ESCUCHARLa frase pertenece al especialista Marcos Sequeira, quien sostiene -además- que la implementación de sistemas de facturación que discriminen el IVA y otros impuestos indirectos implica un costo significativo para las empresas, por lo que el Estado debería acompañar esta medida con un programa de subsidios o créditos blandos para ese sector
El viernes pasado se conoció la resolución general (RG) 5614/24 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reglamenta el llamado “Régimen de Transparencia Fiscal” en el marco de la ley Nº 27743. Sobre el tema Factor dialogó con Marcos Sequeira, especialista en derecho tributario y penal económico quien señaló: “La reglamentación es una iniciativa interesante desde el punto de vista teórico, pero también plantea varios desafíos prácticos y críticos que merecen ser discutidos”.
La resolución establece que las empresas grandes deberán cumplir desde el 1 de enero de 2025 y el resto desde abril. ¿Considera adecuada esta segmentación escalonada?
En principio, la segmentación es una herramienta que busca aliviar el impacto inmediato en los contribuyentes más pequeños. No obstante, la clasificación entre “grandes” y “otros” contribuyentes puede resultar insuficiente. La realidad es que las pymes representan un universo diverso con capacidades técnicas y financieras muy dispares. Este tipo de normativa debería ser acompañada por un plan de capacitación y financiamiento para la adaptación tecnológica, que no parece contemplarse en la resolución.
La norma también busca que los consumidores finales conozcan el importe exacto de los impuestos indirectos que pagan. ¿Cómo ve esta medida en el contexto actual?
La idea de empoderar al consumidor con información clara es fundamental, pero hay que considerar las limitaciones del contexto económico y cultural. En un país con niveles de inflación que todavía siguen siendo muy importantes y una cultura tributaria deficiente, muchos consumidores podrían percibir estos impuestos como un incremento en el precio total, sin comprender la responsabilidad fiscal subyacente. Esto podría fomentar una percepción negativa hacia los comerciantes, que terminan siendo los “mensajeros” de la carga tributaria.
Con respecto a la carga tributaria, ¿esta normativa podría tener un impacto en los costos operativos de las empresas?
Sin duda. La implementación de sistemas de facturación que discriminen el IVA y otros impuestos indirectos implica un costo significativo para las empresas, especialmente las pequeñas. Esto incluye la actualización de software, capacitación de personal y, en algunos casos, la adquisición de nuevos equipos como los controladores fiscales. Si bien estos gastos son deducibles, representan una erogación inicial que muchas pymes podrían no estar en condiciones de afrontar.
Entonces, ¿qué podría hacer el Estado para mitigar estas dificultades?
El Estado debería acompañar esta medida con un programa de subsidios o créditos blandos para las pymes, así como con un soporte técnico efectivo. Además, es esencial que las capacitaciones sean accesibles y adaptadas a las realidades de los diferentes sectores. Sin estas acciones, podríamos ver un incremento en la informalidad, lo que iría en contra del objetivo de la norma.
Otro punto interesante es la obligatoriedad de discriminar “otros impuestos nacionales indirectos” en el campo correspondiente. ¿Qué problemas podría traer esto?
La principal dificultad radica en la identificación y cálculo preciso de estos impuestos. No todos los sistemas contables están diseñados para desglosar estos conceptos, y la normativa no especifica con claridad qué tributos deben incluirse. Esto podría generar inconsistencias y conflictos en las inspecciones fiscales, sumando una carga administrativa a los contribuyentes.
Para volver al consumidor, ¿cree que esta norma cambiará la percepción de los impuestos?
Podría contribuir a una mayor conciencia fiscal si se comunica adecuadamente. Pero también existe el riesgo de que los consumidores vean esta información como una confirmación de la “presión impositiva” sin entender su finalidad. Para que tenga un impacto positivo, es importante que el Estado desarrolle campañas educativas que expliquen el destino de los impuestos y los beneficios que generan.
Desde el punto de vista jurídico, ¿esta reglamentación respeta el principio de igualdad y no confiscatoriedad?
En principio, sí. No parece haber una violación directa de estos principios. Con todo, su implementación podría generar inequidades de facto si los costos asociados afectan más a las pymes que a las grandes empresas. Además, es fundamental que la ARCA garantice un tratamiento equitativo en las fiscalizaciones, especialmente durante los primeros meses de aplicación.
En comparación con otras normativas similares en la región, ¿esta resolución está alineada con las mejores prácticas?
Existen ejemplos en la región, como Chile o Uruguay, donde se han implementado medidas similares con éxito. En Chile, por ejemplo, el desglose de impuestos en los comprobantes está vigente desde hace varios años y ha sido bien recibido debido al fuerte apoyo gubernamental en capacitación y financiamiento. Uruguay, por su parte, implementó un sistema simplificado para las pymes, lo que facilitó su adaptación. Pese a ello, en Argentina, el éxito de esta normativa dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para acompañar a los contribuyentes en el proceso de adaptación.
Recomendación
“A las autoridades, les recomendaría trabajar en un plan integral que incluya capacitación, financiamiento y comunicación. También es esencial mantener un diálogo abierto con los sectores afectados para ajustar la normativa según sea necesario. A los contribuyentes, les sugeriría anticiparse a los cambios, revisar sus sistemas de facturación y buscar asesoramiento profesional para evitar sanciones”, concluyó el profesional.
Ante incumplimiento de la norma
–Se establecerán sanciones para los contribuyentes que no cumplan con la obligación de discriminar los impuestos en sus facturas.
-Esto será aplicable a partir de las fechas establecidas.
Cambios en los sistemas sistemas de facturación
-Se modifican y complementan normativas sobre la emisión de comprobantes.
-Incorporación de un campo específico para los impuestos nacionales indirectos.
-Cambios en la ubicación de la información en el comprobante.
Efecto en impuestos provinciales y municipales
-La medida se centra en el IVA y otros impuestos nacionales indirectos.
-Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas similares para impuestos locales.
-Ejemplo: impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Repercusiones
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) respaldó la discriminación de impuestos en las facturas porque aseguró que es una forma de ganar transparencia. Ante la reglamentación (RG 5614/24), el titular de la CAC, Natalio Mario Grinman, sostuvo que “la muy elevada presión tributaria que registra la economía nacional es una rémora para el crecimiento de las empresas, la generación de empleo y el progreso económico y social”.
Grinman señaló: “Sirva de referencia que son numerosas -y comprensibles- las quejas de los trabajadores frente al impuesto a las Ganancias; mientras que un impuesto tan relevante como el IVA, que a menudo tiene un impacto muchísimo mayor que aquel en la economía familiar, muchas veces ‘pasa por debajo del radar’ de los consumidores finales” y agregó: “Este tributo no lo detectan y frecuentemente cargan las tintas contra los comerciantes por precios que consideran excesivamente elevados, cuando en realidad, en buena medida, el comercio, más que de vendedor de un producto, oficia de una suerte de delegación de las agencias recaudatorias de los distintos niveles del Estado”.
Finalmente, Grinman consideró que “clarificar una situación es un avance para luego corregirla; evidenciar la excesiva carga tributaria es el primer paso para una futura reducción”.
