ESCUCHARLa deuda externa país pagadera en moneda extranjera tuvo a partir del año 1965 (siglo XX) y hasta 2002 (siglo XXI) un crecimiento notoriamente vertiginoso, quizá el mayor del planeta; sin que nadie intentara la más mínima justificación. Por tanto, sería muy lógico que se encarara una investigación especial a fondo pues esa explosiva multiplicación generó la disposición y afectación inadecuada de fondos que el país no necesitaba y que, obviamente, no fueron aplicados a fines de utilidad pública.
En ese lapso de sólo 37 años, tales pasivos pasaron de US$2.370 millones cuando era presidente el doctor Umberto Illia, quien logró cancelar 35,1% sin tomar nuevos, pues al asumir eran US$3.650 millones, hasta llegar a la astronómica suma de US$174 mil millones a principios del presente siglo (abril de 2003). Este incremento no tiene otro antecedente siquiera semejante a escala mundial en tiempos de paz. Resulta evidente que en esa forma se causó un ingente daño a la economía y a sus habitantes sin que se procurara explicar y establecer la dimensión del perjuicio que cada gobernante causó.
Durante la gestión del gobierno cívico-militar, que se extendió entre 1966 y 1973, esa suma subió hasta US$7.470 millones (pública y privada) y en poco más de seis años llegó a US$45.087 millones; o sea que se sextuplicó además de haber absorbido el Estado la deuda privada. En la última década de dicho siglo, bajo la presidencia del doctor Carlos Menem secundado muy de cerca por su ministro de Economía, Domingo Cavallo, esa cifra se más que duplicó, llegando para fines del siglo a nada menos US$110 mil millones. Tampoco frente a semejante aumento, no se intentó siquiera revisar esa evolución tan singular y sospechable.
Aun así, no sólo continuó ese endemoniado ritmo sino que se aceleró de suba. Entre 1999 y 2002 como consecuencia de dos renovaciones totales realizadas en virtual cesación de pagos y con la aceptación de intereses usurarios que impusieron los acreedores se produjo un doble “salto final” que la llevó a US$174 mil millones al momento de trasmitir el mando (presidencia interina de Duhalde) al nuevo mandatario elegido por voto popular, doctor Néstor Kirchner.
La tan insólita acumulación de perjudiciales renovaciones que la elevaron en desmesurada medida, enfrentó a la nueva administración con una sobrecarga de pasivos imposibles de atender. Por ello, a fines del año 2005, después de dos ejercicios en que lograron recuperar el mejor nivel anterior del PBI, se planteó la única solución viable: una primera acción orientada a bajarla drásticamente mediante una renovación con quita que incluyó la cancelación total en un solo pago de los US$9.840 millones que se adeudaban al Fondo Monetario Internacional para evitar que interfiriera en la concreción de la solución encarada.
Tal gestión se complementó en 2010 con un nuevo acuerdo con una franja, en que se respetaron las condiciones precedentes, sus valores y los plazos de pago sustitutivos de los originales operando las respectivas e idénticas quitas. De este nuevo esquema, quedaron exceptuadas las deudas contraídas con los organismos internacionales; a los cuales se les respetó los importes y fechas de vencimiento originales. Los acreedores privados que adhirieron a tales operativos constituían 92,7% del total.
La accidentada con los fondos buitre
El restante 7,3% se negó a transar con una quita y algunos de esos tenedores acudieron a la justicia neoyorquina que cuenta entre su jueces al anciano Thomas Griesa, a cargo en primera instancia de estas causas, las cuales corresponden a nueve fondos acreedores además de uno integrado por tenedores italianos y algunos titulares individuales más.
Originalmente, los títulos sobre los que se negoció en último término totalizan a valores nominales alrededor de US$6.350 millones.
No obstante, por medio de los reclamos actualizados mediante el agregado de intereses, cargas punitorias, honorarios y gastos pasaron a convertirse en una serie de causas por alrededor de $20.000 millones. Durante el período de algo más de 12 años que transcurrió entre mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, se negoció infructuosamente en el mencionado juzgado de Nueva York sin que las partes lograran arribar a algún arreglo; salvo el de no interrumpir las gestiones.
Con la asunción, el 10 de diciembre pasado del Gobierno nacional elegido en la doble consulta electoral, las sesiones en Nueva York se intensificaron y en pocos días alcanzaron coincidencias sustanciales con los tres de fondos que incluyen el fondo NMI, los cuales se habían caracterizado por su extrema intransigencia hasta ese momento. El representante de éstos incluso adoptó una sorprendente actitud conciliadora que dio lugar a una cifra que admitió una quita en el capital algo más del de 25% y de 40% sobre intereses y demás cargos financieros.
Los 14 abogados de tales acreedores, en moción conjunta, solicitaron al juez una ampliación en el plazo de 30 días adicionales, para obviar los últimos obstáculos que todavía persistían.
La primera resolución conjunta incluyó a los cuatro fondos mas duros (NMI, Aurelius, Blue Angel y Olifant); lo cual fue convenida, por todo concepto, en US$4.653 millones más US$230 millones por honorarios y gastos de toda índole. Es obvio que tal acuerdo produjo el avenimiento de otros fondos, que, en conjunto con los primeros, cubren 85% de lo adeudado que se venía reclamando con lo cual se trepa a poco menos de US$12.000 millones.
Un representante de casi todos los titulares que detentan los títulos del 15% residual, que no participaron en dicha reunión, prefirieron actuar con máxima prudencia, sin preocuparse demasiado por cerrar definitivamente su propio convenio sino quedar “a la expectativa”. Por su parte, los apoderados de nuestro país reconocieron prontamente haber llegado a “un principio de acuerdo” pero requirieron además que en forma expresa se logre una repuesta favorable respecto de un inmediato levantamiento de las medidas cautelares vigentes. El juez decidió hacerlo, aunque postergó su concreción para cuando se deroguen dos leyes por el Congreso de la Nación; las llamadas “cerrojo” y “de pago soberano” que no admitían pactar mejoras por sobre las condiciones establecidas antes, e impuso la condición de cancelar todo en forma total y en efectivo (dólares) hasta el 14 de abril.
Por su parte, es notable el cambio de actitud que tiene ahora el juez Griesa para con nuestro país, coincidente con la visita de buena voluntad que realizó el primer mandatario estadounidense Barack Obama, durante los días 23 y 24 de marzo ppdo.; que se extendió a Bariloche con fines de placer y descanso. Sobre los pedidos argentinos, el juez Griesa expresó por escrito: “El tribunal no toma a la ligera la decisión de levantar las medidas cautelares”, subrayando que, en última instancia, las circunstancias han cambiado de manera tan significativa como para declarar que la continuidad de esas medidas constituye una decisión “perjudicial para el interés público”. No obstante aclaró: “Los demandantes que no hayan acordado pueden seguir negociando con Argentina”.
¿En busca de la solución final?
Griesa dejó asimismo constancia que se habían suscripto acuerdos que en total originariamente, sumaban US$6.200, los cuales corresponden a 85% de las sentencias que se acercaron a su despacho y que fueron debidamente verificadas por su colaborador y árbitro, Daniel Pollack. Incluso no obvió de mencionar como positivo que en el discurso del flamante presidente con fecha 1 de marzo, al abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso, haya urgido “la aprobación de los acuerdos en este litigio, un paso importante hacia el cumplimiento de una de las mencionadas órdenes”.
Al propio tiempo sostuvo que “existe una urgente necesidad de cerrar de inmediato todo en forma definitiva”. En consecuencia, dejó en manos del Gobierno argentino lograr una rápida aprobación de todo lo actuado y convenido por parte de los representantes que integran las Cámaras de Diputados y Senadores. Para dar comienzo a ese tratamiento, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay y su cuerpo de asesores expuso y formuló el respectivo apoyo mayoritario, aunque algo desordenadamente y auxiliado por un ejemplar borrador, dado que al Congreso el texto oficial no había llegado.
En tal sentido, al mismo tiempo que respaldaba el proyecto de ley que consta de 17 artículos, puso especial énfasis en sostener que sólo así “Argentina volverá a crecer y evitará un ajuste de la economía”. Advirtió de que no se usarán divisas de las reservas del Banco Central sino que se emitirán al efecto bonos de deuda de diversos plazos (cinco, diez y treinta años) que devengarán intereses entre 6% y 7,5% anual. Al acceder a la Comisión de Finanzas y Presupuesto, comenzó diciendo: “Venimos a entregarles la posta”.
A renglón seguido sostuvo: “Necesitamos ir extendiendo a lo largo del tiempo el crédito para corregir problemas fiscales”. En evidente busca de apoyo por parte de los gobernadores subrayó que “las tasas de interés no pueden compararse con los beneficios que traerán a las provincia las obras que se van a realizar”. Lo propuesto lo calificó como “una cuestión federal muy sensible para todos los gobernadores que intentan poner en orden la herencia recibida”. Aclaró que la quita global era de 38% respecto del capital y que, en materia de intereses, la merma llegaría a 44%.
En cuanto a la forma de pago, se requiere una emisión de bonos por un mínimo de US$11.684 millones que anticipó, podría ampliarse hasta US$15.000 mil millones, pero “no habrá más deuda, cambiará el computo de ésta por una que nos permita financiarnos para evitar el peor ajuste”. Estas aseveraciones no dieron motivo a una explicación; pareciera que trató de intimidar a tanto a gobernadores como a legisladores para lograr su visto bueno y la respectiva aprobación.
La exposición del ministro dejó traslucir su concepción neoliberal y su voluntad de que, tras el mencionado acuerdo, se continúe tomando nueva deuda externa para financiar proyectos o gasto público, en general. Lo más preocupante es tener noción cierta de hasta qué nivel, en qué tiempo y condiciones se volverá a contraer deuda externa. Argentina tiene, lamentablemente, una penosa experiencia. Justamente por ello se había optado por reducirla al mínimo.
¿Volveremos a la andadas del período 1990/2002? n
