo un elemento más que lleva a los compatriotas a mudarse y mudar sus empresas al exterior. También pesan otras razones como la “inseguridad”, tanto en la vida cotidiana como en lo jurídico (“inseguridad jurídica”); la posibilidad de realizar negocios libres de las restricciones que tiene nuestro país en materia de “comercio internacional” -con acceso a dólares, giro de divisas, etc.-; y, en general, un clima político y social menos convulsionado. La impunidad, sobre todo en los delitos asociados a la corrupción, es otra de las razones que ciertamente influyen al momento de tomar la decisión. Resulta interesante examinar algunos datos sobre quienes, en virtud de su actividad, emigran a uno u otro destino.

En ese orden de ideas, Uruguay es, sobre todo desde el comienzo de la pandemia, un destino pensado para el “corto plazo” y los principales interesados buscan estar cerca de Argentina, pero con beneficios fiscales. Punta del Este y Montevideo, suelen ser los lugares más elegidos. Las salidas más resonantes comenzaron en 2019, pero se incrementaron en el marco de la pandemia, donde también hubo casos de firmas que siguen en el país, pero traspasaron parte de su producción a otros países de la región.

Y en el último tiempo se radicaron allí no sólo los destacados Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, Federico Tomasevich, accionista de Puente, y el “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel; Susana Giménez y Oscar González Oro; sino también ex directivos de multinacionales como Nestlé, Walmart y la cervecera Anheuser-Busch InBev. También dejaron el país las empresas Falabella; Latam Líneas Aéreas; Air New Zealand; Qatar Airways Sodimac; Brighstar; Danone; Glovo; Uber Eats; Curtume CBR -Ex Yoma-; Basf; Saint Gobain Sekurit; Pierre Fabré y Gerresheimer; “Nike”; Gerresheimer; Emirates; Axalta; etc. Entre estas empresas hay de todos los rubros: alimentarias, autopartistas, farmacéuticas, líneas aéreas, curtiembres, ropa y calzado deportivo, etc.

Entonces, ¿Puede decirse que estamos ante un proceso de fuga de capitales sin precedentes?

No debe resultarnos extraño que así sea, ya que nuestro país es el segundo país con peor desempeño en la evolución de la inversión extranjera directa en lo que va del siglo XXI, sobre 202 países que analiza la ONU. Además, no solo Uruguay fue -y es- uno de los lugares más preferidos por los argentinos para emigrar.

También hay productores y empresas que emigraron a Europa, donde los países que recibieron más inversiones argentinas se radicaron en España -meca histórica de los jóvenes argentinos-, Italia y Francia-donde solo sabían emigrar profesionales con título universitario-. EEUU es otro de los destinos más elegidos, sobre todo, para los argentinos de “clase media y media alta” (lo poco que queda de la primera), que cuentan con un capital y buscan ampliar su negocio o instalar uno nuevo, retirarse o proporcionar “una alternativa con mayores oportunidades” para sus hijos.

La herramienta para quienes buscan emigrar a Estados Unidos son los distintos tipos de visas que otorga el gobierno estadounidense; con las de inversor, como la más conocida. Este tipo de visa parten de los 80.000 o 100.000 dólares y permiten instalar un negocio en, por ejemplo, Miami, que sirva de base para poder instalarse. El “dorado” de las visas de inversor es la EB5, que momentáneamente está a casi un 50% de su valor típico de los últimos años, alcanzando los u$s 500.000 dólares.

Esta es una visa que posibilita tener residencia permanente para quien aplique y para su núcleo familiar. Además, no tiene vencimiento ni está atada a los resultados de la inversión o rentabilidad de un negocio, como sucede con el resto, como las E2, por ejemplo.

¿Por qué la predilección de Uruguay?

Los argentinos tienen predilección por este país, no solo por su inferior presión fiscal y otros beneficios ya hemos comentado. También los alientas, sin dudas, la forma jurídica muy fácil para mudar los negocios a tierras charrúas es comprar una empresa que ya esté operando en ese país.

En Uruguay, desde que se tiene uso de razón, existen sociedades preconstituidas con objetos estándares que agilizan el proceso. Lo que se hace es nombrar el primer directorio e inscribir a los nuevos accionistas. No es necesario viajar para incorporar la sociedad, ya que los documentos pueden enviarse desde nuestro país -con la debida certificación y legalización de las nuevas autoridades y accionistas-.

El país vecino también ofrece estabilidad política, jurídica y social; solidez macroeconómica- logró 17 años de expansión y una tasa del 4% anual en 2019, 4,5 % en 2020 y casi el 5 % para el 2021-; hay incentivos a la inversión extranjera y nacional, a nivel impositivo y regímenes de zonas francas, puertos y aeropuertos libres.

Uruguay encabeza el Índice de Desarrollo en América Latina y preside el D9, grupo de países digitalmente más avanzados; excelente calidad de vida -es el país con el ingreso más alto y mejor distribuido de la región-; no hay restricciones para la repatriación de utilidades; libre mercado de cambios: sistema impositivo único en todo el territorio (Argentina posee, en materia tributaria, “aduanas interiores”). A diferencia de nuestro país, que tiene un criterio de renta mundial (es decir, están gravadas las actividades realizadas en el país y en el exterior), en Uruguay únicamente lo están las desarrolladas dentro del territorio, mientras que están exentas las del exterior; ergo, las actividades off-shore tributan a tasa o (cero).

A ello se le suma que las empresas de tecnología están exentas de todo tipo de gravamen; etc. Retomando los beneficios vinculados a la presión fiscal, el país vecino tiene “Zonas francas” (actualmente hay 11), donde las empresas están exentas de impuestos en el país -solo se les exige que la mitad o las tres cuartas partes de sus empleados sean ciudadanos uruguayos-; ergo, estas empresas no pagan IRAE, Impuesto al Patrimonio (equivalente a Bienes Personales) y cualquier otra tasa nacional Retenciones por los pagos de dividendos a accionistas del exterior: tienen importantes reducciones en materia de cargas sociales; las ventas y compras al exterior o dentro de la zona franca no están gravadas por el IVA; las mercaderías que intercambian las zonas francas con el resto del mundo están exentas de impuestos aduaneros; los pagos por servicios del exterior no tienen retenciones; etc.

Hay además otros beneficios tributarios que son recepcionados por otros países de la región, en EEUU y en parte de Europa: empresas de trading; otras modalidades de sociedades off shore; etcétera.

¿Qué sucede en Argentina con la presión fiscal?

En nuestro país cada año se hace más difícil vivir. Por estos días los contribuyentes están recibiendo las boletas de impuestos inmobiliarios y sobre los automotores, en este caso, provinciales, con aumentos que superan en algunos casos el 200 %.

Cuando frente a esta realidad se consulta a los funcionarios del área, siempre hay una excusa: la base imponible era irreal, la alícuota no era la apropiada, etc. Lo concreto es que la nueva prórroga firmada por la mayoría de las provincias -Córdoba incluida- con la Nación, da rienda suelta para que las provincias -y los municipios-, aumenten la presión fiscal, lo que, repito, ya se ve reflejado en las boletas.

Otro motivo del incremento del costo fiscal es el “impuesto inflacionario” que repercutirá, por ejemplo, en el monotributo. Las escalas subirán un 26% frente a una inflación del 50%, obligando a personas con un menor ingreso en términos reales a pagar más. A otras directamente las expulsará al Régimen General. También tenemos un aumento en las alícuotas del Impuesto sobre los Bienes Personales; una duplicación de la alícuota del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios para pagos en efectivo; etc. Lo cierto es que este aumento de la presión fiscal es muy difícil de digerir ya que en las últimas 2 décadas aumentó 12 puntos del PBI y es la segunda más alta de Latinoamérica. Un contribuyente promedio en la Argentina trabaja aproximadamente medio año sólo para pagar impuestos. La carga fiscal efectiva llega hasta el 48% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pese a la crisis y a lo que nos acaba de expresar, la recaudación crece. ¿Cómo lo explica?

El Gobierno difunde datos sobre aumentos en la recaudación nacional, como si se tratase de un éxito, cuando, en realidad, estos incrementos se deben al aumento de la presión fiscal y consecuentemente del costo fiscal.

Así por ejemplo se acaba de anunciar que en enero creció un 51,6%, impulsada principalmente por el incremento de los tributos asociados a la Seguridad Social (Se derogó el Decreto 814 que permitía reducir las contribuciones patronales).

A su vez, fue significativa la contribución de los impuestos a las Ganancias (+59,5%: modificación de alícuotas; negativas sistemáticas de pedidos de reconocimiento de exención; aumento de deducciones personales y mínimo no imponible por debajo de la inflación; etc.) y a los Créditos y Débitos (+64,0%, impuesto distorsivo, si es que los hay, y que además promueve la evasión). De acuerdo con estudios privados, la presión tributaria efectiva de Argentina es similar a la de los países de la OCDE, pero presenta una economía con elevados niveles de informalidad, al punto que, de acuerdo con esos estudios, si se elimina la evasión, la recaudación sería del 48 % del PBI.  Actualmente, la recaudación representa cerca del 28% del PBI. Ergo, en esta hipótesis desaparecería el déficit fiscal.

Un informe de la Fundación Mediterránea señala que la denominada Presión Tributaria Efectiva (PTE) de Argentina se ubica en el quinto lugar. Primera está Italia con el 42,5% del PBI; seguida por España, 34,7%; Brasil, 33,1%; Australia, 28,7% y Argentina 27,7%. Más abajo quedan Estados Unidos, con el 24,5% y Chile, con el 20,7%. En cambio, si se toma la denominada Presión Tributaria Legal (PTL), es decir, si se recaudara todo lo que marca la ley, la tabla ubica primero a Brasil, con el 50,8%, seguido de Argentina e Italia, con el 48%; España, 40,7%, Estados Unidos 37%, Chile; 34,3% y Australia, 29,1%, medida en relación con el ingreso familiar.

En nuestro país tenemos más de 170 impuestos; entre ellos, tributos al patrimonio que en la mayoría de esos países no existen. Algo semejante sucede con el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios; con los gravámenes a las exportaciones, y además de ello, tenemos otro problema, quizás mayor: el mayor costo fiscal proviene de impuestos regresivos: IVA, Internos, Débitos y Créditos, Ingresos Brutos (de origen provincial) y las tasas municipales de seguridad e higiene y las que recaen sobre los servicios públicos, en especial en las boletas del gas natural y de la energía eléctrica.

Cada vez que un argentino hace su compra de alimentos y bebidas en un comercio, paga, sin saberlo de modo específico, un 41% del total de su cuenta en concepto de un sinnúmero de impuestos municipales, provinciales y nacionales, cuya participación ha ido in crescendo en los últimos años.

Los impuestos que solventan todo el sistema en nuestro país son regresivos. Suman más pobreza. Eso no le sirve a nadie. Los tributos sancionados a partir de la pandemia como el llamado “impuesto país” o el “aporte solidario” o “impuesto a las grandes riquezas”, al elevado la presión fiscal a las empresas que pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias.

Es decir, de cada 100 pesos que gana un empresario, 106 se le debe pagar al Estado. En un ranking, la presión fiscal a las empresas en Argentina aparece primera en la región con el 106,3%. Seguida por Bolivia con el 83,7%; Venezuela con el 73,3%; Colombia con el 71,3%; Brasil con el 65,1%; México con el 55,1%; Uruguay con el 41,8%; Panamá con el 37,2%; Perú con el 36,9% y Paraguay con el 35%. No hay modo de ser competitivos.

¿Ve alguna salida en el corto o mediano plazo?

Es muy improbable. Se trata de cuestiones que superan en mucho cuestiones atinentes a la presión fiscal o al costo tributario.

Prácticamente la mitad de los argentinos recibe cada mes un cheque del Estado. La cultura del trabajo abarca a una nimia parte de la población. Las leyes son simbólicas. Los que crean los problemas -corrupción, etc.-, reciben el mensaje de la indemnidad.

Por lo que vemos, ese no es un propósito del Estado. En ese orden de ideas, mi crítica no es solo para el actual Gobierno, sino que además abarca a todos los que le han presidido desde el retorno de la Democracia.