Impuestos, Opinión, Tributos

Impuesto a la renta inesperada. Un “parche” para disminuir el déficit de sólo un mes

Por Marcos A. Sequeira. (*)

El pasado día lunes ingresó en el Congreso el proyecto del llamado “Impuesto a la renta inesperada”. Por razones legales, el Poder Ejecutivo no tuvo otra alternativa que enviar la propuesta a la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen para temas tributarios.

Además, el Presidente no puede aplicarlo por un DNU. El interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció su rechazo y, a juzgarse por los comentarios de último momento, también habría un rechazo explícito de los aliados que podrían facilitar el trámite. El interbloque Federal, que lidera Alejandro Rodríguez, está desde entonces en el ojo del oficialismo, porque de los ocho votos que contiene puede surgir una salida, por más remota que parezca. En ese conglomerado conviven dos socialistas santafesinos, tres que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti y otros tres del bloque Identidad Bonaerense, considerado el “lavagnismo”.

Si el proyecto consigue pasar por la Cámara de Diputados, la aprobación de la Cámara de Senadores será sólo un trámite. 

El contenido del proyecto 

El proyecto reforma la Ley del Impuesto a las Ganancias, estableciendo un nuevo hecho imponible que es totalmente inconstitucional. Existen opiniones en sentido adverso provenientes de ilustres colegas porteños.

Para que el lector pueda comprenderlo mejor, se realizará la presentación de esta nueva carga tributaria con el método que se emplea en la  universidad; esto es, distinguir el objeto del impuesto, los sujetos obligados al pago, el hecho imponible, las alícuotas, las exenciones y, por último, la vigencia. 

El “objeto” del impuesto es la ganancia neta extraordinaria que han obtenido determinadas empresas. No lo dice el proyecto, pero se ha difundido ampliamente que se trata de aquellas que se han beneficiado como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. 

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Los “sujetos” obligados al pago son las personas jurídicas. Las personas humanas, aunque pudiesen cumplir el resto de las pautas de esta normativa, no están alcanzadas. No obstante, no todas las empresas deben pagarlo sino que sólo quedan alcanzadas por este tributo en la medida en que se verifique, concurrentemente, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) que la ganancia neta imponible o el resultado contable, correspondientes al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de esta normativa sea, como mínimo, de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), inclusive; y 

b) i) que el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de esta ley resulte, como mínimo, superior a 10% (diez por ciento) del total de ingresos; o ii) que el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de esta ley represente, respecto del total de ingresos, un porcentaje igual o superior a veinte por ciento (20%) de aquel que representó en el ejercicio anterior. A los fines de los cálculos mencionados en este numeral, no debe considerarse, en ningún caso, al propio impuesto a las Ganancias y a los resultados provenientes de los ingresos y/o egresos extraordinarios que a esos fines seguramente establecerá la reglamentación.

La “alícuota” es de 15%. Este 15% debe agregarse al 35% que ya pagan las empresas sobre sus ganancias netas imponibles. Por ende, para esos contribuyentes la alícuota será de 50%. Teóricamente, este pago adicional será “por única vez”.

La “base imponible” es el excedente de la ganancia neta imponible que resulte de comparar aquella obtenida en el primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigor de este artículo, respecto de la del ejercicio anterior, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor suministrado por el Indec, operada entre ambos cierres, e incrementada en diez por ciento (10%). A los fines de este cálculo, quedan comprendidas tanto las ganancias gravadas como las exentas o no gravadas.

Acerca de la “vigencia”, las disposiciones de esta ley comenzarán a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para el primer ejercicio cerrado entre el primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, y el último día del décimo segundo mes inmediato siguiente, inclusive, a aquella fecha. 

Este ingreso extra será coparticipable entre el Estado nacional y las provincias, y no tendrá una asignación específica, como sucedió con el impuesto Solidario a las Grandes Fortunas, que se cobró también por única vez el año pasado. Que la recaudación sea coparticipable podría ayudar además a que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados.

La manera de pagar el impuesto, por lo tanto, será igual a la dinámica de Ganancias, aunque deberá ser reglamentado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en caso de que el Congreso apruebe el proyecto: se pagarán anticipos, habrá retenciones y luego los saldos finales el año próximo. Si bien se había considerado que haya un criterio vinculado a la reinversión, en el Gobierno consideraron que era “muy difícil de determinar desde el punto de vista conceptual y operativo”, por lo cual no habrá una deducción especial.

Su complejidad

El proyecto no podría ser más complejo. Sin embargo, para que se comprenda mejor, aquél dispone que las sociedades de capital deberán abonar una alícuota adicional de 15% en el impuesto a las Ganancias, por única vez, sobre el excedente de la ganancia neta imponible que resulte de comparar la obtenida en el primer ejercicio cerrado a partir de la entrada en vigor de la ley, respecto de la del ejercicio anterior, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor, e incrementada en 10%.

A estos fines deben sumarse las ganancias exentas o no gravadas a las que se encuentran gravadas. Para resultar alcanzados por esta alícuota adicional, la ganancia neta imponible o el resultado contable, correspondientes al primer ejercicio cerrado a partir de la entrada en vigor de la ley sea, como mínimo, de $1.000.000.000.

Adicionalmente, también se deberá verificar el cumplimiento de alguna de estas condiciones: el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir de la entrada en vigencia de la ley resulte, como mínimo, superior a 10% del total de ingresos; o el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir de la entrada en vigencia de la ley represente, respecto del total de ingresos, un porcentaje igual o superior a 20% de aquel que representó en el ejercicio anterior.

Para estos cálculos no debe considerarse, en ningún caso, el propio impuesto a las Ganancias ni los resultados provenientes de los ingresos y/o egresos extraordinarios que a esos fines indique la reglamentación. Fuentes oficiales lo graficaron de la siguiente manera: una empresa que registre una ganancia de $1.200 millones en 2022 deberá primero ajustar por inflación respecto de 2021 (en el escenario, se supone una ganancia de $600 millones el año anterior y una inflación que ronde 50%) y, si cumple con uno de los requisitos adicionales citados más arriba, deberá pagar. ¿Cuánto? Treinta y cinco por ciento de Ganancias sobre los $1.200 millones y 15% sobre el diferencial entre $1.000 millones (la ganancia del año anterior ajustada por inflación) y los $1.200 obtenidos en el ejercicio fiscal 2022. En limpio: 35% sobre los $1.200 de ganancia neta imponible y 15% sobre $200 millones de ganancia “extraordinaria”.

El cálculo se realizará con los balances de las compañías de 2022 y se pagará junto con los vencimientos de Ganancias en mayo de 2023. 

Estimación de recaudación 

Se estima que unas 350 empresas van a estar obligadas a pagarlo. Esto representa menos de tres por ciento del total de contribuyentes de esa categoría. Se trataría de firmas dedicadas a la explotación de la minería, el sector agroindustrial y el sector petrolero. Aparentemente los productores agropecuarios no estarían alcanzados. La recaudación esperada es de 1.000 millones de dólares, al tipo de cambio del dólar oficial.

No alcanza ni siquiera para cubrir los 209.000 millones de pesos que el Estado erogó hace muy pocos días, en concepto de “Ayuda extraordinaria” para los trabajadores informales, trabajadoras de casas particulares, jubilados y monotributistas.

Es decir, es un “parche” para disminuir el déficit de sólo un mes.

Obviamente, en nada va a ayudar a disminuir la pobreza y otros tantos argumentos semejantes que el Gobierno anunció.

Implementación en otros países 

El primer antecedente surge de la última reunión -celebrada el año pasado- de los ministros de Finanzas del G7 (Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido). En ella se acordó la instauración de un impuesto mínimo global de 15% para las grandes corporaciones multinacionales. No obstante, el tema quedó, al menos hasta ahora, en un proyecto de buena voluntad.

Más específicamente, podemos mencionar como impuestos semejantes el sancionado en Italia, con una alícuota que comenzó en 10% y que luego subió a 25%. En este caso, sólo están obligados a pagar las compañías energéticas. El primer ministro italiano, Mario Draghi, justificó el impuesto con el objetivo de solventar una rebaja de 25 centavos de euro en el precio de los combustibles, que se disparó tras la invasión rusa, y congelar el precio de la energía durante el verano europeo. Es decir, el objeto del tributo italiano, a diferencia del nuestro, es muy concreto.

El Reino Unido estableció un tributo análogo donde los sujetos pasivos son las compañías energéticas productoras de gas y petróleo. La alícuota allí es de 25% y, a diferencia de Argentina, en este caso el gravamen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

España ya ejecutaba un impuesto para las ganancias extraordinarias por la pandemia de covid-19. Con la guerra, el gobierno de Pedro Sánchez planteó reconvertirlo o reforzarlo con el foco en las empresas energéticas. Allí se lo conoce como un impuesto que graba “los beneficios caídos del cielo”. Bélgica emplea la misma denominación que, en realidad, se comenzó a emplear para grabar los beneficios extraordinarios de las centrales nucleares como consecuencia del alto precio del gas y su proyección en el mercado eléctrico. Las alícuotas son semejantes y varían entre 20% y 25%. 

La inconstitucionalidad del impuesto

La Constitución Nacional establece que los impuestos deben cumplir con los principios de legalidad, igualdad, generalidad, no confiscatoriedad, proporcionalidad, capacidad contributiva, equidad, finalidad, sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, progresividad, responsabilidad, etcétera.

El pecado más importante de este impuesto es la “inseguridad jurídica” que introduce en un país donde impera un Gobierno bifronte, donde la “falta de certeza” sobre las relaciones jurídicas ya de por sí era manifiesta

Además, mal puede decirse que este nuevo impuesto contribuya a la consecución de los objetivos de la política fiscal del Estado, cuando ya se observó que la recaudación, en el mejor de los casos, ni siquiera es suficiente para cubrir la última ayuda extraordinaria dada por el Gobierno.

En ese orden de ideas, todo impuesto debe proveer un nivel de recaudación que permita cumplir los objetivos del gobierno a mediano o largo plazo. 

La distribución de la carga tributaria no es equitativa entre los distintos sectores de la población, teniendo en cuenta la capacidad de pago. ¿Por qué está obligada al pago la empresa que obtuvo una ganancia neta imponible superior a 1.000 millones de pesos, y no la que ganó 900 mil millones de pesos? 

Desde ese costado, además, no hay razón para excluir a las personas humanas. Hay otro requisito a tener en cuenta que es el de la “simplicidad”: el sistema tributario debe ser simple y de fácil acceso para el contribuyente, para minimizar la evasión y la elusión.

La redacción de este proyecto no puede ser más complicada. La legalidad también está en duda, ya que el impuesto adicional abarcará períodos ya transcurridos y los impuestos no pueden tener efectos retroactivos. 

Su carácter confiscatorio también es nítido: conforme a la pauta de 33% como tope de la presión fiscal -en el caso, calculado sobre la capacidad del contribuyente-, tope más allá del cual, según tiene sentenciado nuestro Máximo Tribunal, estaría comprometida la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional.

En la parte que exceda ese 33% el impuesto ya es confiscatorio. Aquí estamos hablando de 50%

Asimismo, el tribunal cimero tiene establecido que los poderes del Estado, al momento de dictar las medidas de emergencia, además de las exigencias que esas medidas signifiquen, deben proveer a la necesidad de preservar la paz social y a la intención de reordenar y dar certeza a las relaciones jurídicas. 

Otro punto que no puede pasar desapercibido es que Argentina tiene una de las presiones tributarias más altas del mundo. Hay un solo país que supera a Argentina: Brasil. Un nuevo impuesto es como tirar un balde de nafta a algo que se está consumiendo por el fuego.  

(*) Tributarista.  Profesor de posgrado en diversas universidades, expositor y conferencista.

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