ESCUCHARSe trata de la primera reforma en cinco años. La Unidad de Información Financiera dictó una reglamentación relativa a los sujetos obligados a proveer datos en el sector del mercado de capitales
Para alinear la normativa nacional con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unidad de Información Financiera (UIF) dictó una nueva reglamentación respecto de los sujetos obligados de proveer datos en el sector del mercado de capitales.
La resolución 78/23 ya se publicó en el Boletín Oficial. Entrará en vigencia el próximo 1 de julio, momento en el que derogará la resolución 21/18.
Entre tanto, los obligados deberán adaptar sus sistemas de prevención de lavado y sus políticas, procedimientos y controles internos.
La modificación es para los fondos comunes de inversión (FCI).
Respecto de las personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que actúen en la colocación de FCI o de otros productos de inversión colectiva, la nueva manda reza que serán considerados clientes “los tenedores de cuotapartes de FCI y/o de valores representativos de deuda fiduciaria (VRD) y/o certificados de participación en fideicomisos financieros”.
En tanto, no considera sujetos obligados a aquellos agentes registrados bajo la subcategoría “agentes de liquidación y compensación”, siempre que su actuación se limite exclusivamente a registrar operaciones en contratos de futuros y de opciones sobre futuros, negociados en mercados bajo supervisión de la CNV, y no ofrezcan servicios de intermediación ni apertura de cuentas operativas a terceros para cursar órdenes y operar los instrumentos.
En un comunicado, la UIF precisó que la reforma de la normativa -la primera en cinco años- redefine los requisitos mínimos que deberán cumplir los sujetos obligados que operan en el mercado de capitales para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
También detalló que los cambios tuvieron en cuenta los estándares, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI, que se concretaron en forma consensuada después de llevar adelante reuniones con la CNV y los mercados y cámaras del sector.
Asimismo, señaló que se basaron en los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos realizadas el año pasado.
La resolución 78/23 introduce el concepto de “cartera propia”, a la que define como operaciones realizadas por los agentes de bolsa para sí, para miembros del mismo grupo económico (incluyendo sociedades controladas y controlantes) o para parientes.
Además, establece un mecanismo de actualización automático tomando como parámetro el salario mínimo vital y móvil (SMVM), que servirá como tope a la hora de aplicar las medidas de debida diligencia simplificada en los sistemas de financiamiento colectivo.
Adecua también la norma referida a la obligación de efectuar reportes sistemáticos, detallando la información que debe contener cada uno de los distintos reportes e incorpora señales de alertas orientativas que deberán ser contempladas por los obligados a fin de determinar si corresponde realizar un reporte de operación sospechosa (ROS).
Uno de los fines de la reforma fue simplificar el lenguaje, para lograr un mayor entendimiento de la normativa, para su eficaz implementación.
Evaluación
Argentina atraviesa un nuevo proceso de evaluación sobre sus políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para evitar volver a caer en la “lista gris” de la organización intergubernamental que fija los estándares internacionales sobre cuáles países cumplen y cuáles no cumplen las exigencias de la comunidad internacional en la materia.
El Gobierno nacional deberá presentar un primer informe técnico sobre cómo el país cumpliría las 40 recomendaciones ante los evaluadores en septiembre, en plena campaña electoral. En noviembre tendrá que elevar un segundo informe, sobre efectividad.
Riesgo
El informe de evaluaciones nacionales de riesgo reveló que se identificaron “41 organizaciones criminales de envergadura” en Argentina dedicadas a narcotráfico, trata de personas o intermediación financiera no autorizada.
De acuerdo con su estimación, el narcotráfico moviliza más de US$230.000.000 anuales en el país y los delitos aduaneros superan US$451.000.000 anuales.
La extensión y falta de control en las fronteras, el mercado informal de cambio y la necesidad de reforzar el control de personas y estructuras jurídicas; y la identificación de beneficiarios finales de las empresas radicadas en el país son otras de las amenazas identificadas, junto con la corrupción.
