ESCUCHARLa frase pertenece al tributarista Marcos Sequeira, quien analiza distintos aspectos de una sentencia en la que se condenaron a imputados por esos delitos. También destacó que se está al borde de que se sancione una nueva legislación de perdón fiscal, que dejará sin efecto todas las consecuencias punitivas derivadas de la causa en cuestión y de otras semejantes
En marzo pasado, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) de Mar del Plata emitió una sentencia en la causa “B., L. L. y otros s/ Infracción Ley 24769”. En ésta, se condenó a empresarios a cuatro años y medio de prisión efectiva y a un contador a dos años de prisión condicional. Los acusados fueron encontrados penalmente responsables de evasión del impuesto a las ganancias, uso de facturas ideológica y materialmente falsas, y obtención fraudulenta de beneficios fiscales por apropiación indebida de aportes previsionales, todo en concurso real. Además, se impuso una multa de 90 mil pesos, costas del proceso y una inhabilitación especial al contador para ejercer su profesión. Las condenas se fundamentaron en los artículos del Código Penal y la ley 27430, esta última aplicada como la más benigna y, por tanto, utilizada de forma retroactiva conforme normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos. Esta resolución judicial, que abarca hechos desde 2002 hasta 2010, involucró a la AFIP-DGI como querellante y fue destacada por su importancia en cuanto a las implicaciones de la aplicación legal y la configuración de los delitos fiscales. Sobre el tema Factor consultó al especialista Marcos Sequeira, tributarista, master en fraude fiscal, lavado de activos y compliance por la Universidad Complutense de Madrid.
Según el profesional, la sentencia dictada es muy relevante dado que aborda varios temas críticos relacionados con la evasión fiscal y la utilización de facturas falsas para obtener beneficios fiscales, todo en un contexto de concurso real de delitos. Los implicados fueron condenados a penas significativas, que incluyen prisión efectiva y multas, lo que refleja la gravedad de las conductas penalizadas.
El diferimiento de la fundamentación de la sentencia es un punto que llama la atención, agregó el profesional. El tribunal decidió posponer la explicación detallada de los fundamentos, lo que es poco común y podría generar incertidumbre sobre la decisión. Además, ese método puede afectar la percepción sobre la transparencia y la rigurosidad del proceso judicial.
¿Cómo valora el tratamiento de las nulidades y otros planteos procesales?
El manejo de las nulidades y otros planteos por parte del tribunal podría considerarse un tanto superficial, dado que se rechazaron sin una explicación profunda, al menos en lo que se refiere al texto proporcionado por el TOF. Esto podría impactar negativamente en la percepción de la integridad del proceso judicial y podría ser visto como una falta de respeto al derecho de defensa.
¿Qué puede decir sobre las penas impuestas?
Las condenas demuestran la complejidad del caso. Sin embargo, sería importante analizar cómo el tribunal equilibró las penas con la naturaleza y gravedad de cada delito, particularmente en el contexto de concurso real. Esto es concluyente para garantizar la consistencia y la proporcionalidad de las sanciones impuestas.
¿Qué significado tiene la aplicación de la ley más benigna en este caso?
El principio de la ley más benigna es fundamental en derecho penal y fue correctamente aplicado aquí. Sin embargo, el debate podría centrarse en cómo se determina cuál ley es más benigna y cómo esto afecta la aplicación uniforme de la ley a través del tiempo y diferentes jurisdicciones.
Finalmente, ¿cómo cree que esta sentencia impactará en la práctica fiscal y penal en Argentina?
Esta sentencia podría actuar como un recordatorio de que las consecuencias de la evasión fiscal y la manipulación de documentos fiscales son severas. También refuerza la importancia del cumplimiento fiscal y podría influir en cómo los tribunales abordan casos similares en el futuro, potencialmente llevando a un enfoque más estructurado y transparente en las decisiones judiciales. Sin embargo, estamos al borde de que se sancione una nueva legislación de perdón fiscal que, entre otros aspectos, dejará sin efecto todas las consecuencias punitivas derivadas de ésta y de otras tantas causas semejantes. Por lo tanto, mal que nos pese, los efectos de estos pronunciamientos no pasan de lo meramente virtual.
