ESCUCHARSiempre me causó bastante gracia que se sancionara una ley para prevenir el delito de lavado de dinero en nuestro país, uno de los territorios con mayor costo fiscal del mundo.
Es sabido que el delito de lavado consiste en dar apariencia de dinero obtenido en legal forma, al que en realidad tuvo un origen delictivo: narcotráfico, terrorismo, corrupción y, en el caso de la República Argentina, también al proveniente del delito de evasión de impuestos y recursos de la seguridad social. Lo cierto es que, no ignorando el tratamiento tributario que se dispensa a la actividad económica en el resto de los países, mi perplejidad estaba más que justificada: a quien se le podría llegar a ocurrir lavar dinero en Argentina, cuando “blanquear” un peso ($1), significa recibir en la mano treinta centavos ($0,30). Más cuando, al menos en el imaginario popular, los valores de los que se habla son millonarios.
Veamos otro ejemplo, para llegar a tener mejor la dimensión del tema. Si en nuestro país alguien quiere lavar $100.000.000, debe entregarle al Estado $70.000.000 (en concepto de gravámenes: impuestos, tasas y demás), por lo que “lavar” este dinero le dejará en la mano solo $ 30.000.000. Nunca creí que esta ley fuese a aplicarse en el país, y la realidad prácticamente me dio la razón.
Los procesos son pocos y las sentencias menos todavía.
El domingo, a propósito del tema, leí una interesante nota del Prof. Silvio Waisbord (profesor de la George Washingthon), titulada “Florece la primavera de la transparencia”, en la cual su autor comienza diciendo: “Las revelaciones de los Panama Papers confirman que mientras los ricos del mundo circulan por la autopista exenta de impuestos, el resto de la población paga peaje” (Clarín, p. 47, edición dominical del 17 de abril). Cuanta razón, me dije.
La mayoría de los ciudadanos, no solo de Argentina, sino del mundo, trabajamos más de las dos terceras partes del año para pagar impuestos. No nos queda otra. Mientras esto sucede, hay inescrupulosos empresarios y dirigentes políticos que no dedican ni un solo día de trabajo para pagar sus obligaciones impositivas.
Para quienes estamos en la materia, nada de esto es nuevo. Hace casi un siglo que existe, porque hace ese tiempo también que existen los “paraísos fiscales”: lugares a donde uno no tiene que dar ninguna clase de explicación acerca de donde obtuvo el dinero y en el que, además, no necesita pagar ninguna clase de impuestos. Libre de todo y dentro de la ley.
Agrego: no sólo libre de costos impositivos y dentro de la ley: también prácticamente fuera del control nacional e internacional. Como es sabido, el mundo cambio luego de los atentados de las Torres Gemelas en septiembre de 2001.
Tras el propósito de combatir el terrorismo, emergieron organizaciones tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y e Desarrollo Económico (OCDE). Estas organizaciones crearon las famosas “listas negras” de países que facilitan el lavado de dinero. Para no integrar esa lista, los países fueron acomodando sus legislaciones -en forma sólo aparente, según lo muestra el caso de Panamá y Uruguay-.
Nos hemos enterado, no sin zozobra, que hasta la Cruz Roja Internacional está envuelta el delitos de lavado. Claro que sin saberlo ni quererlo. Sucede que, al amparo de la legislación de estos paraísos fiscales y “lavaderos industriales”, se permite que el derecho-habiente de las sociedades offshore sea una entidad humanitaria, a quien no es necesario informar.
De este modo, se logra un manto de indemnidad ante estas organizaciones internacionales generando un delito “casi perfecto”.
En fin, tiene razón mi profesor: los delincuentes viajan en vehículos de altísima gama, por rutas del futuro; mientras que el común del pueblo lo hacemos en carreta por caminos pedregosos.
(*) Docente de posgrado de UNC, UCC, Univ. Blas Pascal, Univ. Siglo XXI.
Director de Posgrado, Universidad de Belgrano (Buenos Aires).
